Los y las trabajadoras interinas, trato doble por el Estado

 El Tribunal Supremo de España, ha zanjado, con dos sentencias consecutivas, la interpretación que se venía dando por Tribunales Superiores de Justicia que hacían una analogía entre el personal contratado laboral y los interinos en funciones temporales de estatutarios o de funcionarios. Como sabéis, recientemente, algunos Tribunales Superiores de Justicia, en situaciones en las que existía un abuso en las prórrogas de nombramientos interinos en las administraciones públicas y en centros públicos de salud, optaban por su equiparación a los contratados laborales temporales y, en consecuencia, en sus sentencias, resolvían el cobro de iguales indemnizaciones, cuando se daban tales abusos, en iguales circunstancias. El Tribunal Supremo, ahora, acaba con la polémica e insiste en que la normativa de aplicación, para los interinos de carácter administrativo, funcionarios y estatutarios, habrá de ser el derecho administrativo, no pudiendo sustituirse por las leyes o, por la jurisprudencia, laborales. Ahora bien, lo cierto es que persiste el trato diferenciado, in peius, a este respecto pues, la normativa administrativa no tiene previstas, de manera uniforme y clara, unas normas a aplicar, contundentes. para indemnizar estos abusos frecuentes.

Estaría bien una reflexión sobre el papel de los legisladores, diputados y senadores, quienes una y otra vez, a lo largo de los años, legislan con sombras y dejan al pairo o, en manos de los jueces, la interpretación de situaciones que afectan a colectivos muy amplios, creándose expectativas y situaciones injustas. Conviene recordar aquí, el papel fundamental de los sindicatos, que tienen medios suficientes para hacer las llamadas de atención formales que conduzcan a despertar en el orden político, la necesidad de promover y aprobar leyes y reglamentos acordes con la realidad, evitándose lo que podríamos considerar -trato doble-  toda vez que, tras la entrada en vigor de la Constitución española, ya necesitada de reformas, se han agravado estas diferencias en los derechos de los ciudadanos a la hora de prestar sus servicios en una Administración, en una entidad estatutaria o en una empresa privada o pública; sobretodo en estas últimas -las empresas públicas "sociedades estatales"-, en las cuales, por desgracia, los abusos se dan con mayor incidencia, si cabe, que en el ámbito privado. Fijémonos en la paradójica situación que se viene produciendo en la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A, en la cual, como sabéis, prestan servicio funcionarios en condición de adscritos y que, evidentemente están sujetos al derecho administrativo, ocupando plaza de una relación de puestos de trabajo, que tiene una adjudicación económica presupuestaria, si bien, cuando son sustituidos por personal temporal interino, la contratación se hace con arreglo al derecho laboral. Lo dicho, entiendo que resulta fundamental el papel sindical. Salvo mejor parecer.  ©Baldomero Gómez Vigo, 2018

Graduados sociales ¿la propia crítica?

Publicado 12.02.2018

Creo necesario, ahora más que nunca, algo de juicio crítico por propia disciplina corporativa.

Es tiempo, creo, de mirar, con honestidad, hacia dentro. El momento de la profesión, es muy importante, a punto de conseguir sus merecidas metas y, al mismo tiempo, corre el mayor de los peligros. 

ESPECIALIZACIÓN. Veo las conversaciones que se mantienen en ciertos foros de graduados sociales y no puedo menos que asombrarme de la falta de preocupación, salvo escasas excepciones, por las cuestiones de fondo en materia de Trabajo y Seguridad Social, desde la perspectiva económica y sociológica, en general; así como, de la más concreta, referida a la profundización crítica en derecho del trabajo y Seguridad Social. Se echa en falta preocupación, discusión o debate en temas tan básicos como los referidos a los asuntos puntuales de la negociación colectiva, de la problemática empresarial, de los asuntos sindicales y, también en todo ello, en referencia a los ámbitos autonómico, estatal, europeo y mundial.

Comprobar, es tan fácil como, publicar en un foro de la profesión, una noticia o una discusión sobre un tema de los señalados y ver la floja respuesta. Acto seguido, hacer esa misma publicación en un foro de sindicalistas, muchos de ellos sin estudios especializados en tales temas, y ver como el debate cobra fuerza y adquiere nivel. Por el contrario, ver publicado en un foro profesional, un relato sobre el encontronazo puntual con una persona de otra profesión distinta, en un asunto nimio, referido a una discusión de si un graduado social es apto para llevar un asunto en el juzgado o competente para hacer nóminas y, dicha publicación puede alcanzar un seguimiento desorbitado. Un análisis tan simple, nos indica lo simple del actual debate profesional, más preocupado por lo que se es, como carcasa, que, en lo que verdaderamente es su razón de ser, “la especialización”, como contenido.

Actualmente, los estudiantes de grado en relaciones laborales y recursos humanos, se oponen a la creación del Máster que permita el acceso al ejercicio profesional como graduado social, ante los juzgados y tribunales de justicia. La cuestión tiene miga, pues, desde la perspectiva del estudiante, se les está ampliando sus estudios, incluso se está imponiendo un mayor gasto en su formación. Por ello, es preciso, que alguien  tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito profesional, dedique un tiempo a explicar a los estudiantes, las razones que justifican la implantación de dicho máster. Pero, ante todo, habrá que escucharlos.

