06 octubre 2016

Laboralistas. El graduado social, profesión y formación académica

Bis-Publicado en: Periodista digital (11.05.2006) y en Laborgali (09.01.2006)

Si bien no suponen requisito para el ejercicio de las profesiones laboralistas (graduado social y abogado de lo social) si hay que decir que existen titulaciones universitarias de grado superior que vienen a dar una mayor madurez al laboralista. En mayor medida, debido a que hasta la actualidad los graduados sociales carecían de un segundo ciclo de formación que les condujera a la obtención del grado superior, más que a la madurez propia de su especialización que ya poseen de base, fueron estos los profesionales que se formaron en las mismas, pero también muchos abogados, economistas, titulados mercantiles, etc., han adquirido estas titulaciones aunque estos por razones bien distintas, quizá buscando la verdadera especialización en la materia que no les dio su formación de base.

La próxima implantación de los títulos de grado, que conducirán en esta materia a la obtención seguramente del titulo de grado en Ciencias Laborales y de Recursos Humanos con acceso a los títulos de postgrado que se establezcan; pudiera suponer el culmen de las aspiraciones de los laboralistas -graduados sociales, ante la posibilidad de adquirir su master y doctorado dentro de las múltiples materias a desarrollar en su propia especialidad.

Téngase en cuenta que actualmente y desde su implantación, los estudios de graduado social, hoy relaciones laborales, suponen un título académico especializado, el de mayor carga lectiva en materia laboral, empleo, relaciones laborales y de derecho del trabajo y de la Seguridad Social que se estudian en España, tal especialización y tratándose de un título terminal en si mismo, sin acceso lógicamente al máximo grado académico, quizá impuesto desde fuera por razones de intereses corporativos y miedos (quizá terror) a un especialista de alto nivel, trajo consigo que los propios titulados y luego ya como profesionales se formaran concienzudamente en las materias que le son propias con títulos adicionales y que adquirieran titulaciones de grado superior, de carácter esencialmente académico que han forjado en la mayoría de los casos, a personas con una muy considerable madurez académica y profesional que sobrepasa la apariencia humilde que presenta con su apelativo básico de graduado social.

Ahora bien, lo que he calificado de humilde apelativo de graduado social se merece una aclaración para quienes desconocen que, mucho antes de que los aspirantes a licenciados en derecho estudiaran la disciplina de Derecho del Trabajo, esta asignatura ya era parte esencial de la formación de los aspirantes a graduados sociales así, en la Licenciatura en Derecho se inicia formalmente a impartir formación de Derecho del Trabajo por decreto de 07.07.1944, implantándose en cuarto curso dos asignaturas de Derecho del Trabajo, una de dos semanas en el séptimo cuatrimestre de carrera, y una de tres horas en el octavo cuatrimestre (la carrera se componía de 10 cuatrimestres lectivos en cinco años académicos). En la Titulación de Graduado Social se impartía, entre otras, Legislación del Trabajo, Legislación Industrial, Derecho Cooperativo, Derecho Sindical, Previsión Social y Seguros Sociales, desde 1925 Real Decreto Ley de 17 de agosto, por el que se crea la 1ª Escuela Social donde se impartirán estudios regulares de tres años, conducentes al titulo de Graduado de Escuela Social, será en 1926 cuando se implante un curso más de perfeccionamiento que conduce a la obtención del título de Graduado Superior de Escuela Social con un total de cuatro años de estudios, en 1941 se introduce la asignatura de Derecho Procesal del Trabajo y en 1943 la de Teoría del Derecho del Trabajo. Como puede verse la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social es propia de los graduados sociales con anterioridad a ningún otro titulado o profesional en España.

El concepto de laboralista del siglo XXI, ha sido uno de los temas tratados en el VI Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas y Graduados Sociales celebrado en Barcelona en el mes de noviembre de 2005. Para Martín Rodino Reyes, Doctor en Derecho, socio de Sagardoy Abogados cito textualmente: “El último siglo es sin duda el de consolidación del Derecho del Trabajo, que pasa a ser pieza esencial del modelo europeo de Estado de Bienestar. El laboralista no tiene dificultad en situarse a sí mismo en una labor relevante de definición de modelos de regulación del contrato de trabajo, de salvaguarda del equilibrio entre las partes del mismo pero de protección sin ambages de la parte más débil del contrato, el trabajador, de regulación del conflicto laboral y de protagonismo en la solución del mismo a través de cauces negociales o mediante la intervención de una justicia laboral que también en el siglo pasado se hace profesional y altamente especializada. Incluso en el ámbito académico la extracción del laboralista es bastante uniforme, a través del doble cauce de la Licenciatura en Derecho con especialización posterior, muchas veces por vía de práctica profesional, en la rama social o, por el camino de los estudios para Graduados Sociales” (Revista El Laboralista nº 10/2005).

El graduado social es el laboralista por antonomasia, y son muchos los que además han adquirido, como queda dicho títulos académicos complementarios (salud y riesgos laborales, recursos humanos, cursos superiores y máster en relaciones laborales, sociales e industriales, etcétera. no incluimos aquí las especializaciones en materia fiscal, tributaria, sociedades, financiera, etc. propias de quienes asesoran empresas, por estar aquí tratando de los compañeros meramente laboralistas), pero silenciosamente un gran numero de graduados sociales, se han formado académicamente en los propios contenidos laboralistas dentro del grado superior universitario, tales como Técnico en Relaciones Industriales, Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales o Licenciado en Ciencias del Trabajo. Muestro el análisis a título de ejemplo del contenido y los objetivos de dos de ellos:

Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales

Duración: 2 años, 142 créditos

Titulación. 2º Ciclo Universitario Propio. Alcalá de Henares

La titulación de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales, es de Estudios propios de Segundo Ciclo Universitario de la Universidad de Alcalá de Henares. Amparándose para dicha titulación en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto de Reforma Universitaria. Los requisitos de acceso a esta titulación son idénticos a los exigidos para la obtención de una Licenciatura, constando por lo tanto de 142 créditos (1420 horas) distribuidas en dos años académicos.

Áreas de conocimiento.

Las áreas de conocimiento ante las que se elige el profesorado son las correspondientes a cada materia, combinando siempre la experiencia teórica y la práctica.
- Economía. - Psicología.
- Empresa. - Sociología.
- Derecho. - etc.

Los estudios de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales tienen por objetivo preparar especialistas en áreas sociolaborales para la empresa desde la perspectiva del ámbito europeo común. Están dirigidos a titulados universitarios, de derecho, psicología, sociología, etc. y muy especialmente a graduados sociales.

La creación de estos estudios responde a los objetivos de la Comisión de la Unión Europea de crear un espacio común europeo para la educación y la formación, asumiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y las propuestas del Consejo de Europa de adecuar los procesos de formación a fin de hacer frente a las nuevas exigencias del mercado de trabajo y la Seguridad Social.

