26 febrero 2008

27. Jano bifronte...

La mistificación de las relaciones laborales en determinados ámbitos del sector público, reducto-búnker de lo indeseable, es
patente en estos tiempos.

Es moneda de uso común, con caracteres espúreos en determinadas materias, la presentación de posturas mixtas caracterizadas por la superposición de la regulación administrativa sobre la regulación civil básica, bajo la adopción de ropajes administrativos cuando se trata de actos con otro marcado y definido perfil. Bajo el paraguas de instituciones del estado, determinados elementos se comportan con un total desprecio e indiferencia por la legalidad y normativas vigente,
intentando dar imagen, incluso ante la judicatura, que son actos administrativos de los que se presupone su validez, eficacia e inmediatez.

Esta tesitura de empleador especial esta perdiendo fuelle por la acertada estrategia de abordaje, con éxitos ya constatados, con acciones de autodefensa con fundamentación jurídica que delimitan el carácter verdadero de las actuaciones, impropiamente disfrazadas y que por ello no resisten los embates con firmeza doctrinal y los foros jurídicos neutrales.

La distinción parte por :

Los fines, los agentes, las carencias de títulos habilitantes o reglamentaciones, la falta de marco regulatorio legal en cuanto encomiendas de gestión, inexistencia de contratos administrativos que regulen el carácter de concesionarios de servicios públicos, sin marco resolutorio ni potestades ejecutorias de supuestos actos administrativos sin título legal, intentando aparentar entes de la Administración cuando actúan como personas o entes jurídicos privados.

Trae causa el presente de una técnica maniquea fundente: Figurar ser Administración ante los Tribunales aún cuando se trate de personas jurídicas privadas pero no poder demostrarlo y disolverse en etéreos viales de escape y remisión a acuerdos de Consejos de Administración y
a la validez de tales acuerdos y de apoderamientos, suplantando la identidad de entes administrativos y amparándose en la celebración de contratos pecuniarios con los servicios jurídicos del estado y otros órganos estatales, a pesar de pronunciamientos de la Comisión Europea en contra de la utilización de plataformas públicas cuando se actúa en mercados de liberalización de servicios, anulatorios de privilegios de costes y de posturas de fuero especial y homogeneizadores de derechos e igualadores de oportunidades. Fuero Especial autoirrogado per se y contrario a la justicia y a los derechos laborales, buscando una amnistía, una suspensión o separación del mundo del derecho.

El pronunciamiento de los valedores de la Justicia, los jueces y tribunales, llegará en su momento, -que no está lejano-. Y será erga omnes.

Por Jaime Tornero

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