07 diciembre 2010

El Ministro de Fomento, es una parte en el conflicto con los controladores aéreos

El conflicto surgido como consecuencia de la larga e infructuosa negociación del Convenio Colectivo, llevada a cabo entre AENA y los Controladores aéreos, ha llegado a una situación límite de las que, en muy pocas ocasiones se dan pero que, ello no quiere decir que no puedan darse o que no estén previstas por la Constitución y las leyes

Considerar como desmesuradas, las soluciones adoptadas por el Gobierno, el pasado viernes, no es una opción válida. Sin embargo, sí resulta de sentido común, exigir información clara sobre lo acontecido en el largo período de negociación sin éxito y, conocer a través de los representantes de los ciudadanos, con luz y taquígrafos, los pormenores de todas las discrepancias, de ambas partes, para que podamos concluir con mayor facilidad, sobre la depuración de responsabilidades, no sólo respecto del conflicto puntualmente desencadenado, sino, sobretodo conocer, quién o quienes, son los responsables del desencadenante, propio o impropio, que ha llevado a tal situación. Saber con certeza si ha habido cumplimiento del principio de buena fe en la negociación del Convenio Colectivo.

Como es sabido, la buena fe negociadora, implica evitar intimidación, maquinaciones dolosas, formulación de peticiones desorbitadas y, principalmente evitar actitudes absolutamente cerradas. El hecho en si, de a posteriori, en base a circunstancias siempre referidas a su adaptación a mínimos, con la mirada puesta en el principio de prevalencia del derecho fundamental al ejercicio del derecho de huelga, con la límitacíón concreta y expresa que la propia Constitución establece en su artículo 28.2, el cual dice: "... La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad." y, en su artículo 37.2, el cual dice: "...Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad"
existencia de causas abusivas puede llevar, dentro de toda lógica, a la ruptura de las negociaciones, que conllevarán, las también lógicas salidas legales, entre ellas, el derecho constitucional a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluido el derecho fundamental de huelga, amparado por la Constitución española y que, en nuestro país está pendiente de una regulación legal específica. Bien, llegados a este punto, es necesario recordar que la huelga para ser legal, habrá de cumplir con unos requisitos de procedimiento, cuyo cumplimiento, será analizado en mayor o menor medida por el juez,


Los Controladores aéreos, llevados, según ellos dicen, por motivos o acontecimientos previos que, podrán conocerse en fechas próximas, optaron por la adopción de medidas de conflicto colectivo, promoviendo una huelga ilegal a todas luces, con los efectos propios de dicha decisión, cuyas consecuencias, podrían haber sido otras, mucho más tenues, de coincidir con una actividad de menor relevancia pero, resulta ser que las circunstancias, coinciden con lo establecido en el texto constitucional, respecto del aseguramiento del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; incurriendo justamente, en una excepción a la prevalencia del derecho fundamental de huelga, al estar situado, en este supuesto, como prioritario el derecho de la comunidad, respecto del fundamental de huelga de los trabajadores.

El Presidente del Gobierno, en uso de su potestad, en pos del mantenimiento de los servicios esenciales, dispuso, de manera urgente, la declaración de estado de Alarma, previsto específicamente para casos concretos, en la Constitución española en su artículo 116 y, consecuentemente, en base a sus artículos 28.2 y 37, declaró el estado de alarma por quince días, que pueden prorrogarse, con autorización parlamentaria; esto supone, la limitación, incluso del derecho de huelga legal, en casos que resulten un menoscabo de los servicios esenciales de la comunidad, limitación en definitiva, de los derechos de conflicto colectivo, que pueden adoptar, tanto trabajadores como empresarios. Así, el Presidente acogiéndose a una norma, preconstitucional, vigente, la Ley 48/1960, de 21 de junio, sobre navegación aérea, estableció el estatus de movilización militar, como autoridad compentente, bajo cuyas órdenes quedan los trabajadores incursos en el conflicto, en base a lo que establece la normativa de aplicación y, ello es así, porque la norma que regula el estado de alarma, la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, preve que habrá de tomar las riendas la autoridad competente, la cual resulta ser la militar respecto de la navegación aérea, procediéndose consecuentemente, a la intervención del Ente Público Empresarial AENA, de sus servicios y a la movilización de su personal.

Otra cosa, habrá de ser el análisis, sosegado y leal, de la situación y actuaciones previas llevadas a cabo durante meses de negociación colectiva infructuosa y, de las incidencias vividas, entre las partes, en sus relaciones laborales durante ese período;  AENA-Ministro de Fomento de un lado y, Controladores aéreos de otro; para poder dilucidar así, cuales son las causas que han hecho posible el desencadenamiento de tal situación irregular, que algunos centran en el nerviosismo propio de la presión y de las condiciones especiales de trabajo.

Ahora bien, los medios de comunicación y, a través de ellos el Ministro de Fomento, están dando la noticia continua y persistente, respecto de la depuración de las responsabilidades propias de los efectos de la conducta adoptada por los trabajadores pero, no puede escapar a nadie, la existencia de la otra responsabilidad de fondo, que es la principal causa del conflicto, incluso puede ser el origen del mismo y que, sin su concurrencia, podría no haber existido la reprochable conducta de los Controladores aéreos. Habrán de ser las actas, los hechos y pruebas de lo acontecido con carácter previo, las que nos hagan saber a la ciudadanía, quienes son los responsables últimos de la situación, y, con ello, en su caso, exigir su reparación.

Humildemente entiendo, que Don José Blanco, Ministro de Fomento, en su calidad de máximo responsable, siendo una de las partes en conflicto, haría bien, como un deber, en mantener una actitud imparcial en estos momentos en los que, existe una situación de estado de alarma, bajo la custodia de la autoridad militar, lo suficientemente seria, como para dejar que otros órganos del Gobierno lleven las riendas, al tiempo que las autoridades, fiscalía y en su momento jueces, adopten las medidas que correspondan.

Salvo mejor parecer

Baldo

26 noviembre 2010

Las profesiones tituladas regladas y los nuevos títulos académicos oficiales, un posible debate

(Foto Baldo -en la exposición-)

Es este mi punto de vista, en el sentido del debate que se está dando entre profesionales que como base tienen una Licenciatura o Diplomatura Universitaria o similares y por los funcionarios que pertenecen a Cuerpos y Escalas del Subgrupo A-2  y también quienes pertenecen a Cuerpos y Escalas del Subgrupo C-1. La cuestión tiene diferentes vertientes y, entiendo que todas ellas son válidas, porque se ha legislado con bastante flexibilidad para tratar, parece, de contemplar muchas necesidades que pueden darse.


Es menester resaltar que, esta reflexión es extensible a Licenciados y Diplomados Universitarios en general, pues están en el debate, como he tenido ocasión de contemplar y participar, con independencia de que ahora, en este sitio se centre, un poco más, en la profesión de graduado social. Estamos aquí, tratando del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, (en adelante el Real Decreto).


Nadie quiera entender o, sacar de mis reflexiones libres, otra cosa distinta al análisis sosegado, de las opciones que la normativa ofrece a los titulados y profesionales titulados reglados, y que, como parte interesada y ciudadano, legítimamente me planteo y hago públicas en los medios y en los foros, abiertos o corporativos, para los que la ley me brinda dicha oportunidad, con serenidad y respeto, que por otra parte resulta imprescindible.


Así, al respecto, yo quiero diferenciar:


1º El aspecto académico del aspecto profesional.


2º Dentro del propio profesional, distingo:


a) Aquellos para los que pueda resultar de valor añadido a los actuales profesionales que tienen como título de base la licenciatura o diplomatura universitarias y, especialmente a quienes tienen la titulación de Diplomado Universitario, para quienes la convalidación para el acceso a titulo de Grado o directamente a Máster, se dispone, en algunos casos, una exigencia adicional.


b) Aquellos que, indiscutiblemente, por la juventud, les resulta más factible pasarse cuanto antes al Grado porque quizás  se verán inmersos en una nueva era, una nueva dinámica, tanto aquellos de  reciente incorporación a la profesión, como aquellos que puedan preocuparse, porque actualmente están en fase de salir de los estudios de Diplomado Universitario y, se encuentran con un cambio de planes de estudios, que les afectan (académicamente) o, en su caso, les pudiera afectar para su incorporación a la actividad profesional.


c) Aquellos que trabajando como funcionarios, pertenezcan a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A-2 y al Subgrupo C-1, preocupados para su ascenso, y que están o puedan estar en posesión de la titulación que sea exigible, en cada caso, para el acceso a Cuerpos de dichos Subgrupos A-1 y A-2.