Se persigue por tanto, en consonancia con los planes y objetivos de la Comisión de las Comunidades Europeas:

a) Preparar expertos en la resolución de problemas sociolaborales de la empresa que puedan facilitar la colaboración eficaz entre trabajadores y empresarios, en consonancia con los objetivos de la Administración Comunitaria.
b) Orientar los caminos de la cooperación en un espacio europeo sin fronteras.
c) Elaborar programas de trabajo que sirvan de factor de integración social.
d) Armonizar las exigencias de la economía: competitividad y creación de empleo.

Licenciatura en Ciencias del Trabajo

Duración: 2 años. Mínimo 120 créditos.

Titulación. 2º Ciclo Universitario con validez en todo el territorio nacional

Objetivos formativos:

La Licenciatura en Ciencias del Trabajo se configura como una titulación de sólo segundo ciclo cuyo objeto es el de dar respuesta a las nuevas demandas profesionales en el ámbito de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos, crear especialistas en la rama social del Derecho -Trabajo y Seguridad Social-, mediante la adquisición de conocimientos jurídicos, pero también económicos y de sociología laboral. Esto es, especialistas que puedan dedicarse a una actividad laboral propia de sus conocimientos, tanto en el sector privado como público. Su finalidad es la de proporcionar una formación adecuada, de carácter interdisciplinar, en lo que se refiere a la organización del trabajo, no de forma aislada como actividad económica, sino en relación directa con las demás actividades y realidades sociales.

Contenidos básicos:

Se aborda su estudio desde una triple perspectiva: jurídica, económica y sociológica. Se estudian materias tales como: Auditoria Socio-laboral, Dirección Estratégica de la Empresa, Economía del Trabajo, Políticas Socio-laborales, Teoría de las Relaciones Laborales y Teoría y Técnicas de la Negociación.

La licenciatura en Ciencias del Trabajo dota a los estudiantes de un perfil laboral que les permitirá desarrollar su trabajo en diferentes puestos: Área de Recursos Humanos, Servicios de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, Políticas Activas de Empleo, Yacimientos de Empleo, Asesoramiento Autoempleo, Intermediación en el Mercado de Trabajo, Auditorias Laborales, Programas de Cooperación y Desarrollo Comunitario, Planificación y Gestión de Recursos.

A nadie se le escapa que, aquellos graduados sociales que han obtenido cualquiera de estas titulaciones, incluida la de Técnico Superior en Relaciones Industriales o cualquier otro máster o curso superior, está sumando conocimiento especializado a la propia especialización, está sustituyendo la carencia de una opción natural hacia la alta especialización, doctorado, no facilitada por las autoridades gubernativas y académicas y, silenciosamente va encontrando a contragolpe una formación de alto nivel y un prestigio profesional muy bien considerado, no importa que se les haya dejado solos, “el vacío es todopoderoso porque lo puede contener todo” (Okakura Kakuzo - escritor japonés).

Partiendo de la base de que para la obtención de la actual titulación de Relaciones Laborales se exige una carga lectiva entre 180 a 207 créditos todos ellos centrados en una formación con un fuerte componente de Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y Procesal Laboral, más todas las restantes asignaturas centradas básicamente en las relaciones laborales, de empleo, salud laboral y prevención de riesgos, negociación colectiva, sociología y psicología laboral; hacen de esos 180 a 207 créditos una carga de especialización laboral muy alta, frente a (a título solo de ejemplo) los escasos créditos en materia de Derecho del Trabajo que se imparte en la Licenciatura en Derecho con tan solo una asignatura en cuarto curso, repárese en que la Licenciatura en Derecho viene teniendo un total de 300 a 345 créditos, de los cuales en el mejor de los casos, salvo alguna Facultad excepcional, no llega a emplear en la disciplina más de 12 créditos. Así, a título de ejemplo un graduado social que haya obtenido su título con 180 créditos y obtuvo el título de Experto Europeo en Relaciones Sociolaborales con 142 créditos dispone de un total de 322 créditos o, que haya obtenido su título con 207 créditos más los 142 serían 349 créditos o, que en ambas situaciones haya obtenido el título de Licenciado en Ciencias del Trabajo con 120 créditos, tendría un total de 300 o 327 créditos totales respectivamente y, todos ellos en materias sociales y laborales, frente a los 300 a 345 que tiene un Licenciado en Derecho de todas las materias que componen la titulación (civil, administrativo, financiero, penal, familia…), resultando ser para Derecho del Trabajo del orden de tan solo 12.
Lo que antecede no quiere decir que un titulado licenciado en Derecho carezca de la preparación suficiente en las ciencias jurídicas, que la tiene sin duda alguna al ser la titulación especifica y concreta en la materia; pero, sí insistir en que el titulado graduado social-relaciones laborales es el ius-laboralista nato con preparación en las ciencias del trabajo y, jurídico laborales y de la Seguridad Social y ello sin formación adicional alguna.

Salvo mejor parecer.

Baldo

11 enero 2014

Es graduado social, es un laboralista (Publicado el 11 de enero de 2014)


Importante aclaración que quiero hacer a algunos compañeros sindicalistas, los cuales con las mejores intenciones, a veces, podrían causar un daño indeseado sin duda, a una preciosa y luchadora profesión que es la mía, la de graduado social.

El objeto único, evitar equívocos, los cuales no parten precisamente de los propios profesionales. De partida, pedir que cuando se hable del asesor jurídico, tratar de identificar adecuadamente, por respeto, de quién estamos hablando, evitando la denominación genérica de abogado, pues no resulta justo calificar de abogada a quien no lo es, ni pretende serlo, por más que en ocasiones deba permanecer callada, para no tener que entrar a dar explicaciones que resultan ser de más profundidad, como se verá seguidamente pero que, dando tales explicaciones en un momento absolutamente inoportuno, podría interpretarse de maneras distintas, pudiendo colocar al profesional graduado social, en posición de prepotencia al definir su formación básica o complementaria o, también en posición de menor especialización cuando, resulta ser, sin ánimo de jactancia, por pura lógica, justamente lo contrario, si hablamos de materias de derecho del trabajo y la seguridad social así como, de procesal social.

Es lamentable, a mi entender, que algunos sindicalistas desconozcan, al menos con cierto detalle, las profesiones que se dedican a la representación y defensa de los derechos, entre otros, de los y las trabajadoras, máxime cuando están tratando a diario con ellos; por eso mismo hay que intentar solucionarlo.

Resulta ciertamente engorroso, tener que explicar de manera reiterada y cansina, principalmente en foros de lucha social, en qué consiste la profesión o, añadir, a veces, los títulos adicionales que uno tiene y las competencias de la profesión a la que se pertenece, para con ello, legitimar su actuación, la mayoría de las veces, en una simple reunión con transcendencia distinta.

