26 noviembre 2010

Las profesiones tituladas regladas y los nuevos títulos académicos oficiales, un posible debate

(Foto Baldo -en la exposición-)

Es este mi punto de vista, en el sentido del debate que se está dando entre profesionales que como base tienen una Licenciatura o Diplomatura Universitaria o similares y por los funcionarios que pertenecen a Cuerpos y Escalas del Subgrupo A-2  y también quienes pertenecen a Cuerpos y Escalas del Subgrupo C-1. La cuestión tiene diferentes vertientes y, entiendo que todas ellas son válidas, porque se ha legislado con bastante flexibilidad para tratar, parece, de contemplar muchas necesidades que pueden darse.


Es menester resaltar que, esta reflexión es extensible a Licenciados y Diplomados Universitarios en general, pues están en el debate, como he tenido ocasión de contemplar y participar, con independencia de que ahora, en este sitio se centre, un poco más, en la profesión de graduado social. Estamos aquí, tratando del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, (en adelante el Real Decreto).


Nadie quiera entender o, sacar de mis reflexiones libres, otra cosa distinta al análisis sosegado, de las opciones que la normativa ofrece a los titulados y profesionales titulados reglados, y que, como parte interesada y ciudadano, legítimamente me planteo y hago públicas en los medios y en los foros, abiertos o corporativos, para los que la ley me brinda dicha oportunidad, con serenidad y respeto, que por otra parte resulta imprescindible.


Así, al respecto, yo quiero diferenciar:


1º El aspecto académico del aspecto profesional.


2º Dentro del propio profesional, distingo:


a) Aquellos para los que pueda resultar de valor añadido a los actuales profesionales que tienen como título de base la licenciatura o diplomatura universitarias y, especialmente a quienes tienen la titulación de Diplomado Universitario, para quienes la convalidación para el acceso a titulo de Grado o directamente a Máster, se dispone, en algunos casos, una exigencia adicional.


b) Aquellos que, indiscutiblemente, por la juventud, les resulta más factible pasarse cuanto antes al Grado porque quizás  se verán inmersos en una nueva era, una nueva dinámica, tanto aquellos de  reciente incorporación a la profesión, como aquellos que puedan preocuparse, porque actualmente están en fase de salir de los estudios de Diplomado Universitario y, se encuentran con un cambio de planes de estudios, que les afectan (académicamente) o, en su caso, les pudiera afectar para su incorporación a la actividad profesional.


c) Aquellos que trabajando como funcionarios, pertenezcan a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A-2 y al Subgrupo C-1, preocupados para su ascenso, y que están o puedan estar en posesión de la titulación que sea exigible, en cada caso, para el acceso a Cuerpos de dichos Subgrupos A-1 y A-2.


Dicho esto, entiendo que para quienes siendo jóvenes y se fijan en el aspecto meramente académico, es totalmente cierto que, lo ideal sería convalidar el actual título de Licenciado o Diplomado Universitario y similares, por el de Grado y para ello, contar con las pasarelas que establece el artículo 13 del Real Decreto, además de contar con otras convalidaciones, en razón a los años de ejercicio u, otras circunstancias, a tratar con los órganos competentes de la Universidad.


El referido artículo 13 del Real Decreto, establece:

   1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
   2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
   3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.


Hay que tener en cuenta el número total de créditos del Grado, en torno a los 240, lo cual significa que para la convalidación habrán de conseguirse muchos créditos reconocidos, como formación básica; de conocimientos adquiridos en otras materias o; en la previa experiencia profesional, para que resulte una verdadera convalidación de estudios, en lugar de convertirse en la repetición de los propios estudios, aunque estos añadan nuevas materias, que habilitan para el desempeño de una actividad para la que, en principio ya están habilitados quienes poseen su titulación actual.