Dicho esto, entiendo que para quienes siendo jóvenes y se fijan en el aspecto meramente académico, es totalmente cierto que, lo ideal sería convalidar el actual título de Licenciado o Diplomado Universitario y similares, por el de Grado y para ello, contar con las pasarelas que establece el artículo 13 del Real Decreto, además de contar con otras convalidaciones, en razón a los años de ejercicio u, otras circunstancias, a tratar con los órganos competentes de la Universidad.


El referido artículo 13 del Real Decreto, establece:

   1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
   2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
   3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.


Hay que tener en cuenta el número total de créditos del Grado, en torno a los 240, lo cual significa que para la convalidación habrán de conseguirse muchos créditos reconocidos, como formación básica; de conocimientos adquiridos en otras materias o; en la previa experiencia profesional, para que resulte una verdadera convalidación de estudios, en lugar de convertirse en la repetición de los propios estudios, aunque estos añadan nuevas materias, que habilitan para el desempeño de una actividad para la que, en principio ya están habilitados quienes poseen su titulación actual.


La cuestión, siempre desde mi humilde punto de vista, se centra en ver la mejor manera de aportar valor añadido a la situación profesional de los que ya están establecidos y ejerciendo su profesión o, quienes siendo colegiados pretendan en un futuro ejercer.  En definitiva, la mayoría de los colegiados, incluidos los que son funcionarios. Cuesta pensar que resulte agradable a cualquier profesional titulado reglado, ya sea licenciado universitario o similar (arquitecto e ingeniero), ya sea diplomado universitario o similar (arquitectos técnicos e ingenieros técnicos), convalidar su título actual al Grado, cuando este no le reporta ningún valor añadido para el ejercicio profesional, al estar por ley reconocidos todos los efectos profesionales e incluso académicos de su actual titulación. Pero ello no quiere decir, bajo ningún concepto, que se pretenda justificar aquí algo diferente, pues ante todo, siempre ha de primar la formación académica, basada en criterio personal de cada uno y orientada adecuadamente en lo referente a las salidas profesionales. Por ello, se hace necesario un debate que, ponga sobre la mesa, todas las posibilidades, sin renunciar a ninguna, a fin de que cada uno elija aquello que mejor le va, por estar contemplado así en la normativa. No hay que olvidar tampoco, por cierto, que con independencia de lo meramente profesional, función que recae en los Colegios profesionales, existe la libre opción de los interesados, quienes valiéndose de su propio currículo, pueden hacer uso de todas las opciones que la legalidad y la Universidad, en su conjunto, le ofrecen al respecto.


Bien, en base a la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto, en su punto primero, dice, cito textual: “Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”. Ello quiere decir que, quienes tienen su título universitario de licenciado o diplomado universitario, incluido logicamente el título oficial de Graduado Social Diplomado o Diplomado en Relaciones Laborales, mantendrán todos sus efectos académicos y profesionales. Por tanto, en este caso, profesionalmente un Graduado Social Colegiado (con título de diplomado universitario) que convalide al nuevo título de Grado, o cualquier otro profesional que dispone como base de su profesión de una titulación de licenciado o diplomado universitario y similares, no obtiene ningún valor añadido a su profesión, a salvo, claro está de una posible más actualizada preparación académica, que no se discute.


Llegados a este punto, conviene primero, resaltar que muchos colegiados graduados sociales tienen, con carácter personal, un título de licenciado universitario, y ello supone que conforme a la Disposición Adicional Cuarta, del Real Decreto, en su punto 2, pueden optar a un título de Grado, si lo desean, para lo que contarán con las oportunas convalidaciones de créditos para cursar dichos estudios o, pueden pretender acceder, también, a un Máster Universitario, sin requisito adicional, salvo algunas excepciones, contempladas en el artículo 17 del Real Decreto y, además, los titulados licenciados, ingenieros y arquitectos, si poseen el Diploma de Estudios Avanzados regulado en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril o, en su caso, la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, podrán optar al período de investigación del Programa de Doctorado.


Y, segundo, resaltar con más precisión, la situación de los Diplomados Universitarios, y aquí en concreto, entre otras, la de graduado social. Pues bien, la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto, de la que estamos hablando, en su punto 3 dice que, quienes pretendan obtener el título de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13, mencionado más arriba, resultando ser esta, la salida voluntaria, a mi entender, más acorde para quienes son de reciente incorporación o para quienes tengan un interés personal en la obtención del título de Grado, como currículo personal pero que, en base a la propia letra del Real Decreto que aquí debatimos, como ya queda dicho, entiendo que no aporta ningún valor añadido, desde el punto de vista del ejercicio profesional pues, los Licenciados y Diplomados actualmente colegiados de conformidad con el punto primero de la Disposición Adicional Cuarta, pueden seguir ejerciendo su profesión con plenos derechos e iguales competencias propias de su profesión e, incluso conservan todos los valores académicos propios de su titulación, así lo dice la letra del Real Decreto: “Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”, es de suponer, en pura lógica, que los estatutos colegiales, mantendrán en el futuro el respeto a tales efectos profesionales, de quienes poseen títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudio anteriores.


Esta y no otra, es la razón de que haya entrado yo a abrir un debate, bien entendido en algunos ámbitos, sobre la posibilidad, por fin, de aprovechar la oportunidad que nos brinda la normativa para que, los profesionales titulados en general y los graduados sociales en particular, perfilen un título de Máster Universitario acomodado a su condición de especial y específica y, consecuentemente negocien con las Universidades, la creación de un Máster que básicamente contemple aquellas materias de especialización, las que la profesión de graduado social estime necesarias para la especialización, a mayores, de su profesión, al tiempo que, pueda darse un paso hacia delante, en paralelo a otras opciones que nadie niega, añadiendo valor, invirtiendo en prestigio profesional especializado, sobre todo aquellos que ya tienen reconocidos los efectos académicos y profesionales con su actual titulación.


El párrafo segundo, del punto 2, de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto dice, en referencia a los Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos: “Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas”. Esto quiere decir que, si se negocia, o se diseña por un grupo de académicos, un Máster específico, que suponga una rentabilidad a las dos partes (profesionales y Universidad), de manera que la Universidad, a tenor de su autonomía, al crear el perfil del Máster, pueda exigir formación adicional concreta para el acceso, valorando incluso el ejercicio profesional, estaríamos ante una oportunidad muy interesante para dar un paso cualificado en la especialización, haciendo una pasarela directa al Máster Universitario que está contemplado en la normativa, la cual, no ha dejado desamparados a los Diplomados Universitarios, que quieran optar por una titulación de Máster Universitario Oficial, con todos sus derechos, pues, continuamente se hace referencia al artículo 17, que habilita la posibilidad de exigir formación adicional para el acceso, conducente a dar el rango necesario a la convalidación y al pase directo a Máster, quitando así de tajo, importancia a afirmaciones tales como, que el pase directo a Máster es de menor entidad, subsanándose tales desconfianzas por esta vía. Consecuentemente, a mayores viene a reforzar y completar dicha posibilidad, gratificando el esfuerzo exigido a los aspirantes, con la oportunidad de que los créditos invertidos en la formación adicional de acceso, sean tenidos en cuenta como créditos del propio Máster Universitario, así lo establece el artículo 17 del Real Decreto, que dice: “Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad", el punto 2, dice: “La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120”.