Pertenezco a un grupo de personas, dentro de mi profesión, que venimos, desde hace muchos años, luchando con moderación, por la recuperación de la figura auténtica del "laboralista", de la que forman parte los graduados sociales, siéndolo ellos de base por antonomasia, tanto por titulación como por profesión. La formación académica de graduado social, antes del franquismo consistía, en cuatro años de formación y dos idiomas (a eligir entre Alemán, Francés e Inglés); durante muchos años, quizás concretamente, por su condición de actor en el ámbito sociolaboral, se marginó sobremanera a estos profesionales, llevándoles a ser un secundario de casi todo. La llegada de la democracia permitió iniciar la lucha por recuperar la dignidad propia que les corresponde por derecho, la cual, sin duda está a la vista, profesionalmente, así como también, comprobable haciendo una comparativa de la carga lectiva recibida, toda ella sobre materia laboral, seguridad social, jurídica y procesal laboral/mercantil, salud laboral, economía social, etcétera. Las dificultades, debidas a cierta infundada presión corporativa, llevaron a estos profesionales a formarse académicamente, a mayores, en titulaciones de especialización, - de segundo ciclo universitario-, recomendadas, casi siempre, por sus Colegios oficiales, en campos como el mercantil, la dirección y organización de personas, la auditoria, la prevención, la formación, etc; y, con más contundencia en el campo laboral; así, los Titulados Superiores en Relaciones Industriales, Expertos Europeos en Relaciones Sociolaborales, ambas preámbulo, intencionado, de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

Cuando hablo de laboralistas, me refiero siempre a la configuración clara y precisa de una profesión, en la cual tienen cabida aquellos titulados que se dedican a las cuestiones sociolaborales y las ciencias del trabajo.

El graduado social, es de base un laboralista. Sin embargo, un abogado laboralista, es primero abogado y por vocación o dedicación profesional, especialista en laboral; pero el -Laboralista- es más que eso, porque es laboralista un graduado social, un abogado de lo social, lo es un profesor universitario en la materia, un juez de lo social, un inspector de trabajo, un experto europeo en relaciones sociolaborales, un licenciado en ciencias del trabajo, un graduado en relaciones laborales-recursos humanos, un titulado en relaciones industriales, etc. El debate y desconocimiento social de nuestra posición no se da, paradójicamente, entre las profesiones afines (los graduados sociales, por ejemplo, pueden integrase en la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, según establecen sus estatutos); pero como decía al principio, se da  este desconocimiento, incomprensiblemente, entre muchos sindicalistas que tratan a diario con ellos, y se da entre un grupo muy amplio de la población.

A lo largo del tiempo, los que luchamos por la figura auténtica del laboralista, hemos logrado metas importantes, junto con compañeros, que se dedican principalmente al asesoramiento de empresas, sobretodo PYMES (que son los más numerosos), se ha conseguido, entre todos, que los graduados sociales en los juzgados se sienten arriba, en los estrados y usen la toga (pues durante la dictadura y después en los inicios de la democracia se les vejó, debiendo actuar desde abajo y sin toga, dando una imagen de inferioridad respecto de otros profesionales, ante los ciudadanos, que no podían comprobar que estaban siendo representados por un profesional con una formación mucho más sólida en la problemática que se estaba tratando, pero que en el acto del juicio, que estaba lleno de parafernalia, este profesional actuaba ninguneado y rebajado); conseguimos, con dignidad, superar esa etapa con tesón y con la fuerza de la razón; seguimos exigiendo ahora ya pequeños detalles, más propios de la resaca corporativa de algunos y la voluntad política y lógica de otros, y que habrá de ser, la definitiva incorporación de un miembro de la profesión, en el Consejo General del Poder Judicial y la firma del Recurso de Casación, ante el Tribunal Supremo, en solitario, pues ahora ya puede actuar en Casación, postulando en representación así como, también en las materias de las que entienda en primera instancia, el Tribunal Supremo; por lo demás, en el ámbito social actúa con plena equiparación. También actúa ante los Juzgados de lo Mercantil y, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está habilitado para ejercer la representación técnica de las partes, en todos los procesos sobre trabajo y seguridad social (debe entenderse, allí donde se produzcan). No puede olvidarse que los graduados sociales, son los profesionales que para su formación primero recibieron formación jurídica y procesal laboral, desde el año 1925, lo explicaba con más detalle en  artículo al efecto al final.

Como es conocido, en España, existen cinco profesiones jurídicas, las cinco españolas son: ABOGADA, PROCURADOR, GRADUADO SOCIAL, NOTARIA y REGISTRADOR. Es necesario recordar, que una cosa son las titulaciones y, que otra distinta y diferenciada es la profesión, para la cual, en el caso de estas cinco, es necesario estar colegiado obligatoriamente para ejercer.

Acto seguido aclarado lo anterior, decir que profesionalmente, el ejercicio de la profesión se rige por normas de competencia, que ya nada tienen que ver con la titulación, pues viene determinada por la norma de aplicación y sobretodo por la presión corporativa (lo mismo que sucede entre ingenieros/arquitectos, entre odontólogos/estomatólogos...); algunas de estas cuestiones, se verá,  podrían subsanarse, con la inminente aprobación de la ley sobre regulación de la colegiación.

Ya a nivel interno, para conocimiento incluso de quienes formando parte del colectivo o de quienes habiendo cursado estudios que le permiten el acceso a la profesión, es menester destacar que, la competencia la tiene el graduado social, en referencia a la colegiadacolegiado, aquella o aquel que accede a dicha condición desde las titulaciones y previos los trámites que en cada momento establezcan la ley y los estatutos. Por ello, una graduada en relaciones laborales y recursos humanos, un diplomado en relaciones laborales o cualquier titulada académica en graduado social, ya sean máster o doctor, en su caso, no tiene la competencia sin haberse colegiado. Por analogía decir que lo mismo ocurre a un médico o una abogada, que no obtiene la competencia profesional hasta que accede a la colegiación desde las titulaciones académicas y previos los trámites que la ley establezcan en cada momento y ello, con independencia de su condición de licenciada, graduado, máster o doctora 

Dicho todo lo que antecede, sería bueno que tras su análisis, se pueda llegar a la conclusión de que cuando se habla, como sindicalista o incluso como graduado social o afín, del compañero que nos pueda atender en la asesoría jurídica, intentar no llamar abogado a quién no lo es,  cuando estamos hablando de una o un graduado social, pues lo que es y de quien estamos hablando es de un laboralista, por ser precisamente su formación de base y su competencia profesional principal, que dispone, para poder acceder a la colegiación, de la formación más completa en la materia que se expide en la Universidad española y que, posee asimismo la competencia. Por tanto, es necesario, en un acto de justicia, evitar llamarle de otra forma y consecuentemente que tenga que dar explicaciones, el graduado social, sobre su capacidad profesional para la llevanza, el desarrollo y el consejo en la materia de la que es el profesional nato; debiendo evitar cuando menos los sindicalistas, por afinidad con lo que traen entre manos, hacerles la faena de identificarles como abogados, que no lo son, sino que habrán de presentarlos primero como laboralistas, más comprensible y, ello por ser graduados sociales.

Salvo mejor parecer
Baldo 

01 diciembre 2013

Crisis de las relaciones laborales en España: ¿A qué están esperando?, ¿quién los frena?

¿A qué están esperando?, ¿quién los frena?

La actual situación de las relaciones laborales en España, pasa por un momento especialmente crítico. Esto no es nada nuevo y, resulta ser tan poco novedoso que, por ello nos está llevando a la dejadez más absoluta respecto de sus consecuencias y, respecto también de la respuesta inmediata que los actores sociales deben dar, sin miramientos.

