01 julio 2012

Huelga en Correos, ¿existe una trampa?


La huelga, en una cartería de la ciudad de Vigo, que afecta a una cuarta parte del ámbito de la distribución de la población, podría  estar provocada, en su origen, por una trampa con consecuencias generales, técnicamente pensada para pulir y minimizar plantilla, bajo el pretexto vil de la reducción de gastos o, con la disculpa de la merma de producto.

Los gastos en Correos, como muchos conocen, se sufragan eliminando jefaturas y puestos provisionales, sobretodo comisiones de servicio -muchas excedidas en el tiempo legal-, que vienen a suponer una duplicidad de costes.  Cargos y puestos que resultan innecesarios y cuya eliminación supondría, al mismo tiempo, una recuperación de las plantillas, al reincorporarse a sus puestos base.

La huelga en Correos de Vigo, es un acto de valentía de las bases, son las trabajadoras y trabajadores, apoyados por los representantes de personal de su ámbito, los que han tomado la iniciativa en defensa de sus propios derechos y, también en defensa de los derechos de todos los empleados de Correos y Telégrafos de España, es así, aunque aparente ser otra cosa, pues hay interés en  hacernos ver que se trata de un problema puntual, centrado en un lugar concreto de una ciudad tipo.  La actuación de los trabajadores y de sus representantes directos, es emocionante y ejemplar.

Para centrarnos, conviene no confundir la representación de personal o, la actuación de un Comité de Huelga, con la actuación de las organizaciones sociales, en tanto tales, con sus representantes sindicales y con su representatividad legal.

Las preguntas que surgen obligatoriamente son:

¿Qué hacen ahora los sindicatos como tales, en este conflicto?

¿Por qué no se ha exigido, con carácter inmediato, desde los Sindicatos representativos, la comparecencia directa frente a ellos, desde la empresa, de órganos con competencia en materia de personal y con capacidad de decisión en el ámbito general?

¿Se ha caído en la trampa o, por el contrario, esto es el resultado de la aparente autorización dada en Acuerdo al efecto,  por una parte de la representación social, para modificar plantillas y condiciones de trabajo?

A mi humilde modo de ver las cosas, podríamos estar ante una trampa técnica, por la cual se actúa en ámbitos territoriales pequeños, para deslegitimar la actuación de la representación social en el ámbito general, de manera que cuando se den cuenta, han sentado precedente y han perdido la capacidad de respuesta. Me cuesta creer, que haya un solo representante de personal o sindical que conozca una posible estrategia, previamente elaborada, y mantenga su silencio cómplice, con la que está cayendo contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

En el caso concreto de Vigo, entiendo que no están actuando, por parte de la empresa, personas con nombres y apellidos con capacidad de decisión, lo cual podría suponer una tomadura de pelo para los trabajadores y para sus representantes, que están actuando, unos y otros, con una destreza sin par.

El propio Director de Zona de Correos en Galicia, tiene muy limitadas sus competencias, a saber:

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A. , en reunión del día 28 de Mayo de 2009, aprobó por unanimidad y elevó a acta, la revocación y el otorgamiento de poderes varios, en escritura pública ante Notario de Madrid Don Antonio Alvarez Pérez, de fecha 2 de junio de 2009, con el número 1789/2009 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 89ª, el 9 de junio de 2009.

A medio de facultades tipo, se dan potestades para el desempeño de las funciones en ellas reflejadas, a quienes gocen del poder notarial otorgado nominativamente, referido solo a personas concretas, con nombres y apellidos, de forma tal que algunas personas disponen de las potestades integras del contenido literal de la facultad tipo y otras personas, solamente son autorizadas parcialmente, solo respecto de ciertas competencias concretas de dichas facultades.

En lo que se refiere a la materia de personal, las escrituras de Correos y Telégrafos de España, las definen en la facultad tipo número quince (15) cuyo  contenido íntegro literal faculta y apodera a ciertas personas, con nombres y apellidos, para:

“Contratar, trasladar, sancionar, suspender y despedir empleados, determinar las retribuciones, sueldos y demás emolumentos a cualquier empleado de la Sociedad, conceder indemnizaciones por despido y, en general, resolver todas las cuestiones relativas al personal de la Sociedad, Nombrar y revocar mandatarios y agentes.

Ejercitar las potestades administrativas que la Sociedad tenga atribuidas respecto de su personal, excepto la separación del servicio del personal funcionario.

Establecer criterios y dictar instrucciones internas en materia de dirección y gestión de personal señalando, en su caso, los órganos encargados de su ejecución.”

Pues bien, dicho lo que antecede, en lo referente a Galicia, el Director de la Zona 1ª en Santiago de Compostela, dispone del siguiente otorgamiento reducido de poder, en escritura pública, en materia de personal, cito textualmente:

“La facultad contenida en el número 15 de forma solidaria únicamente en lo que se refiere a la celebración de contratos con trabajadores eventuales, autorizaciones, permisos y licencias e imposición de sanciones leves respecto del personal de su ámbito de actuación.