En lo referente a los funcionarios actualmente pertenecientes al Subgrupo A-2 y los que, pertenezcan al Subgrupo C-1, los cuales pueden acceder al Grupo A, si poseen la titulación exigida, decir que, al establecer el Estatuto Básico del Empleado Público, que para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo A, se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado, pudiera darse una situación injusta, a mi entender, pero que resulta ser una cuestión de otro ámbito, más propia de la negoción colectiva funcionarial y de los empleados públicos en general, dentro de las Mesa General de Negociación de la Función Pública, al margen de la condición de las profesiones tituladas regladas, aunque en pura lógica, los colegios deberán de aportar su granito de arena, si cabe, en la solución de cualquier injusticia de este tipo, al haber colegiados que la sufren, como también es el caso. La cuestión estriba en que al exigirse el título de Grado, quienes pertenecen actualmente a Cuerpos y Escalas de los Subgrupos A-2 o C-1 y no poseen la titulación de Grado, se quedan, en principio injustamente en una situación que no ha sido contemplada con toda claridad, al menos transitoriamente, cuestión que principalmente corresponde debatirse en el ámbito de las mesas de negociación de la función pública, dado que el EBEP en su D.A. Tercera, se limita a decir: "Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguiran siendo válidos los titulos universitarios vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto". A este respecto, entiendo también que el propio Estatuto Básico del Empleado Público crea otra posibilidad, que se intuye de su propia letra, la cual aún distanciaría, injustamente, más la probabilidad de acceso al Subgrupo A-1 a quienes pertenecen actualmente al Subgrupo A-2 o, al Subgrupo A-2 a quienes pertencen al Subgrupo C-1, toda vez que para algunos Cuerpos podrá exigirse otra titulación universitaria, lo cual, sin duda se dará exigiendo mayor rango de titulación académica, repárese en que el EBEP sigue diciendo, respecto del acceso al Grupo A: “… En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta”, ello sin duda alguna, se está refiriendo a la exigencia concreta del título de Máster o Doctor, dado que, la clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. Nadie dude que, una vez se exija para un Cuerpo del Subgrupo A-1 el título de Máster, todos tenderán a dicha exigencia.


Esta es la situación, la normativa dice lo que dice porque lo quiso decir así, ahora su desarrollo se está llevando a cabo, con más o menos destreza, por quienes habrán de ser sus destinatarios, contando con más o menos eficacia, en base a factores tales como, la fuerza, la claridad y los deseos de cada uno, en base a los legítimos derechos libremente ejercidos. Todas las opciones que ofrece la normativa deberán de ser atendidas, en evitación de un trato injusto a ciertos colectivos.

Salvo mejor parecer

Baldo

14 noviembre 2010

Es la hora de la iniciativa ciudadana, si el Gobierno no se sube, se quedará en tierra

Sólo los españoles están legitimados para defender los intereses de España y, eso significa que cuando el pueblo, desde la calle está manifestando una manera de ver las cosas, el Ejecutivo tiene que saber usar su apoderamiento legitimo, antes de anteponer ningún interés, sin contar con los ciudadanos, lo cual significa que, sin dilación, ante la duda evidente del Presidente Zapatero, frente a los inhumanos sucesos contra los saharauis, debe primar, la consulta parlamentaria, seguida de una contundente intervención formal del Gobierno, sin que otras voces puedan adelantarse, con oportunismo, en un intento de dirigir a la opinión pública. ¡No podemos abandonar a los saharianos!

Se ha vendido, el cambio de algunos miembros del Gobierno como, un paso hacia la información pública, y como medida para la clara explicación de lo político, con lenguaje más próximo a la calle pero, no, las cosas no han cambiado. El problema crónico de algún acompañante próximo al Presidente, sigue siendo la lentitud en la toma de decisiones, ello es un proceder permanente y contínuo allí donde uno quiera orientarse, ya sea en sus empresas públicas, en sus decisiones para dar soluciones al desempleo o, en la interminable puesta a punto de la reforma laboral.

Jugar con las posibles debilidades de los interlocutores sociales y, con la desorientación ciudadana motivada por la crisis, que han montado otros, va a traer consecuencias graves, innecesarias.

La reforma laboral, hace tiempo que debió de producirse de manera contundente, con claridad, hablando y contando a los ciudadanos cual es la situación. Se han tomado medidas preliminares, reduciendo el salario de los funcionarios, retirando derechos y, nuevamente, hemos caído en la incertidumbre, en la lenta acción de gobierno, todo se eterniza, instaurándose el aburrimiento.

Mientras tanto, algunos militantes, muchos simpatizantes y la gran mayoría de los votantes socialistas buscan liderazgo, algo distinto a la actitud seria y rígida de Pepe Blanco -también vicesecretario general del PSOE-, que no cae bien a la gente, desde que han visto en él,  un proceder empresarial nefasto e impositivo, que no se ha traducido, en eficacia, tampoco en eficiencia, advirtiéndose, que sus proyectos no alcanzan a satisfacer, siquiera, las expectativas generadas.

Nadie se engañe, la fuerza está en la gente, son las trabajadoras y los trabajadores, la ciudadanía, la clase empresarial, las personas con talento, las que hacen posible que todo funcione. No es tiempo de miramientos, no cabe el pesimismo, lo que hay que ser es claros y actuar. Suenan bien estas palabras: "cualquier día, sin decirnos nada, nos miraremos unos a otros y, nos plantaremos", esta frase, pronunciada en parecidos términos por Iñaki Gabilondo, la tengo permanentemente en mi memoria.

Es la hora de la iniciativa ciudadana, si el Gobierno no se sube, se quedará en tierra.

Salvo mejor parecer

Baldo

26 septiembre 2010

Huelga sí, como un deber para exigir un giro.

Apoyo a los trabajadores desfavorecidos. El Presidente del Gobierno de España, no lo ha hecho.

El descuido de algo tan sencillo y la a vez indispensable, como el profundo respeto por las trabajadoras y trabajadores o, por la exigencia de altura a los poderosos, le pone en el punto de mira de todos los españoles e incluso de afiliados al PSOE. Por si fuera poco, Zapatero prescindió de la preceptiva información a los agentes sociales, respecto de los presupuestos del Estado.

A decir de los responsables de las organizaciones sindicales más representativas, el Gobierno ha incumplido con los deberes de informar, lo que viene a ser lo mismo que no tener en cuenta a los trabajadores. Altivo, en su feliz andanza a lomos de su particular Rocinante, en la busqueda solitaria de una solución al creciente desempleo, con una reforma laboral desafortunada.

El buen hacer en las reformas civiles, se ha visto ensombrecido por la falta de información y por su política de oídos sordos a las demandas de los más perjudicados por la crisis.

Finalmente, no ha sabido estar a la altura, tampoco ha tenido tiempo de aplicar el bálsamo de Fierabrás, a cambio de cuya receta, Sancho Panza, habría renunciado al gobierno de la prometida ínsula.

La reforma del sistema representativo de los trabajadores, necesaria de urgencia, está siendo utilizada, por sectores poderosos, con interés y fijación en el debilitamiento de las organizaciones sindicales, tras lo cual vendría la total vulnerabilidad de los trabajadores. La falta de destreza del Gobierno para hacer frente a las presiones de los mercados, repartiendo la carga, nos lleva a pensar en cambios de liderazgo, pero sin que ello suponga apartarse de la izquierda que, ahora, parecen querer dejar los gobernantes.

El cambio de las actuales políticas es indiscutible, La situación resulta insostenible, el Gobierno anuncia una continuidad en su postura contraria a la definitiva consolidación de la España social, que respete a los débiles exigiendo altura a los poderosos.

El indiscutible cambio es posible, los ciudadanos en general, trabajadores y trabajadoras, los militantes de izquierdas, los socialistas del PSOE incluidos, habrá de asumir como un deber el exigir un giro certero para que la crisis la paguen sus causantes.

Salvo mejor parecer

Baldo

25 septiembre 2010

Zapatero defiende los derechos por la igualdad. Aquí cabemos todos

En este tema es clara la sensibilidad desde el Gobierno de Zapatero con los pueblos marginados, se ha actuado por la integración real, y va más allá de nuestras fronteras; con el apoyo incluso económico a otras culturas, consolidando proyectos comunes por la diversidad y por el desarrollo, y participando del compromiso por la mejora de la calidad de vida integral, como parte de principios y valores de la izquierda demócrata y en lo personal.

La línea de lo políticamente correcto, juega muchas veces malas pasadas, sobre todo cuando somos espejo público de lo que puede parecer contradictorio. No es contradictorio cumplir la ley, y en eso todos los ciudadanos habremos de ser iguales.

Otra cuestión muy diferente es la discriminación irracional, la persecución del débil, del pobre, del inculto, del que tiene una suerte peor por raza, por medios o por no ser la cultura oficial. Y, en esto hay que hablar claro, Zapatero es consecuente con lo que defiende, las políticas de integración están en marcha, y en absoluto ha mermado su compromiso personal y solidario con los más desfavorecidos, porque sabe que es el verdadero progreso para un país y para el resto del mundo.

Políticas en las que todos debemos de ser consecuentes, no hay que mirar para otros, hemos de ver qué es lo que podemos hacer y hacerlo, desde nuestros  pensamientos, ideas  o principios,  y no hay que mirar para otros pueblos cuando en nuestra comunidad cercana, nuestro pueblo o ciudad sabemos, somos conscientes de la marginalidad en la que viven nuestros vecinos, de las dificultades y carencias por las que pasan día tras día, es aquí en lo próximo donde nuestro compromiso y apoyo es más real, a las familias, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos.

Las políticas son la expresión de los valores y los principios de las mujeres y hombres que nos representan, pero también son las definiciones personales de cada uno de nosotros, lo que ven los demás es lo que somos y hacemos, no se puede mantener la ficción mucho tiempo, nuestros actos son tan importantes como nuestras palabras.

Rotundamente no, es la respuesta a quienes prentenden insinuar que Zapatero no tiene en cuenta a los gitanos. En España, con el actual Presidente, los gitanos son los primeros en saber que no son diferentes. La pregunta bien podría hacérsele a otros y ver si son capaces de hablar con claridad, ya no sólo respecto de los gitanos.

Por Dolores Sánchez Monclova

18 julio 2010

¡Una verdadera reforma laboral!

 Foto Rio Lagares  (Baldo)

No hacen falta defensas a ultranza respecto de la figura del Presidente del Gobierno, de si es un peluche debilucho o un hombre de acero. Las críticas modestas, sinceras y constructivas siempre le han venido por esa aparente lentitud en la adopción de medidas o, por el empeño en mantener a toda costa, hasta el suspiro último a quién, por activa y por pasiva, debería haber sido sustituido desde largo tiempo. Son criticables también, auque de ello habrá que hablar en otro momento, las conductas inadecuadas que se están llevando a cabo en las empresas del Estado, gestionadas sin cumplir con la normativa a pies juntillas, en materia laboral y de salud y seguridad en el trabajo.

Las reformas, que está llevando a cabo Zapatero, son de mucho más calado de lo que realmente percibe la gente y ello, es fruto de una nefasta política de información pública, de no saber hacer llegar la política a los ciudadanos, sin mediar precisamente el lenguaje político. La gente quiere saber lo que ocurre y el por qué de las cosas.

No reconocer que se está produciendo una profunda transformación legislativa y una modernización sin precedentes, tendente a sentar las bases para un tiempo diferente, es ser canalla, es posicionarse en contra de los intereses ciudadanos y ello, sin aportar nada. El plan de la oposición política española es nefasto.

Los trabajadores están inquietos pero, al mismo tiempo confiados en el Presidente, con la esperanza puesta en su palabra

La reforma laboral habrá de ser profunda si realmente, los términos ¡cueste lo que me cueste! del Presidente, significan estar con los conciudadanos, antes que con los electores. No hemos perdido la esperanza.

Modernizar el mercado de trabajo, habrá de ser para los que ya peinamos canas, cambiar todo aquello que está haciendo imposible avanzar, eliminar posturas tendentes a obstaculizar el progreso, apoyar el compromiso serio y humilde de los dirigentes sinceros.

Son claves, para el inmediato futuro, los cambios legislativos; es una garantía de credibilidad la tangibilidad normativa, conseguida con tesón, negociada, luchada.

Así, la responsabilidad penal de las empresas; la penalización de los fraudes contractuales laborales; la reforma de las pensiones; la implantación de un contrato indefinido base y fuerte, que permita un clusulado técnico y eficaz, junto al mantenimiento de los contratos temporales específicos estructurales y especiales sectoriales; la adecuación a Europa, del tiempo de trabajo y la jornada. Todo, habrá de ser la plataforma de un tiempo diferente tras la crisis.

Ha llegado el momento de poner sobre la mesa soluciones, además de condiciones; renuncias a cambio de garantías de futuro; un cambio leal de empleo en precario por otro posible y cierto. Al lado, las reglas del juego; la inaplazable ley de huelga;  la modernización del sistema de negociación colectiva; un nuevo orden representativo social, acorde con los tiempos.

El profundo respeto por las trabajadoras y trabajadores y la exigencia de altura a los poderosos.

¡Una verdadera reforma laboral!

Salvo mejor parecer

Baldo

26 junio 2010

Alternativa para un avance en las políticas sociales

Uno de los retos de las políticas progresistas de bienestar en Galicia es que, incluso, en tiempos de crisis, las políticas sociales continúen siendo pilares protagonistas del compromiso, de la calidad de vida de aquellas personas que, por sus especiales características y situaciones, necesitan del apoyo y garantía de actuaciones desde la responsabilidad de la Administración Pública.

Estamos convencidos que nuestra sociedad tiene una responsabilidad hacia esos colectivos, y han de ser asumidos en base a la solidaridad, la no discriminación económica, la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos, y es obvio que desde el ámbito privado el acceso a los medios y garantías es patrimonio de los que disponen de rentas elevadas.

Por ello creemos que, desde el Estado de Derecho, las personas mayores, los jóvenes y los discapacitados, han de estar amparados con políticas consecuentes, generadoras de mejoras en las condiciones de vida de las personas con un mayor riesgo de exclusión social.

Tenemos que encontrar, desde la innovación, buscando un verdadero bienestar social y de progreso, fórmulas que nos marquen ámbitos de convivencia entre colectivos diferentes, pero que a la vez son complementarios. Mejorando las infraestructuras, con más cohesión humana y una responsable gestión financiera.

La "humanización" en esos centros es fundamental. Y debe ser a través de la integración en la vida  del centro y de éste con el resto de su comunidad.

La creación de Centros Mixtos podrían formar parte de la infraestructura, partiendo de la Ley de Dependencia; éstos centros experimentales "mixtos", podrían ser de dos tipos; unos, acoger a personas mayores y a jóvenes;  otros, a  personas capacitadas y discapacitadas.

Se podrían refundir, en un futuro inmediato, aquellos centros que ya existen, para una mayor integración y eficacia, supondría también un importante ahorro, en este período de crisis, siempre pensando en la sostenibilidad de futuro.

Promover, estimular un mayor grado de compromiso e implicación de las personas capacitadas y de los jóvenes en tareas de relación, cooperación con las personas discapacitadas y con los mayores, es desde luego, defender activamente y en la práctica, desde el compromiso y la solidaridad, lo que diferencia a los que gobiernan y gestionan, desde la responsabilidad política, el progreso equitativo, y la educación en valores de una sociedad y de un país.

Por Dolores Sánchez Monclova

19 junio 2010

Saramago, ¿aparecerá la izquierda?

Las hermosas reflexiones de José Saramago dejaron de salir, con asiduidad, desde tiempo reciente. Personalmente he sentido su falta, la visión sencilla y clara de los sucesos cotidianos al lado de la fuerte convicción de izquierdas y esa rebeldía inamovible, que resulta contagiosa.

Iberista de pro, convencido de su linda utopía en la que le gustaría ver una España y Portugal unidas en un país nuevo. Una manera de hacernos sentir importantes a todos los soñadores, siquiera, montados en una nave imaginaria, que nos hace recorrer el mundo, sentir cercano aquello que los demás no alcanzan a ver, que discuten incluso la certeza de su existencia.

¡No importa!, todos los días somos testigos de atropellos mil y de injusticias. La solución está en hacer, en pensar, en poner cada cual un granito de arena en positivo. Está en que aprendamos a escuchar a quienes aun pensando distinto, nos son próximos.