La permanente imposición de criterios, en base a la mayoría que políticamente ostenta, en el Parlamento, el partido que gobierna en España; está provocando cierta desidia infundada, por parte de las organizaciones sociales, que, tal si estuvieran bajo los efectos de una pájara, observan atónitas como se les van de las manos los derechos que  las trabajadoras y trabajadores, han ido ganando durante años, con su propia lucha. 

En lo que respecta a la acción directa y puntual, este es el momento propio de las organizaciones sindicales de carácter asambleario, las cuales disponen de los medios para decidir la acción sindical, de manera más espontánea y directa; una forma de dar solución a los problemas puntuales en la base, con criterios asumibles por las partes, acordes a las circunstancias propias de las relaciones laborales directas y concretas, sin verse avocados a decisiones genéricas que, en la mayoría de los casos, dejan sin regular la problemática básica, de la relación entre las partes de la producción en el ámbito más humilde. 

Es en base a esa realidad, en la que los gobernantes actuales y la patronal, han iniciado una guerra, sin cuartel, contra los derechos colectivos adquiridos en España, de largo tiempo, por los trabajadores y trabajadoras.

La negociación colectiva está verdaderamente en peligro, la pasividad en las decisiones de iniciativa negociadora, por parte de los empresarios, es clara y notoria. La regulación tendente a inhabilitar la eficacia convencional, una vez llegado el término de su vigencia, es una chispa más, del inicio de un gran incendio, con múltiples focos que, hará casi imposible su extinción.

Ahora llegan, entre otras medidas, la regulación del derecho de huelga, en su vertiente restrictiva, vía servicios mínimos y otras mermas de derechos fundamentales que, dejarán tambaleando un cimiento básico del poder reivindicativo de la clase trabajadora.

Como telón de fondo, a fin de mantener la cuerda bien tensada, se ha ido plasmando de manera premeditada y medida, la pérdida de poder adquisitivo, creando una gran masa de pobreza, en plena disposición a aceptar trabajos precarios y a dejarse llevar por ofertas pírricas de mejora en las condiciones laborales.

A todo ello, sin dilación, hay que responder con los medios constitucionales al alcance, los cuales dimanan de la libertad sindical. Es a través de las secciones sindicales legalmente constituidas, representadas por sus delegados sindicales en los ámbitos en que son elegidos por los afiliados a las organizaciones sindicales, -de acuerdo con sus estatutos-; así como, por aquellos autorizados y apoderados por el Sindicato; es a través de ellos, como se pueden sostener los derechos y las garantías constitucionales y los que regula y recomienda, el derecho internacional (OIT, UE, Tribunal de Justicia, jurisprudencia española...). Esa libertad sindical que conserva el amparo constitucional y que constituye un derecho fundamental, es la vía de la lucha para la defensa directa de las relaciones laborales, desde las organizaciones sindicales, sobretodo y principalmente por aquellas cuya base de funcionamiento, es la asamblea de sus afiliados y de los trabajadores en general.  ¡Sin retirada, sin rendición! 

Salvo mejor parecer

Baldo

01 julio 2012

Huelga en Correos, ¿existe una trampa?


La huelga, en una cartería de la ciudad de Vigo, que afecta a una cuarta parte del ámbito de la distribución de la población, podría  estar provocada, en su origen, por una trampa con consecuencias generales, técnicamente pensada para pulir y minimizar plantilla, bajo el pretexto vil de la reducción de gastos o, con la disculpa de la merma de producto.

Los gastos en Correos, como muchos conocen, se sufragan eliminando jefaturas y puestos provisionales, sobretodo comisiones de servicio -muchas excedidas en el tiempo legal-, que vienen a suponer una duplicidad de costes.  Cargos y puestos que resultan innecesarios y cuya eliminación supondría, al mismo tiempo, una recuperación de las plantillas, al reincorporarse a sus puestos base.

La huelga en Correos de Vigo, es un acto de valentía de las bases, son las trabajadoras y trabajadores, apoyados por los representantes de personal de su ámbito, los que han tomado la iniciativa en defensa de sus propios derechos y, también en defensa de los derechos de todos los empleados de Correos y Telégrafos de España, es así, aunque aparente ser otra cosa, pues hay interés en  hacernos ver que se trata de un problema puntual, centrado en un lugar concreto de una ciudad tipo.  La actuación de los trabajadores y de sus representantes directos, es emocionante y ejemplar.

Para centrarnos, conviene no confundir la representación de personal o, la actuación de un Comité de Huelga, con la actuación de las organizaciones sociales, en tanto tales, con sus representantes sindicales y con su representatividad legal.

Las preguntas que surgen obligatoriamente son:

¿Qué hacen ahora los sindicatos como tales, en este conflicto?

¿Por qué no se ha exigido, con carácter inmediato, desde los Sindicatos representativos, la comparecencia directa frente a ellos, desde la empresa, de órganos con competencia en materia de personal y con capacidad de decisión en el ámbito general?

¿Se ha caído en la trampa o, por el contrario, esto es el resultado de la aparente autorización dada en Acuerdo al efecto,  por una parte de la representación social, para modificar plantillas y condiciones de trabajo?

A mi humilde modo de ver las cosas, podríamos estar ante una trampa técnica, por la cual se actúa en ámbitos territoriales pequeños, para deslegitimar la actuación de la representación social en el ámbito general, de manera que cuando se den cuenta, han sentado precedente y han perdido la capacidad de respuesta. Me cuesta creer, que haya un solo representante de personal o sindical que conozca una posible estrategia, previamente elaborada, y mantenga su silencio cómplice, con la que está cayendo contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

En el caso concreto de Vigo, entiendo que no están actuando, por parte de la empresa, personas con nombres y apellidos con capacidad de decisión, lo cual podría suponer una tomadura de pelo para los trabajadores y para sus representantes, que están actuando, unos y otros, con una destreza sin par.

El propio Director de Zona de Correos en Galicia, tiene muy limitadas sus competencias, a saber:

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A. , en reunión del día 28 de Mayo de 2009, aprobó por unanimidad y elevó a acta, la revocación y el otorgamiento de poderes varios, en escritura pública ante Notario de Madrid Don Antonio Alvarez Pérez, de fecha 2 de junio de 2009, con el número 1789/2009 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 89ª, el 9 de junio de 2009.

A medio de facultades tipo, se dan potestades para el desempeño de las funciones en ellas reflejadas, a quienes gocen del poder notarial otorgado nominativamente, referido solo a personas concretas, con nombres y apellidos, de forma tal que algunas personas disponen de las potestades integras del contenido literal de la facultad tipo y otras personas, solamente son autorizadas parcialmente, solo respecto de ciertas competencias concretas de dichas facultades.

En lo que se refiere a la materia de personal, las escrituras de Correos y Telégrafos de España, las definen en la facultad tipo número quince (15) cuyo  contenido íntegro literal faculta y apodera a ciertas personas, con nombres y apellidos, para:

“Contratar, trasladar, sancionar, suspender y despedir empleados, determinar las retribuciones, sueldos y demás emolumentos a cualquier empleado de la Sociedad, conceder indemnizaciones por despido y, en general, resolver todas las cuestiones relativas al personal de la Sociedad, Nombrar y revocar mandatarios y agentes.