La cuestión, siempre desde mi humilde punto de vista, se centra en ver la mejor manera de aportar valor añadido a la situación profesional de los que ya están establecidos y ejerciendo su profesión o, quienes siendo colegiados pretendan en un futuro ejercer.  En definitiva, la mayoría de los colegiados, incluidos los que son funcionarios. Cuesta pensar que resulte agradable a cualquier profesional titulado reglado, ya sea licenciado universitario o similar (arquitecto e ingeniero), ya sea diplomado universitario o similar (arquitectos técnicos e ingenieros técnicos), convalidar su título actual al Grado, cuando este no le reporta ningún valor añadido para el ejercicio profesional, al estar por ley reconocidos todos los efectos profesionales e incluso académicos de su actual titulación. Pero ello no quiere decir, bajo ningún concepto, que se pretenda justificar aquí algo diferente, pues ante todo, siempre ha de primar la formación académica, basada en criterio personal de cada uno y orientada adecuadamente en lo referente a las salidas profesionales. Por ello, se hace necesario un debate que, ponga sobre la mesa, todas las posibilidades, sin renunciar a ninguna, a fin de que cada uno elija aquello que mejor le va, por estar contemplado así en la normativa. No hay que olvidar tampoco, por cierto, que con independencia de lo meramente profesional, función que recae en los Colegios profesionales, existe la libre opción de los interesados, quienes valiéndose de su propio currículo, pueden hacer uso de todas las opciones que la legalidad y la Universidad, en su conjunto, le ofrecen al respecto.


Bien, en base a la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto, en su punto primero, dice, cito textual: “Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”. Ello quiere decir que, quienes tienen su título universitario de licenciado o diplomado universitario, incluido logicamente el título oficial de Graduado Social Diplomado o Diplomado en Relaciones Laborales, mantendrán todos sus efectos académicos y profesionales. Por tanto, en este caso, profesionalmente un Graduado Social Colegiado (con título de diplomado universitario) que convalide al nuevo título de Grado, o cualquier otro profesional que dispone como base de su profesión de una titulación de licenciado o diplomado universitario y similares, no obtiene ningún valor añadido a su profesión, a salvo, claro está de una posible más actualizada preparación académica, que no se discute.


Llegados a este punto, conviene primero, resaltar que muchos colegiados graduados sociales tienen, con carácter personal, un título de licenciado universitario, y ello supone que conforme a la Disposición Adicional Cuarta, del Real Decreto, en su punto 2, pueden optar a un título de Grado, si lo desean, para lo que contarán con las oportunas convalidaciones de créditos para cursar dichos estudios o, pueden pretender acceder, también, a un Máster Universitario, sin requisito adicional, salvo algunas excepciones, contempladas en el artículo 17 del Real Decreto y, además, los titulados licenciados, ingenieros y arquitectos, si poseen el Diploma de Estudios Avanzados regulado en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril o, en su caso, la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, podrán optar al período de investigación del Programa de Doctorado.


Y, segundo, resaltar con más precisión, la situación de los Diplomados Universitarios, y aquí en concreto, entre otras, la de graduado social. Pues bien, la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto, de la que estamos hablando, en su punto 3 dice que, quienes pretendan obtener el título de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13, mencionado más arriba, resultando ser esta, la salida voluntaria, a mi entender, más acorde para quienes son de reciente incorporación o para quienes tengan un interés personal en la obtención del título de Grado, como currículo personal pero que, en base a la propia letra del Real Decreto que aquí debatimos, como ya queda dicho, entiendo que no aporta ningún valor añadido, desde el punto de vista del ejercicio profesional pues, los Licenciados y Diplomados actualmente colegiados de conformidad con el punto primero de la Disposición Adicional Cuarta, pueden seguir ejerciendo su profesión con plenos derechos e iguales competencias propias de su profesión e, incluso conservan todos los valores académicos propios de su titulación, así lo dice la letra del Real Decreto: “Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”, es de suponer, en pura lógica, que los estatutos colegiales, mantendrán en el futuro el respeto a tales efectos profesionales, de quienes poseen títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudio anteriores.