Duele profundamente, a quienes tienen pensamiento de izquierda, observar a una jauría presionando al Presidente del Gobierno, sin hacer, salvo excepciones, una apuesta decidida por plantear soluciones, por aportar argumentos, ante la dificilísima situación que nos está tocando vivir, provocada por otros ajenos que, ahora están inactivos también. Tampoco ahora la izquierda reacciona para hacer saber a los currantes, a los que han de pagar el pato, que es hora de ponerse firmes, de decir a todos que arrimar el hombro una vez más, supondrá pasar factura a quienes no lo están haciendo, a quienes con su actitud, han dejado al Presidente sólo. No caigamos en el triste error de pagarlas con quien, está echando mano de lo único que tiene, pero hagámosle ver que las cosas son así, que debe saber, con los pies en el suelo, quienes son los suyos, conocer realmente a quien tiene. Pedirle al Presidente Zapatero que se exprese, que de cuentas sin rubor, que nos cuente lo que está pasando. ¡Le oiremos gustosos!

He seguido a Saramago en sus reflexiones, la noticia de su muerte, me trajo a la memoria su artículo titulado: "¿Dónde está la izquierda?" en el que, aludía a una frase que soltó en una entrevista de un diario sudamericano: "La izquierda no tiene ni puta idea del mundo en que vive" y continuaba diciendo que, a su intención deliberadamente provocadora, la izquierda le respondió con el más gélido de los silencios, tanto el partido comunista del que era miembro, como los partidos socialistas gobernantes en España y Portugal, nada, nadie salió al paso de sus palabras, haciéndole sentirse un pobre viejo del que no importa su opinión, comprobando que sus palabras habían caído "al putrefacto charco de la indiferencia". Finalmente Saramago decía: ¿Dónde está la izquierda? No doy albricias, he pagado demasiado caras mis ilusiones.

Hoy, situado en otro espacio del tiempo, ocupando otro lugar, afianzado en la adecuada estatura, que siempre tuvo, quizás pueda no sentirse víctima de una cirrosis mental, ni como un pobrecito viejo, redivivas sus opiniones y por qué no, su provocación.

Mientras tanto, la izquierda podría encontrarse a sí misma y reaparecer pensando, actuando, arriesgando.

Salvo mejor parecer

Baldo

10 junio 2010

Cien años de los socialistas en el Parlamento

"No sólo hacen adeptos los partidos con sus doctrinas, sino con los buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres" (Pablo Iglesias)

Su coherencia ética, su llamada a la regeneración y a la esperanza de un mundo más justo, son los rasgos fundamentales de su trayectoria vital.

Hoy se conmemoraba  en el Congreso de los Diputados el aniversario de los cien años de la entrada como el primer diputado, en 1910,  del fundador del Grupo Parlamentario Socialista.

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, en su discurso destacó que con "Pablo Iglesias entró en el Hemiciclo la voz del pueblo llano y de los desheredados", "la radical rebeldía frente a las injusticias" y "la austeridad que demostró en su propia vida".

Después de una infancia rodeado de dificultades, en un entorno de dureza y de pobreza  muy propio de la clase trabajadora de aquellos años, y que forjaron su carácter reivindicativo y luchador. Y que como persona comprometida consigo mismo, con los ideales y con los principios socialistas, llevó a todos los ámbitos, con afán de superación para formarse y de resistencia ante las adversidades que le acompañaron hasta el final de sus días.

En 1905 fue elegido por primera vez  Concejal del Ayuntamiento de Madrid y en junio de 1910 fue elegido primer diputado socialista que entra en el Parlamento español.

Hoy Alfonso Guerra ha dicho unas palabras que son válidas para todos los socialistas y todas las socialistas, de ayer, de hoy y del futuro, "lo que da coherencia al socialismo son los valores que lo sustentan, no las tácticas o las estrategias".

En una época diferente, con una coyuntura diferente, con una sociedad diferente, lo que nos da fuerza y credibilidad a nuestra forma de pensar y de actuar en democracia, son nuestros valores, tan válidos ayer como hoy, el sentido de la justicia, la defensa de la libertad y la voluntad de solidaridad, porque "sino vivimos como pensamos, acabaremos pensando como vivimos".
Todavía tenemos un proyecto social que nos lleve a un Estado del Bienestar fuera de nuestras fronteras, y es emocionante, y educativo pensar que han sido hombres como Pablo Iglesias los que han defendido las causas nobles sin pensar en su propio interés personal, dejando el testigo a las generaciones venideras de hombres y mujeres comprometidos con sus mismos principios. Los avances sociales, desde entonces, que se han conseguido son fruto del esfuerzo de muchos, porque los hechos son más elocuentes que las palabras, y es evidente que las condiciones de vida y trabajo en los últimos treinta años de democracia, en España han tenido una transformación muy importante.

Porque todavía quedan cosas por hacer, y metas que conseguir, tenemos el pensamiento, el convencimiento y el espíritu para trabajar por una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, por una Europa más cohexionada socialmente y colaborar con otros pueblos y ayudarlos a prosperar.

Por Dolores Sánchez Monclova

09 junio 2010

La crisis la venceremos entre todos.

El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones (Winston Churchill);  esta frase podría venir muy bien para la actual situación política.

Con más de cuatro millones de parados, con una situación económico-social que va remontando lentamente. El panorama que está creando el recorte de gasto público, con medidas de ajuste presupuestario que van a afectar principalmente a los funcionarios públicos y a los pensionistas. Medidas drásticas, que sabemos, se han tenido que adoptar, impuestas por las Directivas europeas y el Fondo Monetario Internacional y, que han provocado sinsabores en los ciudadanos, que no logran entender que el coste de la crisis, que ellos no han provocado, tenga que repercutir, en mayor o en menor medida, en las arcas de las economías más modestas.

Si bien es cierto que los funcionarios públicos tienen una estabilidad laboral, determinada por la fijeza en el empleo, también es bien cierto, que en los niveles más bajos de la escala funcionarial, los salarios no superan  los índices de muchos trabajadores laborales. Son los "obreros de la función pública", conserjes, celadores, cuidadores, auxiliares, policías, camineros, bomberos, forestales, etcétera. Por lo que, no es lo mismo en un ajuste a la baja del salario, una reducción alta para un puesto de nivel superior, que un porcentaje que puede parecer suave para el pequeño funcionario que tenga una renta baja de por sí (aunque el ajuste sea progresivo en función de los ingresos) y, en muchos casos por una prestación técnica y/o asistencial, donde la calidad del trato humano es un valor añadido incuestionable y de díficil cuantificación económica.

Entendemos que, el funcionario tiene un trabajo fijo y que un pensionista tiene su pensión mensual garantizada, afortunadamente. Pero ello no es óbice para que se les imponga o se les pida un sacrificio, sino que en paralelo es necesario que se adopten otras medidas de ajuste del gasto público, sobre todo de los ingresos públicos.

Ahora toca la reflexión de todos, gobernantes y gobernados, de los ciudadanos españoles, en su inmensa mayoría trabajadores, que temen perder las virtudes del Estado del Bienestar, que hemos ido adquiriendo en democracia.

Desde la madurez y desde la reflexión, los españoles podemos entender que se nos diga que "arrimemos el hombro", pero han de ser los hombros de todos, ciudadanos y ciudadanas de este país, hay que explicarlo y, sobre todo, hay que aplicarlo, bien. Con claridad, con mesura y con sentido de la justicia.

Habremos de ser  "al mismo tiempo todos", como dice el slogan "de esta crisis saldremos entre todos". Para eso es necesario adoptar medidas que estimulen y dinamicen la Administración Pública, vía ingresos tanto de las rentas del trabajo, en función de la capacidad económica de las rentas más altas como de las rentas de capital.

Por una reposición del Impuesto sobre el Patrimonio, por el aumento de los ingresos fiscales adicionales y por la reforma del sistema financiero, con la imposición de nuevas reglas para su control. Así como, reordenar y simplificar el sector público, no mermando la estructura que sostiene las garantías públicas en materia de salud, educación, vivienda. Pero sí, revisando aquellas inversiones que puedan ser susceptibles de ralentizarse o de suprimirse, y también racionalizar con criterios de austeridad, aquellos servicios y complementos adicionales, que no sean estrictamente necesarios para el buen funcionamiento y que, están a disposición del personal de Alta Dirección, ejecutivos de la Administración Pública Central y de las Autonomías.

El sector público, necesita una profunda reestructuración en aras de un mejor y mayor servicio a los ciudadanos y mejorar su rendimiento/coste.

Pero, no entendemos la actitud oportunista y electoralista del Partido Popular, en una situación de crisis tan preocupante que necesita el apoyo al Gobierno y al país, "de todos", con responsabilidad y amplitud de miras, porque hay que generar confianza en los mercados internacionales.

Ya llegará el momento de discutir, de consensuar, o de renovar. Los ciudadanos deciden.

Porque, como país no podemos dar imagen de divididos fuera, aunque tengamos que exigir a nuestros gobernantes dentro.

En democracia, el gobierno es del pueblo, y ese pueblo inteligente, es quien espera que nuestros gobernantes actúen con coherencia y con decisión.

Por Dolores Sánchez Monclova

07 junio 2010

Apenas queda tiempo, Zapatero

Y mientras Zapatero va confeccionando un nuevo Gobierno, llega la hora de las huelgas y, lo más probable es que el cabreo de los empleados públicos con una jornada de paro, no resulte suficiente, que los gobernantes les pongan en la diatriba de plantearse salidas más severas, como la de desviar el voto a opciones más rentables, habidas o quizás por venir. Cualquier cosa, menos caer en las garras de Cospedal, que lleva días anunciándose como la solución para los trabajadores españoles.

No obstante, antes quedaría una posible salida inteligente, que pasaría por recurrir a la cordura y contar, definitivamente, con quienes hacen posible que las cosas funcionen poniendo, en lo alto, a los que han debido estar siempre, porque Zapatero da la sensación de haberse olvidado de su propio Partido. Así, bajados de la burra, no estaría mal, ir pensando también, en medidas eficaces de coaliciones para ir capeando el temporal sin riesgo de naufragio.

En medio de la tempestad, no dejar pasar la oportunidad de centrar la normativa laboral con la mirada puesta en el futuro, sin desigualdades entre las partes, aprovechando las actuales circunstancias para que los empresarios se vean abocados al cumplimiento real de lo acordado. Sí, de aquello que hoy es vigente y nadie cumple, como la salud laboral; el fraude en las contrataciones, del que incluso alguna empresa publica, desvergonzadamente pretende justiciar ante los representantes del pueblo; de aquello que suponga un verdadero cambio de modelo productivo; de la prohibición de ayudas a quienes no son solidarios; de los cambios necesarios para el mantenimiento de las garantías sobre las pensiones; de la decidida erradicación de duplicidades administrativas. Todo ello sin miedo, con un profundo respeto por los débiles y por quienes le han dado su confianza.

Apenas queda tiempo, Zapatero

Salvo mejor parecer

Baldo

21 mayo 2010

El papel de la ética política en la España democrática de hoy

(Foto Aznar catedrático de ética política y humanidades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia)

Es necesario, hoy más que nunca, reivindicar la honestidad y la ética en nuestra clase política. Todos entendemos que no es fácil hacer buena política, pero también sabemos que, cuando se utilizan medios y procedimientos impropios para fines supuestamente justos y democráticos, se está haciendo una mala política, o lo que es lo mismo, una política corrupta.

Los ciudadanos asisten como espectadores impávidos a los escándalos urbanísticos, corruptelas, mercadeos, etcétera, con el desencanto de ver que "algunos políticos" se enriquecen y prosperan de forma oscura y lujuriosa, y se mueven muchos de ellos, o así lo piensan muchos ciudadanos, cobijados por poderes mediáticos, medios de comunicación, económicos, enraizados de manera tal en el sistema democrático, que resulta muy díficil, incluso para la justicia, esclarecer y delimitar responsabilidades  incluso personales cuando están al amparo, tergiversan y manipulan, porque tienen los medios, a la opinión pública.

Entorpecen las acciones de investigación y judiciales, y empieza a ser decepcionante que muchos ciudadanos piensen que "sí todos somos iguales ante la ley". Resulta cuando menos sorprendente, por el contrario, la celeridad y eficacia con que se ha intervenido en cortar los procedimientos en los que intervenía el juez Baltasar Garzón, que también instruía la investigación de la trama Gürtel.

Como asegura Garzón "resulta imprescindible un poder judicial fuerte, independiente e inamovible, capaz de investigar y castigar la corrupción por encima de cualquier otra circunstancia, siempre desde la legalidad, pero sin la mediatización de quienes pretenden ejercer un control político sobre él, desde dentro o desde afuera".

Y resulta imprescindible una cultura política de la honestidad, actuando en libertad es posible equivocarse, pero está legitimado y, es posible rectificar, es apostar por el progreso, y el progreso de un país democrático es, a la postre, el progreso de todos sus ciudadanos, hombres y mujeres.

Tan importante como la capacidad para gobernar, es la capacidad de trabajar eficientemente, desde la ética, por el bien común de un país.

Hay que impulsar, mediante la ética, la buena política y, mediante la crítica, la mala política.

Los medios de comunicación han de actuar con profesionalidad, responsablemente.En un mundo, donde la capacidad para comunicar, para dar y crear opinión ciudadana, donde algunos medios visuales y gráficos utilizan cualquier arma a su alcance para aniquilar moralmente y de forma controlada, olvidando que el compromiso, lo es con la sociedad civil, que la libertad de prensa, de expresión y de opinión, en un estado democrático, ha de ejercerse con rigor, formalismo y dignificando la profesión, y no como un medio político para defender o justificar a personajes o colectivos subceptibles de ser investigados por su gestión fraudulenta. Haciendo un juicio paralelo con el que limpiarles la imagen o incluso culpabilizar a quien o a quienes han descubierto y sacado a la luz las tramas en las que pudieren haber tomado parte.

La transparencia, la honestidad, la profesionalidad, la responsabilidad, son las virtudes del Estado de Derecho.

El Imperio de la Ley ha de ser el himno que entone nuestra joven democracia, la conciencia social, la libertad, la justicia social, la igualdad y la solidaridad, su escudo.

Por el compromiso y la dignidad de nuestros políticos.  EscuchaESPAÑA CAMISA BLANCA

Por Dolores Sánchez Monclova

15 mayo 2010

Zapatero, desde esta parte respeto, prudencia y contundencia

Desilusión, frustración y rabia, reflejan el estado de ánimo de las clases sociales más bajas de la sociedad española.

La mayoría de los votantes de izquierdas se preguntan: ¿Por qué no incluyeron en el paquete inicial a quienes más tienen?

Una vez más, pudiera ser que los ciudadanos estén más enfadados por las formas que por el fondo.

¿Son necesarias las medidas de ajuste?, si. ¿Son acertadas las medidas adoptadas?, en parte si.

Ayer, en un emotivo acto de entrega de premios Primero de Mayo, llevado a cabo por CCOO de Vigo, se notó tensión en el ambiente por distintas razones, todas ellas de profundo calado en los ideales. Uno de los galardonados que no pudo asistir, por razones obvias, el Magistrado Baltasar Garzón, centró gran parte de las intervenciones interrumpidas continuamente por la ovación y muestras de solidaridad y cariño de los presentes. De fondo, también cierto resentimiento por la decisión del Gobierno de adoptar medidas de ajuste económico, dirigidas de una manera contundente hacia sectores poco favorecidos de la sociedad, caso de los pensionistas. Entre los intervinientes en el acto, destaca la de un invitado venido de Madrid, en nombre del Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quién aludió a la muy probable posibilidad de una huelga general, intervención que recibió aprobación y aplausos.

El Gobierno, todavía debate la adopción de medidas que incluyan en el paquete, tarde, a las personas que tienen más capacidad económica. La duda siembra discordia y pasará una factura muy cara.

Nadie duda, de que las medidas drásticas adoptadas por el Presidente Zapatero, son una respuesta necesaria a la desconfianza internacional ante las previsiones fatalistas del déficit español. Aunque algunos, como el Partido Popular, se empeñen en dar la espalda en momentos clave para la economía española, sabemos, que todo es poco para evitar el pánico en los mercados y alejar las dudas sobre la estabilidad.

Las adversidades sobrevenidas, habrán de ser asumidas.