Ejercitar las potestades administrativas que la Sociedad tenga atribuidas respecto de su personal, excepto la separación del servicio del personal funcionario.

Establecer criterios y dictar instrucciones internas en materia de dirección y gestión de personal señalando, en su caso, los órganos encargados de su ejecución.”

Pues bien, dicho lo que antecede, en lo referente a Galicia, el Director de la Zona 1ª en Santiago de Compostela, dispone del siguiente otorgamiento reducido de poder, en escritura pública, en materia de personal, cito textualmente:

“La facultad contenida en el número 15 de forma solidaria únicamente en lo que se refiere a la celebración de contratos con trabajadores eventuales, autorizaciones, permisos y licencias e imposición de sanciones leves respecto del personal de su ámbito de actuación.

Asimismo, queda facultado para que, solidariamente, en nombre y representación de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A., pueda incoar expedientes disciplinarios por faltas graves por ausencia sin justificación y sancionar dicha falta, en ambos casos, respecto de personal laboral de su respectivo ámbito de actuación."

¿Están siendo embaucados los portavoces de los trabajadores, al asistir a sus reuniones, personas carentes de legitimación para negociar?

En un conflicto que se localiza concretamente en una sola cartería de las de Vigo, a cualquiera, incluso a los propios empleados de Correos, podría parecerles que la cuestión es puntual y concreta, referida a ese ámbito reducido y específico, pero nada más lejos de la realizad, es una manera sutil de hacer las cosas con efectos generales desde un ámbito menor, pues en lugar de presentarse la reorganización del personal desde el ámbito central, discutiéndose los criterios a ese nivel con los representantes de personal en el ámbito estatal, toda vez que las modificaciones introducidas son competencia directa del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Estatal y, cuya ejecución se llevaría a cabo por el único órgano que tiene atribuida íntegramente la facultad tipo número quince (15), el Director de Recursos Humanos; en su lugar digo, se inicia un reorganización parcializada en provincias dispersas, Pontevedra, Barcelona, Navarra, centrándose en ciudades concretas y, dentro de las mismas, afectándose solamente ciertos distritos de reparto de la ciudad, no todos. La cuestión, resulta ser técnica, en materia de relaciones laborales, lo cual desde la perspectiva externa, no puede ser menos que felicitada por la eficiencia del responsable de los Recursos Humanos, de los servicios centrales de Correos.

Ahora bien, a todas luces, estamos asistiendo, como queda dicho, a una trampa que pretende deslegitimar a quienes tienen la capacidad para discutir, de primera mano, cualquier decisión que afecte a la modificación de la estructura de plantillas, máxime cuando se está actuando en distintas provincias, con un propósito concreto y específico, que es el adelgazamiento del número de trabajadores de base. Ante esto, los empleados acuden a sofocar el fuego allí donde se produce, convocando legítimamente asambleas y actuando a pie de empleo, y a medio de sus portavoces que pasan a ser los componentes del Comité de Huelga, una vez convocada la misma, que en el caso de la cartería del centro de la ciudad de Vigo, lo es con carácter indefinido.

Mientras tanto, es de suponer que la empresa, en el máximo nivel técnico, se frotará las manos, el desgaste de este personal está servido y por ende, todo el personal del ámbito restante de la empresa en el Estado, está quieto, no siente que se le estén moviendo sus derechos más elementales, con el añadido de estarse afianzando un precedente, que de triunfar, servirá de ejemplo para los empleados de otras provincias, cuando les llegue su hora, que llegará sin duda.

Un conflicto, que requiere de la inmediata actuación de las organizaciones sindicales, también paradas como tales, en su más amplia extensión, sin manifestarse en su condición de organizaciones sociales directamente, con sus siglas y con su imagen, además de al lado de los afectados concretos, también a modo de prevención activa en todo el ámbito del Estado; haciendo una intervención formal ante el Consejo de Administración o, incluso más arriba, haciendo saber a la sociedad  contundentemente que, el desmantelamiento de Correos, propiedad de los ciudadanos, habrá de hacerse con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, función esta que es básica de los sindicatos, incluso de aquellos que han firmado acuerdos, con clausulas abusivas o que permiten cierta flexibilidad aparente, para que la empresa pueda actuar  a sus anchas.

Véase, a modo de ejemplo, en su reunión con el Comité de Huelga, la reacción institucional del Alcalde de Vigo,  que manifestó públicamente, la necesidad de actuación desde ámbitos centrales de la Sociedad Estatal, y de responsables del ámbito general, por razones obvias. El compromiso de ciertas fuerzas políticas, Bloque Nacionalista Galego y Esquerda Unida, lo ha sido en la calle, al lado de los propios manifestantes.

La suerte está echada, ahora son los trabajadores de Correos, todos, los que tienen la palabra y el primer paso es, apoyar y arropar a las compañeras y compañeros que se encuentran en conflicto, aportándoles medios, incluso económicos, para mantener su resistencia , porque esa es la fuerza de todos.  Justo frente a la tramposa técnica de liquidar empleos sibilinamente, de manera parcializada, justo en frente, por esa misma razón, los trabajadores, adquieren capacidad para aportar su grano de arena, allí donde están actuando. Y preguntándonos ¿qué les toca hacer, ahora a los sindicatos como tales? Así podremos.

Salvo mejor parecer.

Baldo

18 febrero 2012

Soraya Sáenz de Santamaría azuza a los sindicatos


¿Quiere el Gobierno español una huelga general?

Podría parecernos, a la vista de los acontecimientos, que el Gobierno de España, desea y promueve, la convocatoria de una huelga general, para así justificar la contundencia de su reforma laboral.

La Vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría, quiere dejar mal a los sindicatos ante la opinión pública, haciendo una reflexión sobre una posible conducta desleal de las organizaciones sociales, por percibir fondos públicos para su financiación.

El viejo recurso a la financiación pública de las organizaciones sociales, recurso hipócrita de ciertos políticos, requiere de cierta aclaración, que parece no querer afrontar ninguna autoridad conocedora de la materia. Es necesario diferenciar y respetar, dentro de todo el conglomerado de partidas que mueven los fondos públicos, aquellas que están destinadas a hacer frente a los gastos que ocasiona la democrática y legítima representación de los trabajadores, la cual, viene dada por el sufragio en las urnas, en las elecciones legalmente convocadas, de donde salen los representantes unitarios, directamente elegidos por las trabajadoras y trabajadores. De tales resultados electorales, surge la -representatividad sindical- porcentaje que, entre otras cuestiones de derecho, establece también la medida de las cuantías económicas que habrán de recibir las organizaciones en razón de los resultados electorales.

A mi entender, con independencia del legítimo debate que pueda haber, sobre la adecuada forma de organizar las cuentas de la representación legal de los trabajadores; con el actual sistema, no se está pagando a unas organizaciones sindicales concretas, por el mero hecho de existir, como podría ser el caso de los Partidos Políticos, aquí, con gran parte de los fondos públicos que se señalan (de otros habrá de dar cuenta también quien paga), se está pagando a los representantes legales de los trabajadores, de cuya fuerza representativa, emana la legitimidad de unas organizaciones -más representativas- para ostentar el privilegio legal de sentarse en las negociaciones de alto calado.

