Podría parecernos, a la vista de los acontecimientos, que el Gobierno de España, desea y promueve, la convocatoria de una huelga general, para así justificar la contundencia de su reforma laboral.
La Vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría, quiere dejar mal a los sindicatos ante la opinión pública, haciendo una reflexión sobre una posible conducta desleal de las organizaciones sociales, por percibir fondos públicos para su financiación.
El viejo recurso a la financiación pública de las organizaciones sociales, recurso hipócrita de ciertos políticos, requiere de cierta aclaración, que parece no querer afrontar ninguna autoridad conocedora de la materia. Es necesario diferenciar y respetar, dentro de todo el conglomerado de partidas que mueven los fondos públicos, aquellas que están destinadas a hacer frente a los gastos que ocasiona la democrática y legítima representación de los trabajadores, la cual, viene dada por el sufragio en las urnas, en las elecciones legalmente convocadas, de donde salen los representantes unitarios, directamente elegidos por las trabajadoras y trabajadores. De tales resultados electorales, surge la -representatividad sindical- porcentaje que, entre otras cuestiones de derecho, establece también la medida de las cuantías económicas que habrán de recibir las organizaciones en razón de los resultados electorales.
A mi entender, con independencia del legítimo debate que pueda haber, sobre la adecuada forma de organizar las cuentas de la representación legal de los trabajadores; con el actual sistema, no se está pagando a unas organizaciones sindicales concretas, por el mero hecho de existir, como podría ser el caso de los Partidos Políticos, aquí, con gran parte de los fondos públicos que se señalan (de otros habrá de dar cuenta también quien paga), se está pagando a los representantes legales de los trabajadores, de cuya fuerza representativa, emana la legitimidad de unas organizaciones -más representativas- para ostentar el privilegio legal de sentarse en las negociaciones de alto calado.
Para el Gobierno español y para el partido político que lo sustenta, parece resultar esencial la deslegitimación de las organizaciones sindicales, así, enturbiando la información, diciendo verdades a medias, se trata de conseguir debilitar la fuerza de los propios trabajadores.
Los representantes de los trabajadores, son personas físicas elegidas en las urnas y que como tales, ostentan unos derechos y garantías para poder operar en la empresa, ante el empresario y ante las instituciones, siempre en defensa de los trabajadores, tanto de quienes les han elegido como de aquellos que decidieron no hacerlo, por tratarse de una decisión democrática y libre.
Por otra parte, para aunar la fuerza representativa emanada de las elecciones sindicales, ya sea a nivel de unidad electoral, o lo sea en los distintos ámbitos territoriales -local, provincial, autonómico, nacional, europeo o internacional global-; los trabajadores, a través de sus representantes se organizan para equilibrar el desnivel brutal de fuerza existente entre la parte social y la patronal. Es muy peligroso simplificar tanto las cosas, más peligroso resulta consentir que torticeramente, una y otra vez se pretenda desvirtuar la organización de los trabajadores; pensemos con calma, que cualquier anomalía en la organización de las clases trabajadores en general, habrá de solucionarse por estas, nadie de fuera, está legitimado para hacerlo, menos aún quien actúa como gestor, gobernante y empresario. En la actualidad, la fuerza y el poder empresarial, en muchos casos resulta in-identificable. Estamos siendo testigos a diario, de la continua subvención y ayuda, sin límites y sin fondo con la que, con el dinero de los ciudadanos, se está sufragando el despilfarro de los grandes financieros, ante la insolidaridad de otros poderosos; observamos atónitos, como los gobiernos, incluido el actual de España, bailan al son de las órdenes y caprichos del poder. Ahora tenemos que oír a la Vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, leyéndonos la cartilla, para hacernos creer que la solución del paro, que ella misma en campaña decía saber atajar, digo, para hacernos creer que, la solución consiste en quitarle a los trabajadores, a los consumidores, sin tocar a los más ricos quienes, podría ser, estén expectantes a la posibilidad de explotación de parte de lo público, concretamente de aquello que deje rentabilidad.
La Vicepresidenta, no se ha fijado en las propias empresas públicas, cuya responsabilidad es directa de su Gobierno, algunas de las cuales sufren con mayúsculas de despilfarro injustificado. Qué nos puede contar doña Soraya Saénz de la irregular situación de cierta empresa pública, sociedad anónima, del control de sus gastos, de una empresa pública en la que hay funcionarios, muchos de los cuales han superado los 35 años cotizados y tienen más de 55 años, que vendrían a resultar más rentables económica y socialmente, como jubilados anticipados, dejándose paso a parados jóvenes, ¿no resultaría esto más rentable, que la opción imparable de prestar ayudas para pre-jubilaciones de entidades financieras y otras empresas, las cuales no dejan espacio para el empleo?
Hacer una reforma laboral, a todas luces contraria al derecho constitucional, no es la solución, igual que no lo sería dejar sin comer, sin médico o sin escuela a sus hijos, aquellos padres que no han sabido equilibrar sus economías domésticas.
Algunos a quienes no se les escucha, hablan de que -hay alternativa- lo que no podemos consentir es que los actuales gobernantes, ahora por sorpresa, traten de encontrar la solución a costa de los trabajadores y trabajadoras, o de sus representantes a quienes solo sus electores habrán de pedir cuentas.
Quien debe dar la cara y gobernar para los ciudadanos es el Gobierno, sin cebarse en los débiles porque eso, no podemos consentirlo. Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez
