12 febrero 2007

19.Víctimas de Mobbing, ¡denunciad!

Xunta de Galicia, sindicatos y coletivos de afectados coinciden en destacar como "alarmante" el incremento de casos de acoso laboral -mobbing- detectados en Galicia en los últimos años.

Más de 400.000 gallegos son víctimas del mobbing, un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares así lo dice; entre sus conclusiones revela que el 15% de la sociedad sufre acoso, con un claro aumento frente al 11% del año 2001.

La Directora Xeral de Relacións Laborais, Pilar Cancela reconoce que la situación es realmente preocupante.

En una situación de mobbing la víctima suele tener una sensación de indefensión mientras el acosador goza de total impunidad, ya que la presión de acoso, que puede ser física o psicológica o ambas al mismo tiempo, a la que el acosador somete a su víctima hacen que de un lado el primero se crezca y se envalentone al ver que el efecto que causa en su presa es intimidatorio y el segundo, por el efecto de esa presión abusiva va sufriendo un deterioro progresivo de su estabilidad mental que repercute en la física; se convierte en un ser temeroso, bajo en autoestima y por consiguiente muchas veces incapaz de tomar por si mismo, una decisión de freno a la situación, denunciándola, ya bien por temor al acosador, a la pérdida del empleo, a la vergüenza cuando es una cuestión de acoso sexual, etcétera.

En la mayoría de los casos es muy difícil, reunir pruebas, contar con el apoyo de los compañeros para que testifiquen y en el resto de las ocasiones, la persona acosada está o suele estar tan dañado psicológicamente que le es muy dificil afrontar un juicio.

El deterioro a que puede llegar el maltratado es tan importante a nivel de equilibrio mental como que este no afecte a su sistema inmunológico que se reflejaría en un progresivo deterioro físico.

Hay que distinguir el acoso laboral de cualquier otro tipo de situación en la que el trabajador se puede encontrar en el ambiente y el desempeño de las funciones asignadas en su trabajo; como son diferencias de carácter, discrepancias de criterio en cuanto al modo de realizar las tareas en el que puede haber una empatía recíproca o no darse esta circunstancia.

Detrás de una situación de acoso laboral hay una planificación y reiteración continuada por parte del acosador hacia la acosada; esta se lleva a cabo partiendo primero desde una falta de respeto grave que se convierte en humillación, menosprecio, abuso de poder, etc., que puede manifestar de muy diversas maneras negativas, tanto verbales (insultos, gritos..., avergonzándolo delante de los compañeros) y/o físicos.

El perfil del acosador/a es el de una persona prepotente, en muchas ocasiones sin la formación y preparación de la víctima a la que acosa, y que, en muchos casos para mantener la hegemonía que tiene en la empresa por temor y complejo, adopta una actitud autodefensiva y reacciona agresivamente ante su o, sus víctimas.

La forma en que la lleva a cabo es calculada, alienante ya que aísla a la víctima de los demás compañeros quienes, por temor muchas veces o, por autoprotección no hacen nada ante las contínuas muestras abusivas hacía la compañera/o aunque lo estén viendo.

El perfil de la víctima es el de una persona muhas veces más cualificada que su agresor, apocopada en muchos casos, y que, por diferentes motivos es reacia a denunciarlo o lo hace cuando ya la situación es insostenible y se siente muy dañada psicológicamente.

Las personas objeto de este tipo de acoso pueden denunciar su caso por la vía judicial o ante la inspección de trabajo. Sin embargo aparte de la dificultad de aportar pruebas se encuentra con que no hay a día de hoy, un apoyo coordinado por parte de la administración efectivo y rápido.

Esto provoca que solamente el 10% de las denuncias por mobbing en la Comunidad lleguen a juicio, según dice el Presidente de la Asociación gallega contra el Acoso moral en el Trabajo, Antonio París.

Es una labor de responsabilidad que nos atañe a toda la sociedad, las trabajadoras y trabajadores como compañeros; los sindicatos como colectivo; la justicia (fiscalía) como marco de convivencia que regula los comportamientos humanos y el Gobierno gallego como representante autonómico responsable y coordinador de diferentes instituciones en materia de salud laboral y trabajo.