Para el Gobierno español y para el partido político que lo sustenta, parece resultar esencial la deslegitimación de las organizaciones sindicales, así, enturbiando la información, diciendo verdades a medias, se trata de conseguir debilitar la fuerza de los propios trabajadores.

Los representantes de los trabajadores, son personas físicas elegidas en las urnas y que como tales, ostentan unos derechos y garantías para poder operar en la empresa, ante el empresario y ante las instituciones, siempre en defensa de los trabajadores, tanto de quienes les han elegido como de aquellos que decidieron no hacerlo, por tratarse de una decisión democrática y libre.

Por otra parte, para aunar la fuerza representativa emanada de las elecciones sindicales, ya sea a nivel de unidad electoral, o lo sea en los distintos ámbitos territoriales -local, provincial, autonómico, nacional, europeo o internacional global-; los trabajadores, a través de sus representantes se organizan para equilibrar el desnivel brutal de fuerza existente entre la parte social y la patronal. Es muy peligroso simplificar tanto las cosas, más peligroso resulta consentir que torticeramente, una y otra vez se pretenda desvirtuar la organización de los trabajadores; pensemos con calma, que cualquier anomalía en la organización de las clases trabajadores en general, habrá de solucionarse por estas, nadie de fuera, está legitimado para hacerlo, menos aún quien actúa como gestor, gobernante y empresario. En la actualidad, la fuerza y el poder empresarial, en muchos casos resulta in-identificable. Estamos siendo testigos a diario, de la continua subvención y ayuda, sin límites y sin fondo con la que, con el dinero de los ciudadanos, se está sufragando el despilfarro de los grandes financieros, ante la insolidaridad de otros poderosos; observamos atónitos, como los gobiernos, incluido el actual de España, bailan al son de las órdenes y caprichos del poder. Ahora tenemos que oír a la Vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, leyéndonos la cartilla, para hacernos creer que la solución del paro, que ella misma en campaña decía saber atajar, digo, para hacernos creer que, la solución consiste en quitarle a los trabajadores, a los  consumidores, sin tocar a los más ricos quienes, podría ser, estén expectantes a la posibilidad de explotación de parte de lo público, concretamente de aquello que deje rentabilidad.

La Vicepresidenta, no se ha fijado en las propias empresas públicas, cuya responsabilidad es directa de su Gobierno, algunas de las cuales sufren con mayúsculas de despilfarro injustificado. Qué nos puede contar doña Soraya Saénz de la irregular situación de cierta empresa pública, sociedad anónima, del control de sus gastos, de una empresa pública en la que hay funcionarios, muchos de los cuales han superado los 35 años cotizados y tienen más de 55 años, que vendrían a resultar más rentables económica y socialmente, como jubilados anticipados, dejándose paso a parados jóvenes, ¿no resultaría esto más rentable, que la opción imparable de prestar ayudas para pre-jubilaciones de entidades financieras y otras empresas, las cuales no dejan espacio para el empleo?

Hacer una reforma laboral, a todas luces contraria al derecho constitucional, no es la solución, igual que no lo sería dejar sin comer, sin médico o sin escuela a sus hijos, aquellos padres que no han sabido equilibrar sus economías domésticas.

Algunos a quienes no se les escucha, hablan de que -hay alternativa- lo que no podemos consentir es que los actuales gobernantes, ahora por sorpresa, traten de encontrar la solución a costa de los trabajadores y trabajadoras, o de sus representantes a quienes solo sus electores habrán de pedir cuentas.

Quien debe dar la cara y gobernar para los ciudadanos es el Gobierno, sin cebarse en los débiles porque eso, no podemos consentirlo.

Salvo mejor parecer

Baldo

22 diciembre 2011

...Ven amigo vamos a ver...





Feliz Navidad.

Porque hay motivos para sentirnos muy bien, cuando estamos comprobando que las personas sencillas empiezan a mostrarse más despiertas, menos dadas a pasar con cualquier cosa.


Porque los valores se están recuperando desde ABAJO, desde ese mágico sitio de donde todo sale, aunque nos hagan pensar lo contrario.


Porque el talento es la base de nuestro futuro y quien lo tiene, suele ponerlo, gratis, a disposición de todos.


Este bonito villancico laico gitano de Chicho Sánchez Ferlosio, cantado por Amancio Prada, despierta, de alguna manera, el sentido común:


Os quiero a todos, ¿a todos?, ¡... sí, a todos!


Salvo mejor parecer


Baldo.

20 septiembre 2011

Una nueva clase empresarial comprometida, que si es posible

  (Vigo - Foto Baldo)

Cuando sabemos que hay empresarios que emplean a trabajadores con contratos de cuatro horas y les exigen la realización de 8 o 12 horas efectivas, estamos siendo de alguna manera cómplices; sabemos esto, pero nos consolamos pensando o diciendo en voz alta que poco importa porque, el pobre o la pobre trabajadora, al menos tiene un trabajo y seguramente le estén pagando dinero a mayores, aunque no conste a la vista.

Mal vamos, pues son tiempos en los que, precisamente muchos empresarios no están siendo -precisamente- solidarios, pidiendo esfuerzo a todo el que se mueve, solicitando ayudas oficiales, arremetiendo contra empleados públicos y quejándose de los costes laborales o de los impuestos. Cuando digo muchos, lógicamente, no me estoy refiriendo a todos, pero los que dan la espalda, quizás necesitaran una inspección para comprobar el abuso en la contratación y de ser así, hacerle pagar caro su cinismo.

 ¿Acaso el número de horas que el empresario insolidario no cotiza por la trabajadora o el trabajador, no resulta ser también dinero de todos?

No estamos siendo conscientes de que, además de no pagar por el servicio que recibe, se lucra de los beneficios que la normativa bondadosa pro-crisis le está otorgando, lucro que sale de las arcas de todos y a las que el insolidario empresario, no contribuye.

El cinismo llega incluso más allá de los pequeños y medianos empresarios defraudadores pues, hartos de oír frases hechas de políticos que también se las dan de comprometidos, podemos amanecer leyendo alguna noticia que nos informa de que la Xunta de Galicia no está por la labor de apoyar con inversión o avalando una inyección económica a un Astillero de Vigo; o sorprendernos al leer otra, que traslada las manifestaciones del Presidente de los Empresarios de la provincia de Pontevedra quien dice a los Sindicatos del naval, -a ver qué tornillos tirarán en las calles cuando esto se acabe-, no obstante no plantea la posibilidad de pedir inversión para los astilleros, tampoco se le ve apoyando la reivindicación también, ante el propio gobierno de Galicia, conducente a una solución por vía de la inversión o de un aval, como muy acertadamente le plantean los representantes de los trabajadores.

Aquellos insolidarios empresarios que se permiten explotar y robar horas, a camareras y auxiliares en cafeterías o restaurantes, entre otras actividades, son la manifestación exterior y básica del gran cinismo de cierta clase empresarial, que por otra parte estudian la posibilidad de inversión en entidades financieras.

