05 octubre 2018

Los y las trabajadoras interinas, trato doble por el Estado


 El Tribunal Supremo de España, ha zanjado, con dos sentencias consecutivas, la interpretación que se venía dando por Tribunales Superiores de Justicia que hacían una analogía entre el personal contratado laboral y los interinos en funciones temporales de estatutarios o de funcionarios. Como sabéis, recientemente, algunos Tribunales Superiores de Justicia, en situaciones en las que existía un abuso en las prórrogas de nombramientos interinos en las administraciones públicas y en centros públicos de salud, optaban por su equiparación a los contratados laborales temporales y, en consecuencia, en sus sentencias, resolvían el cobro de iguales indemnizaciones, cuando se daban tales abusos, en iguales circunstancias. El Tribunal Supremo, ahora, acaba con la polémica e insiste en que la normativa de aplicación, para los interinos de carácter administrativo, funcionarios y estatutarios, habrá de ser el derecho administrativo, no pudiendo sustituirse por las leyes o, por la jurisprudencia, laborales. Ahora bien, lo cierto es que persiste el trato diferenciado, in peius, a este respecto pues, la normativa administrativa no tiene previstas, de manera uniforme y clara, unas normas a aplicar, contundentes. para indemnizar estos abusos frecuentes.

Estaría bien una reflexión sobre el papel de los legisladores, diputados y senadores, quienes una y otra vez, a lo largo de los años, legislan con sombras y dejan al pairo o, en manos de los jueces, la interpretación de situaciones que afectan a colectivos muy amplios, creándose expectativas y situaciones injustas. Conviene recordar aquí, el papel fundamental de los sindicatos, que tienen medios suficientes para hacer las llamadas de atención formales que conduzcan a despertar en el orden político, la necesidad de promover y aprobar leyes y reglamentos acordes con la realidad, evitándose lo que podríamos considerar -trato doble-  toda vez que, tras la entrada en vigor de la Constitución española, ya necesitada de reformas, se han agravado estas diferencias en los derechos de los ciudadanos a la hora de prestar sus servicios en una Administración, en una entidad estatutaria o en una empresa privada o pública; sobretodo en estas últimas -las empresas públicas "sociedades estatales"-, en las cuales, por desgracia, los abusos se dan con mayor incidencia, si cabe, que en el ámbito privado. Fijémonos en la paradójica situación que se viene produciendo en la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A, en la cual, como sabéis, prestan servicio funcionarios en condición de adscritos y que, evidentemente están sujetos al derecho administrativo, ocupando plaza de una relación de puestos de trabajo, que tiene una adjudicación económica presupuestaria, si bien, cuando son sustituidos por personal temporal interino, la contratación se hace con arreglo al derecho laboral. Lo dicho, entiendo que resulta fundamental el papel sindical. Salvo mejor parecer.  ©Baldomero Gómez Vigo, 2018

12 febrero 2018

Graduados sociales ¿la propia crítica?

Publicado 12.02.2018

Creo necesario, ahora más que nunca, algo de juicio crítico por propia disciplina corporativa.


Es tiempo, creo, de mirar, con honestidad, hacia dentro. El momento de la profesión, es muy importante, a punto de conseguir sus merecidas metas y, al mismo tiempo, corre el mayor de los peligros. 



ESPECIALIZACIÓN. Veo las conversaciones que se mantienen en ciertos foros de graduados sociales y no puedo menos que asombrarme de la falta de preocupación, salvo escasas excepciones, por las cuestiones de fondo en materia de Trabajo y Seguridad Social, desde la perspectiva económica y sociológica, en general; así como, de la más concreta, referida a la profundización crítica en derecho del trabajo y Seguridad Social. Se echa en falta preocupación, discusión o debate en temas tan básicos como los referidos a los asuntos puntuales de la negociación colectiva, de la problemática empresarial, de los asuntos sindicales y, también en todo ello, en referencia a los ámbitos autonómico, estatal, europeo y mundial.



Comprobar, es tan fácil como, publicar en un foro de la profesión, una noticia o una discusión sobre un tema de los señalados y ver la floja respuesta. Acto seguido, hacer esa misma publicación en un foro de sindicalistas, muchos de ellos sin estudios especializados en tales temas, y ver como el debate cobra fuerza y adquiere nivel. Por el contrario, ver publicado en un foro profesional, un relato sobre el encontronazo puntual con una persona de otra profesión distinta, en un asunto nimio, referido a una discusión de si un graduado social es apto para llevar un asunto en el juzgado o competente para hacer nóminas y, dicha publicación puede alcanzar un seguimiento desorbitado. Un análisis tan simple, nos indica lo simple del actual debate profesional, más preocupado por lo que se es, como carcasa, que, en lo que verdaderamente es su razón de ser, “la especialización”, como contenido.

Actualmente, los estudiantes de grado en relaciones laborales y recursos humanos, se oponen a la creación del Máster que permita el acceso al ejercicio profesional como graduado social, ante los juzgados y tribunales de justicia. La cuestión tiene miga, pues, desde la perspectiva del estudiante, se les está ampliando sus estudios, incluso se está imponiendo un mayor gasto en su formación. Por ello, es preciso, que alguien  tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito profesional, dedique un tiempo a explicar a los estudiantes, las razones que justifican la implantación de dicho máster. Pero, ante todo, habrá que escucharlos.

