09 febrero 2007

18.¿Campaña de elecciones?

Desde CC.OO se afirma (Periódico gratuito "Luns a Vernes" 06.02.2007) que la liberalización del servicio postal será muy negativa en el rutal gallego, que esta iniciativa a la que el Gobierno español se sumó junto a la de los gobiernos de Suecia, Finlandia, Alemania y Holanda tendrá graves repercusiones en la prestación del servicio público que definen como "derecho universal del ciudadano".


Afirman que los concellos rurales de Galicia con menos de 5.000 habitantes se verán especialmente afectados, ya que, según el responsable estatal del sector postal de CC.OO Regino Martín, porque serán las que no va a querer atender nadie.

Pero la verdadera realidad de estas afirmaciones es bien distinta.

De todos es bien conocido que hoy nada es lo que parece o debería ser; detrás de algunas de estas afirmaciones hay intereses radicalmente diferentes y opuestos a los intereses generales que al mismo tiempo defiende este sindicato cuando afirma que hay que ir con los tiempos y adaptarse a los cambios, pero por otra pare se olvidan del interés general que conlleva nuestra vinculación al mercado europeo y no sólo en el ámbito comercial sino también laboral; la iniciativa del Gobierno español sumándose a la de los gobiernos de esos países lo fue en aras del progreso que supone la competencia, no podemos ni debemos quedar descolgados de Europa.

Por otra parte, la actual empresa postal estatal de la que nos habla el Sr. Regino está constituida con la denominación Sociedad anónima estatal desde el año 2001 y la nueva regulación de condiciones de trabajo respaldada por la nueva sociedad y los firmantes representantes sindicales (CC.OO, UGT y CSIF) significó un duro y claro retroceso de los derechos de los trabajadores; derechos que se habían consolidado a lo largo de muchos años de lucha sindical, por sindicalistas íntegros, y que, de un plumazo estos representantes echaron por tierra apostando por un Acuerdo retrógrado en materia de derechos; y me pregunto, ¿si no representan los intereses generales del servicio postal respetando el marco europeo en el que estamos?, ¿si no representan los intereses de quienes les han legitimado para ser representados, los trabajadores, que demandan empleo estable y de calidad?, ¿A quién representan pues?, ¿Qué intereses tienen en verdad?.

No vale justificarse de que en aras del cambio estructural y organizativo de la empresa y del cambio socio-económico del mundo en continuo movimiento en el que vivimos hay que adaptarse como sea; es razonable la transformación pero siempre que sea progresista y no genere la pérdida de derechos básicos de los trabajadores, y aunque no hay que olvidar que hoy en día el campo de batalla del empleo se lleva a cabo en las mesas de negociación, no por ello deja de tener razón de ser que cada uno está donde está, o debería ser así, siempre sabiendo que las espectativas y los intereses son legítimamente distintos y nuestros representantes como trabajadores son los sindicatos, ellos deberían ser nuestra voz en las mesas de negociación. Es lo que esperamos y demandamos.

Bajo ningún pretexto se puede firmar primero y defender después, como se ha hecho, cláusulas que van no solo contra derecho e intereses sino contra la misma esencia del sentido de la Justicia, como en el caso de que el despido sea improcedente siendo culpable el empresario, por fraude de ley demostrado que implica mala fe por quién lo comete, transgresión de la ley y, que si el trabajador denuncia una situación ilícita no sólo no se le castiga a la empresa sino que instantáneamente el trabajador pierde su empleo y se va a la calle como si el delincuente hubiera sido él; con lo cual se entiende que si está en una situación de fraude cometido por la empresa o, consiente tácitamente el acto, bien por temor a la represalia que supondría perder su puesto de trabajo o, si lo denuncia no encuentra el respaldo de este sindicato ya que ha firmado una cláusula que claramente va contra el trabajador, contra el espíritu de la ley y contra la garantía de indemnidad y el sentido de la justicia, cuya consecuencia es la de que el trabajador quedaría en situación de despido y sin poder ser readmitido.

¿Y estos son nuestros representantes?


Dolores Sánchez Monclova

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