Aunque los menos, hay otra clase de empresarios que quizá sean el tímido inicio de una nueva clase empresarial comprometida, que sí es posible.

Salvo mejor parecer

Baldo

13 septiembre 2011

Ahora es el momento de hablar de unidad de todos los progresistas

(Foto L Monclova)

Ahora es el momento de hablar de unidad de todos los progresistas, de los que saben que para seguir avanzando en libertad y democracia, en un Estado de bienestar, habrá de ser con el esfuerzo común, el que nos une, y los argumentos en positivo, son los que han hecho que los ciudadanos tengan más claro que no quieren una vuelta atrás, que quieren un país y una comunidad modernas, con calidad de vida.


Hace falta debate, y confrontación de ideas pero con lenguaje político constructivo, hablando con convicción, porque si algo tenemos claro es que queremos una sociedad más equilibrada, en la que los poderes públicos garanticen suficientemente la cobertura de aquellas necesidades y de aquellos servicios básicos para todos los ciudadanos, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda. Y que la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres sea cada día más real; en la que se valoren de verdad los méritos y la capacidad. Porque en definitiva, son siempre las ideas que nos unen, más que las que nos separan, las que dan fuerza para seguir trabajando por una sociedad mejor preparada, mejor atendida y con mejor futuro.


Esta sigue siendo una labor de todos los progresistas, mujeres y hombres, con valores solidarios y éticos que deben trabajar unidos, porque la unión siempre hace la fuerza, la de la razón y no al revés.


Por Dolores Sánchez Monclova

12 junio 2011

Empezando por la izquierda, ahora hay que hablar tranquilos

Bueno, pues ya se han constituido prácticamente todas las corporaciones municipales y, queda ahora tan solo esperar a que todo sea lo mismo, con nuevas caras en la gran mayoría de los ayuntamientos españoles. Los ciudadanos se han puesto la pila y han querido que, de momento, se vayan muchos socialistas de aquellos gobiernos que están cerca de los hogares, con la esperanza puesta en que, las promesas de cambio de los populares, sean ciertas y, en consecuencia, generarán confianza para el definitivo cambio en el ámbito del Estado. Es, una clara salida desesperada, pues de antemano todos intuyen, que la derecha, con sus propios discursos, ofrecen más de lo mismo, incluso anticipan males mayores.

Lo que si es cierto, es que, cada vez son más los españoles que consideran iguales las políticas que defienden el PSOE y el PP, porque las diferencias que, realmente existen en los programas, desaparecen en la práctica diaria. Don José Luis Rodríguez Zapatero, se presentó a unas elecciones generales con un programa que no ha cumplido y, si bien en un principio hizo una política dirigida a sus bases electorales, de pronto dejó de hacerlo, sumiéndose en un inaceptable neoliberalismo, bajo el pretexto de "me cueste lo que me cueste" aunque son otros quienes, realmente, han de correr con dicho coste.

Todos hemos visto, en los últimos años, en el ámbito local, como, conocidos militantes socialistas, integrantes de las asambleas y fieles colaboradores de lo municipal, se fueron quedando sin voz, han dejado de ser necesarios, debiendo asumir, sin rechistar, las decisiones que le marcan los autoritarios dirigentes de su propio partido. Hemos visto también, lo sucedido con la que pretendió ser candidata en primarias, Carma Chacón, que poco menos resultó escaldada previo a su toma pública de postura, antes de oír la voz de las bases de su organización.

También el movimiento ciudadano, toma poso, y tras la larga y cansada acampada, llega el momento de tomar iniciativas contundentes, respetuosas y consensuadas, que harán posible el cambio irreversible de un sistema, verdaderamente caduco.

La tercera fuerza política, consolidada ya, necesitada también de abrir ventanas, cansada de ser ninguneada, se pronuncia también con hechos. Así, IU dice, con claridad y micrófonos, que no son la muleta que sostiene los desengaños de los socialistas y, legítimamente, disponen en los municipios extremeños, no apoyar en las investiduras, aún a costa de permitirse gobiernos  más a la derecha, según afirman contundentemente desde Extremadura, al decir que, tras tantos años de gobierno del PSOE, se hacía necesario un cambio, por saludable, al haberse convertido tal continuidad, en casi un régimen.

Para afrontar la nueva situación, las bases del PSOE, si pueden y les dejan, habrían de formular cambios internos, con ideas más próximas a su corriente de izquierda socialista. IU por su parte, debe reflexionar sobre su vuelta al espacio que ha dejado desocupado y que, los ciudadanos comprometidos vienen resaltando a través de movilizaciones.

Con España teñida de azul, por decisión incluso de gentes con pensamiento de izquierdas, es cuando vamos comprobando que los ciudadanos y los partidos más a la izquierda, no temen gobiernos de otro color, cuando las artes de la derecha triunfante, apenas difieren de quienes dirigen desde un partido de izquierda, con políticas neoliberales profundas.

Con todo, una vez más, rige el principio de que, no hay mal que por bien no venga, y ahora, tras el desconcierto y el varapalo, se impone la cordura. Es hora de oír a las nuevas generaciones, cansadas de tanto cinismo, es hora de hacer inversiones para el futuro y de no hacer tanto caso a las presiones de los de fuera, cuando las demandas más elementales se están pidiendo, a gritos, por los de dentro, por los de la casa, por las bases ciudadanas que quieren otro mundo distinto, posible.

Empezando por la izquierda, ahora hay que hablar tranquilos.

Salvo mejor parecer

Baldo

20 mayo 2011

El poder de decidir


Las manifestaciones de miles de ciudadanos, pacíficas, son la expresión, en libertad, del descontento y de la indignación que sienten por la actual situación de crisis económica y social que se está viviendo en nuestro país.

Por eso es importante que con la misma libertad se ejerza el derecho al voto, que se manifieste su crítica a los gobernantes en las urnas, a través del sufragio activo, que también es participar y tomar decisiones de a quienes queremos sean nuestros representantes.


Tenemos la opción de elegir, de ser representantes o, de escoger, mediante nuestro voto, a quienes mejor nos merezcan nuestra confianza, a quienes nos ilusionen con sus programas, a quienes nos escuchen y para quienes seamos importantes los ciudadanos, porque hay que creer en las personas y en sus principios, porque no todos son iguales, y porque, siempre, a través de nuestro voto, de muchos votos, es posible que también se manifieste nuestro inconformismo y hacer que las cosas cambien.

Somos nosotros, los ciudadanos, los que también, votando, decidimos. Es otra expresión más de nuestra libertad, de nuestros derechos, igual que a manifestarnos y a reivindicar más justicia, más trabajo. No podemos olvidar que, en España, durante muchos años, no tuvimos esos derechos, donde opinar y manifestar libremente nuestra disconformidad con la sociedad civil, económica y política de entonces, estaba penado muchas veces con cárcel. Por eso una sociedad que está viva debe reaccionar, es bueno que la gente opine, en la calle, pacíficamente en libertad y también ejerciendo su derecho en las urnas, para cambiar las cosas cuando no gustan.