Esta y no otra, es la razón de que haya entrado yo a abrir un debate, bien entendido en algunos ámbitos, sobre la posibilidad, por fin, de aprovechar la oportunidad que nos brinda la normativa para que, los profesionales titulados en general y los graduados sociales en particular, perfilen un título de Máster Universitario acomodado a su condición de especial y específica y, consecuentemente negocien con las Universidades, la creación de un Máster que básicamente contemple aquellas materias de especialización, las que la profesión de graduado social estime necesarias para la especialización, a mayores, de su profesión, al tiempo que, pueda darse un paso hacia delante, en paralelo a otras opciones que nadie niega, añadiendo valor, invirtiendo en prestigio profesional especializado, sobre todo aquellos que ya tienen reconocidos los efectos académicos y profesionales con su actual titulación.


El párrafo segundo, del punto 2, de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto dice, en referencia a los Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos: “Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas”. Esto quiere decir que, si se negocia, o se diseña por un grupo de académicos, un Máster específico, que suponga una rentabilidad a las dos partes (profesionales y Universidad), de manera que la Universidad, a tenor de su autonomía, al crear el perfil del Máster, pueda exigir formación adicional concreta para el acceso, valorando incluso el ejercicio profesional, estaríamos ante una oportunidad muy interesante para dar un paso cualificado en la especialización, haciendo una pasarela directa al Máster Universitario que está contemplado en la normativa, la cual, no ha dejado desamparados a los Diplomados Universitarios, que quieran optar por una titulación de Máster Universitario Oficial, con todos sus derechos, pues, continuamente se hace referencia al artículo 17, que habilita la posibilidad de exigir formación adicional para el acceso, conducente a dar el rango necesario a la convalidación y al pase directo a Máster, quitando así de tajo, importancia a afirmaciones tales como, que el pase directo a Máster es de menor entidad, subsanándose tales desconfianzas por esta vía. Consecuentemente, a mayores viene a reforzar y completar dicha posibilidad, gratificando el esfuerzo exigido a los aspirantes, con la oportunidad de que los créditos invertidos en la formación adicional de acceso, sean tenidos en cuenta como créditos del propio Máster Universitario, así lo establece el artículo 17 del Real Decreto, que dice: “Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad", el punto 2, dice: “La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120”.


En lo referente a los funcionarios actualmente pertenecientes al Subgrupo A-2 y los que, pertenezcan al Subgrupo C-1, los cuales pueden acceder al Grupo A, si poseen la titulación exigida, decir que, al establecer el Estatuto Básico del Empleado Público, que para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo A, se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado, pudiera darse una situación injusta, a mi entender, pero que resulta ser una cuestión de otro ámbito, más propia de la negoción colectiva funcionarial y de los empleados públicos en general, dentro de las Mesa General de Negociación de la Función Pública, al margen de la condición de las profesiones tituladas regladas, aunque en pura lógica, los colegios deberán de aportar su granito de arena, si cabe, en la solución de cualquier injusticia de este tipo, al haber colegiados que la sufren, como también es el caso. La cuestión estriba en que al exigirse el título de Grado, quienes pertenecen actualmente a Cuerpos y Escalas de los Subgrupos A-2 o C-1 y no poseen la titulación de Grado, se quedan, en principio injustamente en una situación que no ha sido contemplada con toda claridad, al menos transitoriamente, cuestión que principalmente corresponde debatirse en el ámbito de las mesas de negociación de la función pública, dado que el EBEP en su D.A. Tercera, se limita a decir: "Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguiran siendo válidos los titulos universitarios vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto". A este respecto, entiendo también que el propio Estatuto Básico del Empleado Público crea otra posibilidad, que se intuye de su propia letra, la cual aún distanciaría, injustamente, más la probabilidad de acceso al Subgrupo A-1 a quienes pertenecen actualmente al Subgrupo A-2 o, al Subgrupo A-2 a quienes pertencen al Subgrupo C-1, toda vez que para algunos Cuerpos podrá exigirse otra titulación universitaria, lo cual, sin duda se dará exigiendo mayor rango de titulación académica, repárese en que el EBEP sigue diciendo, respecto del acceso al Grupo A: “… En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta”, ello sin duda alguna, se está refiriendo a la exigencia concreta del título de Máster o Doctor, dado que, la clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. Nadie dude que, una vez se exija para un Cuerpo del Subgrupo A-1 el título de Máster, todos tenderán a dicha exigencia.