De todos es conocido que en la mesa tenemos, por más que nos pese, la discusión seria y sosegada sobre cuestiones de futuro a adoptar casi de forma inmediata, que por impopulares que resulten, por el bien común conviene afrontarlas, pero habrán de hacerse contando con sus destinatarios, amparados por el más exquisito respeto a los ciudadanos y especialmente a los votantes de un proyecto progresista. Retrasar la jubilación, congelar gastos superfluos, atajar el fraude fiscal, ¿por qué ocultarlo?

La competitividad y las prejubilaciones, aunque estas últimas suponen un gasto a evitar, no es menos cierto que en concretos sectores que están resultando improductivos, al estar sometidos a cambios coyunturales emanados de Directivas europeas, caso, entre otros, de empresas estatales de una considerable dimensión, como Correos y Telégrafos, en la cual, dado el gran número de funcionarios adscritos, permitiría una opción de reajuste de plantillas al tiempo de consolidarse empleo, haciéndose un canje de funcionarios, que han cotizado más de 30 años, por desempleados integrantes de sus propias listas de contratación, aplicándose un porcentaje de salidas que permita una estabilización de las plantillas y una reorganización de los efectivos, con vistas a la competitividad.

Mientras tanto, produce escalofríos, escuchar a la oposición del PP, manifestarse en pro de evitar las restricciones sociales. No podemos seguirles el juego, por esta parte sólo cabe decirle a Zapatero que responderemos con respeto, prudencia y contundencia.

Salvo mejor parecer

Baldo

02 mayo 2010

Sindicatos, una oportunidad

(Foto: Maite Gimeno en elCorreoGallego)

Un año más se ha perdido la oportunidad de unidad sindical, cuando menos, coincidiendo con el primero de mayo.

Los tiempos invitan a plantearse plataformas sindicales estables, formadas por  representantes de todas las organizaciones de trabajadores, donde se depuren diferencias y se ensalcen las coincidencias. Ayer he podido comprobar como en una misma Avenida de la ciudad de Vigo, se manifestaban guardando cierta distancia en el espacio, distintas formaciones sociales y políticas que terminaron haciendo su cierre diferenciadamente. Riqueza por diferentes, sin duda, pero ¿acaso no es un despilfarro que se queden sin fuerza las coincidencias?

En España, muchas trabajadoras y trabajadores prefieren delegar la interlocución de sus ideales y sus preferencias sociales a organizaciones llamadas minoritarias, porque les resultan más cercanas, sintiéndose más partícipes o porque las ven ciertamente eficaces. Todas las opciones son posibles pero, no debemos hacer tanto la vista gorda respecto de la teórica libertad de elección, dado que al final se convierte en una discriminación encubierta poco democrática y denunciada puntualmente por las autoridades internacionales.

Hace ya algún tiempo, tratábamos algo semejante en este sitio, bajo el título "Sindicato más representativo y libertad sindical", nos parábamos a hablar de la distribución por el Estado de los fondos de formación, discriminándose a las organizaciones "menos representativas" en favor de las "más representativas", cuestión que el propio Tribunal Supremo español, vino a considerar ilegal. Hacíamos hincapié entonces y recordamos ahora, respecto de la distinción entre organizaciones menos y más representativas, las palabras del Comité de Libertad Sindical de la OIT: “…la libertad de elección de los trabajadores puede quedar en entredicho, si la distinción entre sindicatos más representativos y los minoritarios equivale, o tiene como resultado el otorgamiento de privilegios que son susceptibles de influir indebidamente a los trabajadores en la elección de las organizaciones… Por consiguiente, esta distinción no debería tener por efecto que los sindicatos que no estén reconocidos como los más representativos sean privados de los medios esenciales para la defensa de los intereses profesionales de sus miembros para la organización de su gestión y de sus actividades, y para la formulación de sus programas, en conformidad con lo que dispone el Convenio núm. 87.” (Informe, caso núm. 1798 (España), párrafo 123).

En momentos en los que, está sobre la mesa la reforma laboral, no estaría de más, una firme aclaración pública, salida de las organizaciones menos representativas conjuntamente, de cuales son aquellas cuestiones legales, conseguidas y queridas por el conjunto de la ciudadanía, contempladas en la ley pero que, en la práctica influyen indebidamente a los trabajadores que eligen libremente una organización sindical llamada -menos representativa-, pues se les priva, en el día a día, de los medios esenciales para la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, obligándoseles a recurrir con demasiada frecuencia a los Tribunales de Justicia para hacer valer derechos constitucionales. Sirva de ejemplo, la negativa de algunas empresas a consentir la legítima participación -con voz y sin voto-, en reuniones de comités de empresa y de órganos internos de la empresa en materia de seguridad y salud laboral a, aquellos delegados sindicales de organizaciones que no forman parte de los comités y que son "minoritarios" .

La oportunidad es buena, la ciudadanía sin duda alguna, tiene muchas cosas que decir distintas a las que plantean las organizaciones mayoritarias, ¿por qué no escuchar también al conjunto de las minoritarias?.

Salvo mejor parecer

Baldo

24 abril 2010

El respeto al Presidente de Galicia, nos lo merecemos todos

Resultaría apropiado y necesario que un hombre dado a la cercanía ciudadana, salga en público denunciando los hechos producidos ayer viernes en Vigo, la ciudad de la que es Alcalde.

El  Presidente de Galicia, increpado desconsideradamente, representa a todos los gallegos, ocupa el cargo de mayor rango constitucional en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Esa no es la verdadera imagen de Vigo, ciudad democrática y trabajadora.

Todas y cada una de las reivindicaciones plasmadas inadecuadamente en el foro equivocado ayer, son  apoyadas sin ambages por el que suscribe este artículo y por un elevado número de ciudadanos de aquí y de otros lugares de Galicia pero, al mismo tiempo, siento vergüenza  como vigués ante la falta de respeto al Presidente de Galicia. No debe permitirse atropello semejante, desvirtúa las justas reivindicaciones de los ciudadanos, las allí planteadas y muchas otras, que puedan ser dirigidas a cualquiera de las instancias institucionales, de cualquiera de las administraciones públicas (central, autonómica o local) así como, ante los entes privados.

Habrá de imperar siempre, un escrupuloso sentido del respeto, por quienes representan el sentir mayoritario de la ciudadanía.

Don Alberto Núñez Feijoo es el Presidente de Galicia, elegido por los gallegos.

No es justo que se pretenda culpar a los socialistas, de una actuación de tan bajo nivel, pero si es necesario un gesto firme, serio y leal, una manifestación clara de respeto por las normas democráticas y por las instituciones.

Nos lo merecemos todos.

Salvo mejor parecer

Baldo

22 abril 2010

Luis Pérez Capitán impone la prevención en Correos y Telégrafos de España

Ahora que en Correos y Telégrafos, se dan noticias de que pretenden hacer desde junio de 2010, vigilancia de la salud, conforme al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es cuando toca pedir cuentas a quienes no han hecho sus deberes, durante los largos quince años que está en vigor la Ley

Como todos sabemos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está en vigor desde el año 1995 y desde entonces, algunos fantasmas de Correos no ha hecho vigilancia de la salud de sus trabajadores, como es obligación de todas las empresas y cuando digo todos sabemos, también habrá de entenderse incluido el nuevo Director de Recursos Humanos, aunque en honor a la buena fe, que debe imperar en estas cosas, quizás este señor, Don Luis Pérez Capitán, que no es ningún tonto, quiera hacer funcionar el ejército pero carece de oficiales, pues se ha encontrado con los mandos que dejó Pancho Villa, y en consecuencia se haya visto en la obligación moral de salir al paso empezando la casa por los cimientos. Esa, es entonces la razón de que se anuncie por la empresa que hará vigilancia de la salud a partir de próximo mes de junio, conforme al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el cual establece que tal vigilancia sólo puede llevarse a cabo cuando el trabajador o trabajadora preste su consentimiento.

Otra cosa, es la prevención propiamente dicha, la del día a día, que debe hacerse puesto a puesto, empleado a empleado, con parsimonia, moderación y buena fe, de la cual hemos estado ciertamente carentes; otra cosa también, son aquellos responsables de la empresa, los que estaban en activo con anterioridad a la llegada de los recién nombrados, que deberán esconderse tras las puertas, no tras la empresa, si tienen algo de vergüenza o, bien pueden optar por seguir tan estirados, aparentando que algo tienen que ver en este asunto nuevo, después de quince años, de la entrada en vigor, sin haber hecho nada, con lo que conseguirán causar más repugnancia, si cabe. Todos sabemos quienes son, están a nuestro lado unos, otros siguen firmando papeles.