Entienden los estudiantes que se devalúa el grado, cuestión no del todo cierta, toda vez que, el máster, al menos según lo que conocemos hasta ahora, tan solo es exigible para el ejercicio profesional como graduado social, ante los juzgados y tribunales, pero no es exigible en los demás ámbitos de la profesión. Por otra parte, la especialización del profesional graduado social, que es como se denomina a quienes se colegian, permite elevar el nivel, lo cual está lejos de devaluar la profesión, más bien todo lo contrario. Otra cosa, será hablar, muy en serio, de medidas conducentes a que la consecución de dicho máster, sea cómodo y asumible económicamente para los estudiantes, Hay que aclarar que son cosas distintas, la titulación y la profesión, como se indica más adelante. 



COMPETENCIA. Ser graduado social, a mi entender, no consiste solo en decir que tiene más preparación que otros profesionales, cuestión que denota cierto complejo de inferioridad. A mi humilde entender, ser graduada o graduado social, es ejercer de ello, estudiar a diario, mantenerse al día en todo, absolutamente en todo lo concerniente a “lo laboral”. Ser graduado social no es llamarse laboralista, es ser laboralista y, ello habrá de ser así, con independencia de que, se ejerza como gestor o se trabaje como administrativo. No podemos engañarnos, si un graduado o graduada social, decide dedicarse al asesoramiento a pequeñas empresas, desde la asesoría, llevando la gestión (contable, fiscal, trámites con administraciones…), haciendo labores coincidentes, en todo o en parte, con lo que hacen los Gestores Administrativos; si decide dedicarse a ello, no quiere decir que esa sea la función concreta del graduado social, como profesional y, es muy importante, tener en cuenta esto pues, la función propia de los Gestores Administrativos o de una Asesoría, la vienen haciendo los propios Gestores Administrativos, algunos abogados, los economistas, los titulados empresariales, peritos mercantiles, algunos titulados en comercio, etcétera, etc. Además, algunas de tales gestiones, pueden llevarse por cualquier persona física, sin necesidad de titulación especial y concreta para hacerlo. Hacer la función desde una Asesoría, debe acompañarse de una diferenciación, para que así, los ciudadanos, susceptibles clientes, o los que ya lo son,  puedan ver a un laboralista graduado social, el que tiene dichas competencias "laboralistas" en la ley. Otra opción, igual que hacen otros profesionales, es dar traslado, recomendando que cierto asunto, sea llevado por un o una colega que lleva temas jurídico-sociales o que tiene a bien llevar una concreta especialidad. Conviene evitar abarcarlo todo, al menos si se quiere consolidar la profesión, llenándola de especialización sobre la propia especialización.



PROFESIÓN. Una cosa son las titulaciones y otras las profesiones, estas últimas se valen también de las competencias legales. Para mantener el nivel dentro de la profesión, que los graduados sociales se merecen, y que pretenden, un camino es mantener una especialización superior a cualquier otro profesional, en las materias que le son propias; entre otras, en las materias arriba señaladas, tanto en el ámbito nacional, como el europeo e internacional. No hacerlo, es vivir en una nube. Jamás van a reconocer a los graduados sociales competencias que no le son propias, máxime cuando tienen pendientes de reconocimiento aquellas que les corresponden por justicia y por derecho. Escribía yo, en 2006: “Laboralistas. Graduado Social, profesión y formación académica” 

¿Se van superando las limitaciones o sigue todo igual?


Aunque parezca mentira, hay que recordar a muchas y muchos compañeros, constantemente, que la profesión es algo diferente a la titulación. No es lo mismo una licenciada o graduada en medicina que una médica o médico; tampoco lo es un graduado, máster o doctor en derecho, que un abogado o que una procuradora; como tampoco lo es una titulada graduada en relaciones laborales y recursos humanos, que un profesional graduado social. En todos los casos señalados, para ser profesional con las competencias que la ley les otorga, deben estar colegiados. Las titulaciones dan acceso a las profesiones, pero, en los casos concretos en los que existe la obligación de colegiación para el ejercicio profesional, sin tal colegiación, no se es titular de la profesión.



Entiendo que, para mantener y exigir el reconocimiento de la figura del graduado social, no basta con que te concedan competencias, como hasta ahora, en los últimos años, viene sucediendo, gracias a mucho trabajo anónimo y, también en buena hora y merecidamente, dada la encomiable tarea diplomática del actual Presidente del Consejo General, Francisco Javier San Martín Rodríguez, a quién hay que reconocérselo especialmente, y por cuya actuación, se están consolidando las competencias que corresponden por pura lógica a un colectivo profesional que lo ha demostrado,repito, hasta ahora, en la práctica profesional. Pero, ojo, no dormirse en los laureles y cuidado con que las nuevas generaciones, pretendan vivir de la imagen sin mantener el nivel que se merece la distinción alcanzada. Corresponde ahora mantener y superar lo conseguido.