Esta es la situación, la normativa dice lo que dice porque lo quiso decir así, ahora su desarrollo se está llevando a cabo, con más o menos destreza, por quienes habrán de ser sus destinatarios, contando con más o menos eficacia, en base a factores tales como, la fuerza, la claridad y los deseos de cada uno, en base a los legítimos derechos libremente ejercidos. Todas las opciones que ofrece la normativa deberán de ser atendidas, en evitación de un trato injusto a ciertos colectivos.

Salvo mejor parecer

Baldo

14 noviembre 2010

Es la hora de la iniciativa ciudadana, si el Gobierno no se sube, se quedará en tierra

Sólo los españoles están legitimados para defender los intereses de España y, eso significa que cuando el pueblo, desde la calle está manifestando una manera de ver las cosas, el Ejecutivo tiene que saber usar su apoderamiento legitimo, antes de anteponer ningún interés, sin contar con los ciudadanos, lo cual significa que, sin dilación, ante la duda evidente del Presidente Zapatero, frente a los inhumanos sucesos contra los saharauis, debe primar, la consulta parlamentaria, seguida de una contundente intervención formal del Gobierno, sin que otras voces puedan adelantarse, con oportunismo, en un intento de dirigir a la opinión pública. ¡No podemos abandonar a los saharianos!

Se ha vendido, el cambio de algunos miembros del Gobierno como, un paso hacia la información pública, y como medida para la clara explicación de lo político, con lenguaje más próximo a la calle pero, no, las cosas no han cambiado. El problema crónico de algún acompañante próximo al Presidente, sigue siendo la lentitud en la toma de decisiones, ello es un proceder permanente y contínuo allí donde uno quiera orientarse, ya sea en sus empresas públicas, en sus decisiones para dar soluciones al desempleo o, en la interminable puesta a punto de la reforma laboral.

Jugar con las posibles debilidades de los interlocutores sociales y, con la desorientación ciudadana motivada por la crisis, que han montado otros, va a traer consecuencias graves, innecesarias.

La reforma laboral, hace tiempo que debió de producirse de manera contundente, con claridad, hablando y contando a los ciudadanos cual es la situación. Se han tomado medidas preliminares, reduciendo el salario de los funcionarios, retirando derechos y, nuevamente, hemos caído en la incertidumbre, en la lenta acción de gobierno, todo se eterniza, instaurándose el aburrimiento.

Mientras tanto, algunos militantes, muchos simpatizantes y la gran mayoría de los votantes socialistas buscan liderazgo, algo distinto a la actitud seria y rígida de Pepe Blanco -también vicesecretario general del PSOE-, que no cae bien a la gente, desde que han visto en él,  un proceder empresarial nefasto e impositivo, que no se ha traducido, en eficacia, tampoco en eficiencia, advirtiéndose, que sus proyectos no alcanzan a satisfacer, siquiera, las expectativas generadas.

Nadie se engañe, la fuerza está en la gente, son las trabajadoras y los trabajadores, la ciudadanía, la clase empresarial, las personas con talento, las que hacen posible que todo funcione. No es tiempo de miramientos, no cabe el pesimismo, lo que hay que ser es claros y actuar. Suenan bien estas palabras: "cualquier día, sin decirnos nada, nos miraremos unos a otros y, nos plantaremos", esta frase, pronunciada en parecidos términos por Iñaki Gabilondo, la tengo permanentemente en mi memoria.

Es la hora de la iniciativa ciudadana, si el Gobierno no se sube, se quedará en tierra.

Salvo mejor parecer

Baldo