Asimismo, queda facultado para que, solidariamente, en nombre y representación de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A., pueda incoar expedientes disciplinarios por faltas graves por ausencia sin justificación y sancionar dicha falta, en ambos casos, respecto de personal laboral de su respectivo ámbito de actuación."

¿Están siendo embaucados los portavoces de los trabajadores, al asistir a sus reuniones, personas carentes de legitimación para negociar?

En un conflicto que se localiza concretamente en una sola cartería de las de Vigo, a cualquiera, incluso a los propios empleados de Correos, podría parecerles que la cuestión es puntual y concreta, referida a ese ámbito reducido y específico, pero nada más lejos de la realizad, es una manera sutil de hacer las cosas con efectos generales desde un ámbito menor, pues en lugar de presentarse la reorganización del personal desde el ámbito central, discutiéndose los criterios a ese nivel con los representantes de personal en el ámbito estatal, toda vez que las modificaciones introducidas son competencia directa del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Estatal y, cuya ejecución se llevaría a cabo por el único órgano que tiene atribuida íntegramente la facultad tipo número quince (15), el Director de Recursos Humanos; en su lugar digo, se inicia un reorganización parcializada en provincias dispersas, Pontevedra, Barcelona, Navarra, centrándose en ciudades concretas y, dentro de las mismas, afectándose solamente ciertos distritos de reparto de la ciudad, no todos. La cuestión, resulta ser técnica, en materia de relaciones laborales, lo cual desde la perspectiva externa, no puede ser menos que felicitada por la eficiencia del responsable de los Recursos Humanos, de los servicios centrales de Correos.

Ahora bien, a todas luces, estamos asistiendo, como queda dicho, a una trampa que pretende deslegitimar a quienes tienen la capacidad para discutir, de primera mano, cualquier decisión que afecte a la modificación de la estructura de plantillas, máxime cuando se está actuando en distintas provincias, con un propósito concreto y específico, que es el adelgazamiento del número de trabajadores de base. Ante esto, los empleados acuden a sofocar el fuego allí donde se produce, convocando legítimamente asambleas y actuando a pie de empleo, y a medio de sus portavoces que pasan a ser los componentes del Comité de Huelga, una vez convocada la misma, que en el caso de la cartería del centro de la ciudad de Vigo, lo es con carácter indefinido.

Mientras tanto, es de suponer que la empresa, en el máximo nivel técnico, se frotará las manos, el desgaste de este personal está servido y por ende, todo el personal del ámbito restante de la empresa en el Estado, está quieto, no siente que se le estén moviendo sus derechos más elementales, con el añadido de estarse afianzando un precedente, que de triunfar, servirá de ejemplo para los empleados de otras provincias, cuando les llegue su hora, que llegará sin duda.

Un conflicto, que requiere de la inmediata actuación de las organizaciones sindicales, también paradas como tales, en su más amplia extensión, sin manifestarse en su condición de organizaciones sociales directamente, con sus siglas y con su imagen, además de al lado de los afectados concretos, también a modo de prevención activa en todo el ámbito del Estado; haciendo una intervención formal ante el Consejo de Administración o, incluso más arriba, haciendo saber a la sociedad  contundentemente que, el desmantelamiento de Correos, propiedad de los ciudadanos, habrá de hacerse con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, función esta que es básica de los sindicatos, incluso de aquellos que han firmado acuerdos, con clausulas abusivas o que permiten cierta flexibilidad aparente, para que la empresa pueda actuar  a sus anchas.

Véase, a modo de ejemplo, en su reunión con el Comité de Huelga, la reacción institucional del Alcalde de Vigo,  que manifestó públicamente, la necesidad de actuación desde ámbitos centrales de la Sociedad Estatal, y de responsables del ámbito general, por razones obvias. El compromiso de ciertas fuerzas políticas, Bloque Nacionalista Galego y Esquerda Unida, lo ha sido en la calle, al lado de los propios manifestantes.

La suerte está echada, ahora son los trabajadores de Correos, todos, los que tienen la palabra y el primer paso es, apoyar y arropar a las compañeras y compañeros que se encuentran en conflicto, aportándoles medios, incluso económicos, para mantener su resistencia , porque esa es la fuerza de todos.  Justo frente a la tramposa técnica de liquidar empleos sibilinamente, de manera parcializada, justo en frente, por esa misma razón, los trabajadores, adquieren capacidad para aportar su grano de arena, allí donde están actuando. Y preguntándonos ¿qué les toca hacer, ahora a los sindicatos como tales? Así podremos.

Salvo mejor parecer.

Baldo

18 febrero 2012

Soraya Sáenz de Santamaría azuza a los sindicatos


¿Quiere el Gobierno español una huelga general?

Podría parecernos, a la vista de los acontecimientos, que el Gobierno de España, desea y promueve, la convocatoria de una huelga general, para así justificar la contundencia de su reforma laboral.

La Vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría, quiere dejar mal a los sindicatos ante la opinión pública, haciendo una reflexión sobre una posible conducta desleal de las organizaciones sociales, por percibir fondos públicos para su financiación.

El viejo recurso a la financiación pública de las organizaciones sociales, recurso hipócrita de ciertos políticos, requiere de cierta aclaración, que parece no querer afrontar ninguna autoridad conocedora de la materia. Es necesario diferenciar y respetar, dentro de todo el conglomerado de partidas que mueven los fondos públicos, aquellas que están destinadas a hacer frente a los gastos que ocasiona la democrática y legítima representación de los trabajadores, la cual, viene dada por el sufragio en las urnas, en las elecciones legalmente convocadas, de donde salen los representantes unitarios, directamente elegidos por las trabajadoras y trabajadores. De tales resultados electorales, surge la -representatividad sindical- porcentaje que, entre otras cuestiones de derecho, establece también la medida de las cuantías económicas que habrán de recibir las organizaciones en razón de los resultados electorales.

A mi entender, con independencia del legítimo debate que pueda haber, sobre la adecuada forma de organizar las cuentas de la representación legal de los trabajadores; con el actual sistema, no se está pagando a unas organizaciones sindicales concretas, por el mero hecho de existir, como podría ser el caso de los Partidos Políticos, aquí, con gran parte de los fondos públicos que se señalan (de otros habrá de dar cuenta también quien paga), se está pagando a los representantes legales de los trabajadores, de cuya fuerza representativa, emana la legitimidad de unas organizaciones -más representativas- para ostentar el privilegio legal de sentarse en las negociaciones de alto calado.

Para el Gobierno español y para el partido político que lo sustenta, parece resultar esencial la deslegitimación de las organizaciones sindicales, así, enturbiando la información, diciendo verdades a medias, se trata de conseguir debilitar la fuerza de los propios trabajadores.

Los representantes de los trabajadores, son personas físicas elegidas en las urnas y que como tales, ostentan unos derechos y garantías para poder operar en la empresa, ante el empresario y ante las instituciones, siempre en defensa de los trabajadores, tanto de quienes les han elegido como de aquellos que decidieron no hacerlo, por tratarse de una decisión democrática y libre.

Por otra parte, para aunar la fuerza representativa emanada de las elecciones sindicales, ya sea a nivel de unidad electoral, o lo sea en los distintos ámbitos territoriales -local, provincial, autonómico, nacional, europeo o internacional global-; los trabajadores, a través de sus representantes se organizan para equilibrar el desnivel brutal de fuerza existente entre la parte social y la patronal. Es muy peligroso simplificar tanto las cosas, más peligroso resulta consentir que torticeramente, una y otra vez se pretenda desvirtuar la organización de los trabajadores; pensemos con calma, que cualquier anomalía en la organización de las clases trabajadores en general, habrá de solucionarse por estas, nadie de fuera, está legitimado para hacerlo, menos aún quien actúa como gestor, gobernante y empresario. En la actualidad, la fuerza y el poder empresarial, en muchos casos resulta in-identificable. Estamos siendo testigos a diario, de la continua subvención y ayuda, sin límites y sin fondo con la que, con el dinero de los ciudadanos, se está sufragando el despilfarro de los grandes financieros, ante la insolidaridad de otros poderosos; observamos atónitos, como los gobiernos, incluido el actual de España, bailan al son de las órdenes y caprichos del poder. Ahora tenemos que oír a la Vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, leyéndonos la cartilla, para hacernos creer que la solución del paro, que ella misma en campaña decía saber atajar, digo, para hacernos creer que, la solución consiste en quitarle a los trabajadores, a los  consumidores, sin tocar a los más ricos quienes, podría ser, estén expectantes a la posibilidad de explotación de parte de lo público, concretamente de aquello que deje rentabilidad.

La Vicepresidenta, no se ha fijado en las propias empresas públicas, cuya responsabilidad es directa de su Gobierno, algunas de las cuales sufren con mayúsculas de despilfarro injustificado. Qué nos puede contar doña Soraya Saénz de la irregular situación de cierta empresa pública, sociedad anónima, del control de sus gastos, de una empresa pública en la que hay funcionarios, muchos de los cuales han superado los 35 años cotizados y tienen más de 55 años, que vendrían a resultar más rentables económica y socialmente, como jubilados anticipados, dejándose paso a parados jóvenes, ¿no resultaría esto más rentable, que la opción imparable de prestar ayudas para pre-jubilaciones de entidades financieras y otras empresas, las cuales no dejan espacio para el empleo?

Hacer una reforma laboral, a todas luces contraria al derecho constitucional, no es la solución, igual que no lo sería dejar sin comer, sin médico o sin escuela a sus hijos, aquellos padres que no han sabido equilibrar sus economías domésticas.

Algunos a quienes no se les escucha, hablan de que -hay alternativa- lo que no podemos consentir es que los actuales gobernantes, ahora por sorpresa, traten de encontrar la solución a costa de los trabajadores y trabajadoras, o de sus representantes a quienes solo sus electores habrán de pedir cuentas.

Quien debe dar la cara y gobernar para los ciudadanos es el Gobierno, sin cebarse en los débiles porque eso, no podemos consentirlo.

Salvo mejor parecer

Baldo