COMPARACIONES. Si algo desmerece la valía profesional del colectivo, es la continua comparación con otros profesionales. Caer en esa trampa, es retroceder. Sin llevarse a engaño, se está cayendo, una y otra vez, en esa trampa, que es, por otra parte, vulgar e impotente, pues no conduce a nada bueno, más bien todo lo contrario. Cualquier colectivo o persona individual, que se jacte de ser el mejor y no lo demuestre, está condenado a la pérdida de credibilidad o a la desaparición. Compararte con otros profesionales es bajar el nivel de tu propia profesión. La mejor forma de competir, y de alcanzar competencias legales, exigiendo el reconocimiento de competencias en la ley, es demostrándolo, humildemente, con hechos, Lex rebus imponitur non verbis. La única manera de que los competidores no puedan seguir pisando a quienes deben asumir la especialización laboralista, es preparándose en ello de manera total. Y, esto es hablar de mínimos. Fijémonos en este detalle que es fundamental, acabamos de describir un detalle propio de la profesión que le viene de base por su formación académica la "especialización laboralista" y que es ahí donde radica su esencia profesional. Quién legitima las comparaciones con otros profesionales, debería reflexionar y ver si en materia contable, económica, tributaria, entre otras, dispone de la especialización que le viene de su base académica. Renunciar a la profundización, sin límites, en aquello que constituye su razón de ser, el derecho social, es equivocarse.


Una o un generalista, difícilmente puede competir con un especialista, en la materia especializada. 
Escribía el 11 de enero de 2014, aquí mismo “Es graduado social, es un laboralista” 


¿Debemos y queremos seguir pensando lo mismo?



RESPUESTA DIRECTA. Hacerse adultos profesionalmente, es aprender a organizarse también por libre, asociarse con otros que coinciden, para ahondar en las cuestiones que le son propias, de manera directa, que no necesariamente pasan por los colegios. Dejar que los colegios y la corporación dediquen más tiempo a velar por las competencias y por el respaldo profesional, por ser los órganos competentes y por resultar ser obligatoria la pertenencia a los mismos para el ejercicio ante los juzgados y tribunales.

Hay una forma de alcanzar el reconocimiento pleno, el cual aún no ha llegado y, esa forma es la respuesta directa de las personas que conforman el colectivo profesional. Cada vez que se reconoce una competencia nueva, hay que superarse en el conocimiento sobre la misma. Las competencias pendientes, desde la perspectiva legal, no son otras que las derivadas de la jurisdicción social, en el ámbito del recurso de casación, el turno de oficio y algún que otro reconocimiento, pero siempre en ese campo, no en otro. Al menos, de momento.



Insistir. Es casi una obligación, plantearse, cada profesional que se precie, el llegar a ser, ella o él,  competente personalmente, para ser parte activa, con soltura, en actuaciones tales como, a título de ejemplo: dirigiendo y desarrollando debates sobre materias laborales, de empleo, seguridad social, economía social, asuntos sindicales, problemática sobre asociacionismo, entre otras. Ver de hacer esto, uno o una misma, en lo concerniente a los espacios autonómico, estatal, europeo e internacional, con su propia preparación e investigación personal, forjándose un perfil individual. Formar parte activa o dirigir charlas, en tales temas y, en muchos otros de la especialidad laboral general. Escribir sobre tales materias, elevar el nivel propio individual y después participar en su expansión entre el colectivo. 

Forjarse un carácter. Actuar con prudencia, y asumir la responsabilidad profesional, más allá del propio ejercicio, cada vez que una o un colegiado hace el ridículo públicamente, hace que queden en ridículo, todos sus colegas; respetar la profesión empieza por uno mismo. Así sí, se consigue el nivel que se busca, eso es una cuestión individual que hay que conseguirla personalmente, ayudándose y exigiendo ayudas a los colegios oficiales y sonsacándolos, también, de los debates en los foros sociales, sin olvidar la prudencia, consiguiendo que así alcancen nivel dichos foros. Después, unirse, crear asociación formal o informal, dentro de los propios colegios oficiales y también fuera de los mismos, con las y los compañeros que siguen una misma línea especializada, dentro de lo laboral, tales como derecho de la prevención de riesgos; derecho de la seguridad social; derecho sindical; derecho de las cooperativas; derecho social en el ámbito rural o del mar, etcétera, etc. 

Es apasionante, estamos hablando de especialización dentro de la especialización, la profesión tiene tantos recursos que, quien quiera alcanzarlo todo, tan solo consigue estancarse, como desgraciadamente pueda estar pasando.


Hasta tanto uno o una, no se embarque en la verdadera unión con sus colegas y no se imponga alcanzar la verdadera y suficiente competencia profesional especializada, de nada le vale ocultarse tras la disculpa de que es mejor que otros profesionales, o esconderse tras el colectivo, indignándose porque nadie parece conocer la profesión, eso es engañarse, es mentirse. 

Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez
graduado social
experto europeo en relaciones sociolaborales UAH 
laboralista