Dolores Sánchez Monclova

09 febrero 2007

18.¿Campaña de elecciones?

Desde CC.OO se afirma (Periódico gratuito "Luns a Vernes" 06.02.2007) que la liberalización del servicio postal será muy negativa en el rutal gallego, que esta iniciativa a la que el Gobierno español se sumó junto a la de los gobiernos de Suecia, Finlandia, Alemania y Holanda tendrá graves repercusiones en la prestación del servicio público que definen como "derecho universal del ciudadano".


Afirman que los concellos rurales de Galicia con menos de 5.000 habitantes se verán especialmente afectados, ya que, según el responsable estatal del sector postal de CC.OO Regino Martín, porque serán las que no va a querer atender nadie.

Pero la verdadera realidad de estas afirmaciones es bien distinta.

De todos es bien conocido que hoy nada es lo que parece o debería ser; detrás de algunas de estas afirmaciones hay intereses radicalmente diferentes y opuestos a los intereses generales que al mismo tiempo defiende este sindicato cuando afirma que hay que ir con los tiempos y adaptarse a los cambios, pero por otra pare se olvidan del interés general que conlleva nuestra vinculación al mercado europeo y no sólo en el ámbito comercial sino también laboral; la iniciativa del Gobierno español sumándose a la de los gobiernos de esos países lo fue en aras del progreso que supone la competencia, no podemos ni debemos quedar descolgados de Europa.

Por otra parte, la actual empresa postal estatal de la que nos habla el Sr. Regino está constituida con la denominación Sociedad anónima estatal desde el año 2001 y la nueva regulación de condiciones de trabajo respaldada por la nueva sociedad y los firmantes representantes sindicales (CC.OO, UGT y CSIF) significó un duro y claro retroceso de los derechos de los trabajadores; derechos que se habían consolidado a lo largo de muchos años de lucha sindical, por sindicalistas íntegros, y que, de un plumazo estos representantes echaron por tierra apostando por un Acuerdo retrógrado en materia de derechos; y me pregunto, ¿si no representan los intereses generales del servicio postal respetando el marco europeo en el que estamos?, ¿si no representan los intereses de quienes les han legitimado para ser representados, los trabajadores, que demandan empleo estable y de calidad?, ¿A quién representan pues?, ¿Qué intereses tienen en verdad?.

No vale justificarse de que en aras del cambio estructural y organizativo de la empresa y del cambio socio-económico del mundo en continuo movimiento en el que vivimos hay que adaptarse como sea; es razonable la transformación pero siempre que sea progresista y no genere la pérdida de derechos básicos de los trabajadores, y aunque no hay que olvidar que hoy en día el campo de batalla del empleo se lleva a cabo en las mesas de negociación, no por ello deja de tener razón de ser que cada uno está donde está, o debería ser así, siempre sabiendo que las espectativas y los intereses son legítimamente distintos y nuestros representantes como trabajadores son los sindicatos, ellos deberían ser nuestra voz en las mesas de negociación. Es lo que esperamos y demandamos.

Bajo ningún pretexto se puede firmar primero y defender después, como se ha hecho, cláusulas que van no solo contra derecho e intereses sino contra la misma esencia del sentido de la Justicia, como en el caso de que el despido sea improcedente siendo culpable el empresario, por fraude de ley demostrado que implica mala fe por quién lo comete, transgresión de la ley y, que si el trabajador denuncia una situación ilícita no sólo no se le castiga a la empresa sino que instantáneamente el trabajador pierde su empleo y se va a la calle como si el delincuente hubiera sido él; con lo cual se entiende que si está en una situación de fraude cometido por la empresa o, consiente tácitamente el acto, bien por temor a la represalia que supondría perder su puesto de trabajo o, si lo denuncia no encuentra el respaldo de este sindicato ya que ha firmado una cláusula que claramente va contra el trabajador, contra el espíritu de la ley y contra la garantía de indemnidad y el sentido de la justicia, cuya consecuencia es la de que el trabajador quedaría en situación de despido y sin poder ser readmitido.

¿Y estos son nuestros representantes?


Dolores Sánchez Monclova

07 febrero 2007

17.Sismo laboral

Los trabajadores de la recogida de basura de Mos, el personal administrativo de la Universidad y de servicios inicia movilizaciones y paros por desacuerdos sobre demandas del Convenio Colectivo; el Gobierno Central asegura que, a día de hoy, no existe un acuerdo para la recolocación de los trabajadores afectados por el cierre de minas de carbón gallegas, a todo ello se une un nuevo muerto en un accidente laboral, F.R.P. de 54 años; y, mientras tanto por parte de los agentes sociales y económicos se firma el primer acuerdo por el empleo de Galicia que pretende avanzar en la generación de empleo en un horizonte de estabilidad, según el Presidente de la Xunta de Galicia señor Touriño. En este mismo horizonte la oferta para los nuevos funcionarios de "como mínimo mileuristas" conciliando la vida familiar y laboral en la mayor empresa del Estado, a la que paradójicamente se calcula que el 60% de aspirantes son mujeres de entre 26 a 35 años la mayoría, para las cuales es muy difícil en las actuales circunstancias del mercado laboral que sea posible la tan referida conciliación.

Estamos ante el Ying y el Yang de nuestra realidad socio-laboral, de un lado inestabilidad, recortes de plantilla en los acuerdos y convenios y de otro, la pretensión de la estabilidad en el planteamiento de pactos para que se generen nuevos empleos en un horizonte de futuro. Ante estas perspectivas no es de extrañar que el número de autónomos siga incrementándose en Galicia, que registró un aumento del 2,32 % en el número de inscritos en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia durante el pasado 2006.

Dolores Sánchez Monclova

06 febrero 2007

16.¿La necesaria comunicación de la convivencia de hecho?

En la calle en las últimas decadas, la ciudadanía ha ido dándole forma a lo que las relaciones de pareja son hoy, en cierta manera distintas que otrora, al menos desde la perspectiva del pueblo que en definitiva es quién, a la postre sienta la normativa y el derecho o, en nombre de quién lo hacen otros.

Se dan circunstancias en las que una pareja consagrada por los rituales religiosos y debidamente formalizada por los trámites jurídicos, aún sin mantenerse de facto viva y activa, estando desvinculada como tal; mantiene sin embargo todos los derechos legales respecto de la viudedad si se diera el caso. Así ante un supuesto en el que ambos miembros de la pareja cuyo matrimonio fue formalizado legalmente y que, durante veinte años vivan separados entre sí y a su vez cada uno de ellos conviva con un tercero, tendríamos que al fallecer cualquiera de ambos generará derecho a la pensión de viudedad pues reúnen el requisito de permanecer el matrimonio inscrito debidamente y, aún en el supuesto de no estar inscrito debe presumirse existe la voluntad de mantener el vínculo, toda vez que no han decidido separarse judicialmente.

Por el contrario nos viene de perlas centrarnos en los hechos que paso a describir: Un matrimonio decidió separarse judicialmente, si bien continuaron manteniendo vida en común durante años pero, no comunicaron al Juzgado la reconciliación ni tampoco decidieron anotar como rehabilitado el matrimonio en el Registro Civil.

Fallecido el varón, la que había sido su esposa y también su compañera de hecho solicitó pensión de viudedad; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció la misma en porcentaje acorde al tiempo de convivencia matrimonial (desde la celebración formal del matrimonio hasta la separación judicial). La mujer reclamó el tiempo que convivió de hecho con su ex-marido siéndole denegada su solicitud; llevado el asunto a juicio, el Juzgado de lo Social dictó sentencia reconociéndole todo el período de convivencia incluido el extramatrimonial como pareja de hecho.

El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) recurrieron la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión del Juzgado de lo Social. Si bien, recurrida también esta última por el INSS y la TGSS, ahora el Tribunal Supremo, falló en contra anulando las sentencias del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia, en base a que la continuación de la convivencia debió haberse comunicado al Juez Civil pues para el alto tribunal, la situación de hecho sin ser comunicada carece de la debida acreditación de la situación familiar que, sin embargo se produce aún cuando el matrimonio se celebra en forma pero sin inscripción dado que en tal caso, dice el Tribunal Supremo, existe voluntad de establecer el vínculo inequívocamente. Por lo que la situación de hecho debió de ser comunicada.

Baldo.