Respecto de algún Sindicato, que parece ser quiere sacar partido de la novedad de la vigilancia de la salud, después de quince años, decirles que dan pena, ¿dé que les vale formar parte de los Comités de Seguridad y Salud?, ¿por qué han estado haciendo vista gorda de todo lo que sucede?. Pena, porque lejos de anunciar, deben ponerse manos a la obra, dando solución a los problemas que tienen justo en su entorno, desde hace quince años y, los cuales no serán solucionados con la vigilancia de la salud del artículo 22 de la Ley de Prevención, son otros muchos artículos que se están incumpliendo y de los que ese Sindicato con su actitud, está siendo cómplice indiscutible, desde que la Ley y su Reglamento permiten ponerles límites.

No es bueno ser triunfalistas pero, sí reconocer que Pérez Capitán, el Director de Recursos Humanos de Correos y Telégrafos, si consigue le dejen nombrar su propio equipo, podría, si quiere, hacer cambiar las cosas, pero para ello, hay que anotar muy bien, quienes no deben estar, por razones obvias.

Salvo mejor parecer

Baldo

17 abril 2010

Sixto Heredia, Presidente de Correos, ¿quién paga los gastos de los empleados enfermos?

Sí, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece como un derecho del trabajador lo que viene a ser el deber del empresario, respecto de la protección y la garantía de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, quiere ello decir que la integridad física del trabajador está en manos del empresario, respecto de la relación laboral que ambos ostentan.

El actual Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero parece haberse comprometido en materia de salud laboral y, para ello no ceja en su empeño de recomendar a los empresarios que adopten medidas tendentes a la mejora de las condiciones de trabajo. Es grato oir hablar de buenas intenciones,  tras quince años de la entrada en vigor de la normativa, tras infinidad de documentos, protocolos, jornadas y un sin fin de actos que llenan los espacios de palabras y palabras, al tiempo que siguen muriendo trabajadores y continúan produciéndose enfermedades como consecuencia de una inadecuada adaptación de la condiciones de trabajo.

Ahora bien, no todos los empresarios son incumplidores, un número importante trata de hacer las cosas bien y dedica tiempo y recursos a cumplir la norma. Desde este espacio, hemos venido fijándonos de manera muy especial en el empresario que se rie de la normativa en materia de prevención de riesgos labores, cuando se trata de una empresa del Estado y, ello por tratarse de una desvergüenza intolerable, que unos gestores pagados por todos, hagan caso omiso de la ley, malgastando el dinero de todos; haciendo gala de prepotencia frente a los empresarios civiles, que asumen riesgos y son asistidos de gestores que se juegan sus cargos.

Todos hemos asistido en alguna ocasión, a algún evento en el que algún "experto", muchas veces de profesión inspector de trabajo, se esmera en explicar la grandeza de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, haciendo que sus palabras inunden la sala, de sentido común, al tiempo que, en algunos asistentes despierta una sensación de malestar ante la hipócrita actitud del conferenciante, quién minutos despues atraviesa calles, entra en locales, participa de la vida y observa incumplimientos mil, haciendo la vista gorda, sin ningún tipo de intervención directa. En honor a la verdad, sí debo añadir que, al lado de esos parlantes, hay otros, la mayoría, buenos y buenas profesionales, del cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (inspectores y subinspectores) que hacen una labor formidable e imprescindible, pragmática y comprometida, no centrada en conferencias y cuchipandas.

También, en una ocasión, he tenido la oportunidad de oir hablar al tiempo de constatar hechos, en un acto promulgado por empresarios, en el que un conferenciante, Fiscal Superior de Galicia, hizo una disertación en materia de prevención en relación con la responsabilidad penal, clara y firme, muy práctica en contraposición a los planteamientos teóricos, en un foro empresarial muy destacado, integrante de un sector de gran conflictividad, sobretodo en epocas de negociación colectiva, el metal.

A veces, dada la desfachatez de algunos gestores al servicio de empresas públicas, en nuestras denuncias nos referimos al Gobierno, cuando, lo cierto es que son esos gestores, directamente, responsables de sus actuaciones por decirlo y contemplarlo expresamente así la ley, pero caemos en el error de dirigir la protesta pública, ante quienes han depositado la confianza en personas de excasa valía, desleales.

Así, desgraciadamente, como contraste, una vez más tenemos que referirnos a la nefasta actuación de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima; empresa que no consigue consolidar un equipo gestor en materia de relaciones laborales, que tenga el suficiente coraje para dar una solución airosa al amplio colectivo de empleados, que sufren los caprichos de algunos mandos prepotentes, totalmente negados al diálogo, la deliberación, el debate, el encuentro y el consenso. Personas de mal talante, acostumbrados al -yo mando- desconocedores profundos de la realidad de su propia empresa pero, amparados en ella, escondidos tras la fuerza del Estado, al cual flaco favor le están haciendo y, consecuentemente dejando a la altura del betún al Ministro de tutela y al Gobierno.

Consecutivamente, en sendos artículos de Berretum, aludíamos al fracaso de los gestores de Correos y Telégrafos en materia de salud laboral y, lo hacíamos primero respecto del gran número de bajas por enfermedad que, venía a delatar una mala actuación en prevención; después nos centrábamos en la inconsecuente solución que han encontrado, haciéndo uso del "poder especial" de que disponen, obligando a la reincorporación de los enfermos, sin mediar alta médica, valiéndose de un informe elaborado por tres médicos a las órdenes de la casa, en el cual no especifican, ni explican la contradicción técnica respecto del facultativo asistencial que mantiene de baja al empleado. Una imposición desleal con la empresa y con el Estado.

Justamente, tratando de aparentar no estar estafando al Estado, en una actuación relámpago se ponen manos a la obra, elaboran un escrito carente de todo sentido, en su propio contenido, justificándose ante los propios trabajadores, que son conocedores de la realidad, que presencian atónitos el desconcierto, quienes reciben, junto con la nómina de abril de 2010, un comunicado firmado por el Director de Recursos Humanos, Don Luis Pérez Capitán diciendo que hace prevención, con lo que, con sus excusas, tapando a sus predecesores sin necesidad, lejos de convencer, reafirma el abandono del colectivo de Correos y Telégrafos de España, en materia de salud laboral, "excusatio non petita, accusatio manifiesta" - excusa no pedida, manifiesta acusación; "dum excusare credis, accusas" - creyendo excusarte, te acusas, al querer evitar una falta, se agrava por disculparla.

Por ello, a Don Sixto Heredia, Presidente de Correos, responsable por ley del buen fin de la empresa así como, de la integridad física de sus trabajadores, tenemos que exigirle la inmediata solución al desaguisado que está produciendo en la misma. Recordarle al "gestor" responsable que, obligar a reincorporarse a los empleados enfermos, sin mediar alta médica, supone responsabilizarse de su integridad física, no sólo en base a la prevención de riesgos laborales, que también, debiendo al efecto actuarse en la adecuación de las condiciones laborales sin demora, sinó y sobretodo en todo lo que suponga la situación patológica en la que estaba el empleado convaleciente al tiempo de disponer su reincorporación, lo cual incluye la oportuna asistencia sanitaria y la medicación.

Pretender que, los empleados enfermos reincorporados a la fuerza, se sirvan de sus propios médicos asistenciales, costeándose sus gastos en medicamentos con cargo al sistema público de salud, resulta una estafa al Estado y sus ciudadanos, ¿quién paga sus gastos?. Sr. Heredia, si has dispuesto su reincorporación habrás de hacerte cargo, ineludiblemente de su salud e integridad, de toda la asistencia sanitaria, con sus gastos incluso farmaceuticos.

Tú y no otros, habrás de responder directamente, en base al texto de la ley respecto de los titulares de la entidades públicas empresariales, a quienes es de aplicación al desempeño de sus funciones: "a) la responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada". Así habrá de ser.

Salvo mejor parecer.

Baldo