Son los representantes del pueblo, los que tienen que escuchar a los ciudadanos, en todos los foros, y ponerse a trabajar para ese pueblo, para sus necesidades. Sin el pueblo, sin los ciudadanos, jóvenes, mujeres, hombres, los que nos representan no estarían avalados, por eso decidimos cada cuatro años en nuestras ciudades a quienes queremos, y a quienes, cada cuatro años examinamos qué trabajo han hecho y, con nuestro voto, también decidimos si queremos que continúen o, si ya no merecen nuestra confianza.

Y porque, ni podemos, ni debemos renunciar a un derecho, el derecho al voto, por el que nuestros abuelos lucharon, por el que muchos hombres y mujeres dieron hasta sus vidas, y que ahora es nuestro regalo, el regalo del derecho a opinar en libertad, el derecho a ser escuchados, y el derecho a decidir en sociedad. Ejerzamos pues también, en libertad, nuestro derecho, yendo a votar el próximo domingo 22 de Mayo, decidamos nuestro futuro, el de nuestra ciudad y el de nuestros gobernantes.
 

Por Dolores Sánchez Monclova

07 diciembre 2010

El Ministro de Fomento, es una parte en el conflicto con los controladores aéreos

El conflicto surgido como consecuencia de la larga e infructuosa negociación del Convenio Colectivo, llevada a cabo entre AENA y los Controladores aéreos, ha llegado a una situación límite de las que, en muy pocas ocasiones se dan pero que, ello no quiere decir que no puedan darse o que no estén previstas por la Constitución y las leyes

Considerar como desmesuradas, las soluciones adoptadas por el Gobierno, el pasado viernes, no es una opción válida. Sin embargo, sí resulta de sentido común, exigir información clara sobre lo acontecido en el largo período de negociación sin éxito y, conocer a través de los representantes de los ciudadanos, con luz y taquígrafos, los pormenores de todas las discrepancias, de ambas partes, para que podamos concluir con mayor facilidad, sobre la depuración de responsabilidades, no sólo respecto del conflicto puntualmente desencadenado, sino, sobretodo conocer, quién o quienes, son los responsables del desencadenante, propio o impropio, que ha llevado a tal situación. Saber con certeza si ha habido cumplimiento del principio de buena fe en la negociación del Convenio Colectivo.

Como es sabido, la buena fe negociadora, implica evitar intimidación, maquinaciones dolosas, formulación de peticiones desorbitadas y, principalmente evitar actitudes absolutamente cerradas. El hecho en si, de a posteriori, en base a circunstancias siempre referidas a su adaptación a mínimos, con la mirada puesta en el principio de prevalencia del derecho fundamental al ejercicio del derecho de huelga, con la límitacíón concreta y expresa que la propia Constitución establece en su artículo 28.2, el cual dice: "... La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad." y, en su artículo 37.2, el cual dice: "...Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad"
existencia de causas abusivas puede llevar, dentro de toda lógica, a la ruptura de las negociaciones, que conllevarán, las también lógicas salidas legales, entre ellas, el derecho constitucional a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluido el derecho fundamental de huelga, amparado por la Constitución española y que, en nuestro país está pendiente de una regulación legal específica. Bien, llegados a este punto, es necesario recordar que la huelga para ser legal, habrá de cumplir con unos requisitos de procedimiento, cuyo cumplimiento, será analizado en mayor o menor medida por el juez,


Los Controladores aéreos, llevados, según ellos dicen, por motivos o acontecimientos previos que, podrán conocerse en fechas próximas, optaron por la adopción de medidas de conflicto colectivo, promoviendo una huelga ilegal a todas luces, con los efectos propios de dicha decisión, cuyas consecuencias, podrían haber sido otras, mucho más tenues, de coincidir con una actividad de menor relevancia pero, resulta ser que las circunstancias, coinciden con lo establecido en el texto constitucional, respecto del aseguramiento del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; incurriendo justamente, en una excepción a la prevalencia del derecho fundamental de huelga, al estar situado, en este supuesto, como prioritario el derecho de la comunidad, respecto del fundamental de huelga de los trabajadores.

El Presidente del Gobierno, en uso de su potestad, en pos del mantenimiento de los servicios esenciales, dispuso, de manera urgente, la declaración de estado de Alarma, previsto específicamente para casos concretos, en la Constitución española en su artículo 116 y, consecuentemente, en base a sus artículos 28.2 y 37, declaró el estado de alarma por quince días, que pueden prorrogarse, con autorización parlamentaria; esto supone, la limitación, incluso del derecho de huelga legal, en casos que resulten un menoscabo de los servicios esenciales de la comunidad, limitación en definitiva, de los derechos de conflicto colectivo, que pueden adoptar, tanto trabajadores como empresarios. Así, el Presidente acogiéndose a una norma, preconstitucional, vigente, la Ley 48/1960, de 21 de junio, sobre navegación aérea, estableció el estatus de movilización militar, como autoridad compentente, bajo cuyas órdenes quedan los trabajadores incursos en el conflicto, en base a lo que establece la normativa de aplicación y, ello es así, porque la norma que regula el estado de alarma, la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, preve que habrá de tomar las riendas la autoridad competente, la cual resulta ser la militar respecto de la navegación aérea, procediéndose consecuentemente, a la intervención del Ente Público Empresarial AENA, de sus servicios y a la movilización de su personal.

Otra cosa, habrá de ser el análisis, sosegado y leal, de la situación y actuaciones previas llevadas a cabo durante meses de negociación colectiva infructuosa y, de las incidencias vividas, entre las partes, en sus relaciones laborales durante ese período;  AENA-Ministro de Fomento de un lado y, Controladores aéreos de otro; para poder dilucidar así, cuales son las causas que han hecho posible el desencadenamiento de tal situación irregular, que algunos centran en el nerviosismo propio de la presión y de las condiciones especiales de trabajo.

Ahora bien, los medios de comunicación y, a través de ellos el Ministro de Fomento, están dando la noticia continua y persistente, respecto de la depuración de las responsabilidades propias de los efectos de la conducta adoptada por los trabajadores pero, no puede escapar a nadie, la existencia de la otra responsabilidad de fondo, que es la principal causa del conflicto, incluso puede ser el origen del mismo y que, sin su concurrencia, podría no haber existido la reprochable conducta de los Controladores aéreos. Habrán de ser las actas, los hechos y pruebas de lo acontecido con carácter previo, las que nos hagan saber a la ciudadanía, quienes son los responsables últimos de la situación, y, con ello, en su caso, exigir su reparación.

Humildemente entiendo, que Don José Blanco, Ministro de Fomento, en su calidad de máximo responsable, siendo una de las partes en conflicto, haría bien, como un deber, en mantener una actitud imparcial en estos momentos en los que, existe una situación de estado de alarma, bajo la custodia de la autoridad militar, lo suficientemente seria, como para dejar que otros órganos del Gobierno lleven las riendas, al tiempo que las autoridades, fiscalía y en su momento jueces, adopten las medidas que correspondan.

Salvo mejor parecer

Baldo