Entienden los estudiantes que se devalúa el grado, cuestión no del todo cierta, toda vez que, el máster, al menos según lo que conocemos hasta ahora, tan solo es exigible para el ejercicio profesional como graduado social, ante los juzgados y tribunales, pero no es exigible en los demás ámbitos de la profesión. Por otra parte, la especialización del profesional graduado social, que es como se denomina a quienes se colegian, permite elevar el nivel, lo cual está lejos de devaluar la profesión, más bien todo lo contrario. Otra cosa, será hablar, muy en serio, de medidas conducentes a que la consecución de dicho máster, sea cómodo y asumible económicamente para los estudiantes, Hay que aclarar que son cosas distintas, la titulación y la profesión, como se indica más adelante. 

COMPETENCIA. Ser graduado social, a mi entender, no consiste solo en decir que tiene más preparación que otros profesionales, cuestión que denota cierto complejo de inferioridad. A mi humilde entender, ser graduada o graduado social, es ejercer de ello, estudiar a diario, mantenerse al día en todo, absolutamente en todo lo concerniente a “lo laboral”. Ser graduado social no es llamarse laboralista, es ser laboralista y, ello habrá de ser así, con independencia de que, se ejerza como gestor o se trabaje como administrativo. No podemos engañarnos, si un graduado o graduada social, decide dedicarse al asesoramiento a pequeñas empresas, desde la asesoría, llevando la gestión (contable, fiscal, trámites con administraciones…), haciendo labores coincidentes, en todo o en parte, con lo que hacen los Gestores Administrativos; si decide dedicarse a ello, no quiere decir que esa sea la función concreta del graduado social, como profesional y, es muy importante, tener en cuenta esto pues, la función propia de los Gestores Administrativos o de una Asesoría, la vienen haciendo los propios Gestores Administrativos, algunos abogados, los economistas, los titulados empresariales, peritos mercantiles, algunos titulados en comercio, etcétera, etc. Además, algunas de tales gestiones, pueden llevarse por cualquier persona física, sin necesidad de titulación especial y concreta para hacerlo. Hacer la función desde una Asesoría, debe acompañarse de una diferenciación, para que así, los ciudadanos, susceptibles clientes, o los que ya lo son,  puedan ver a un laboralista graduado social, el que tiene dichas competencias "laboralistas" en la ley. Otra opción, igual que hacen otros profesionales, es dar traslado, recomendando que cierto asunto, sea llevado por un o una colega que lleva temas jurídico-sociales o que tiene a bien llevar una concreta especialidad. Conviene evitar abarcarlo todo, al menos si se quiere consolidar la profesión, llenándola de especialización sobre la propia especialización.

PROFESIÓN. Una cosa son las titulaciones y otras las profesiones, estas últimas se valen también de las competencias legales. Para mantener el nivel dentro de la profesión, que los graduados sociales se merecen, y que pretenden, un camino es mantener una especialización superior a cualquier otro profesional, en las materias que le son propias; entre otras, en las materias arriba señaladas, tanto en el ámbito nacional, como el europeo e internacional. No hacerlo, es vivir en una nube. Jamás van a reconocer a los graduados sociales competencias que no le son propias, máxime cuando tienen pendientes de reconocimiento aquellas que les corresponden por justicia y por derecho. Escribía yo, en 2006: “Laboralistas. Graduado Social, profesión y formación académica” 

¿Se van superando las limitaciones o sigue todo igual?

Aunque parezca mentira, hay que recordar a muchas y muchos compañeros, constantemente, que la profesión es algo diferente a la titulación. No es lo mismo una licenciada o graduada en medicina que una médica o médico; tampoco lo es un graduado, máster o doctor en derecho, que un abogado o que una procuradora; como tampoco lo es una titulada graduada en relaciones laborales y recursos humanos, que un profesional graduado social. En todos los casos señalados, para ser profesional con las competencias que la ley les otorga, deben estar colegiados. Las titulaciones dan acceso a las profesiones, pero, en los casos concretos en los que existe la obligación de colegiación para el ejercicio profesional, sin tal colegiación, no se es titular de la profesión.

Entiendo que, para mantener y exigir el reconocimiento de la figura del graduado social, no basta con que te concedan competencias, como hasta ahora, en los últimos años, viene sucediendo, gracias a mucho trabajo anónimo y, también en buena hora y merecidamente, dada la encomiable tarea diplomática del actual Presidente del Consejo General, Francisco Javier San Martín Rodríguez, a quién hay que reconocérselo especialmente, y por cuya actuación, se están consolidando las competencias que corresponden por pura lógica a un colectivo profesional que lo ha demostrado,repito, hasta ahora, en la práctica profesional. Pero, ojo, no dormirse en los laureles y cuidado con que las nuevas generaciones, pretendan vivir de la imagen sin mantener el nivel que se merece la distinción alcanzada. Corresponde ahora mantener y superar lo conseguido.

COMPARACIONES. Si algo desmerece la valía profesional del colectivo, es la continua comparación con otros profesionales. Caer en esa trampa, es retroceder. Sin llevarse a engaño, se está cayendo, una y otra vez, en esa trampa, que es, por otra parte, vulgar e impotente, pues no conduce a nada bueno, más bien todo lo contrario. Cualquier colectivo o persona individual, que se jacte de ser el mejor y no lo demuestre, está condenado a la pérdida de credibilidad o a la desaparición. Compararte con otros profesionales es bajar el nivel de tu propia profesión. La mejor forma de competir, y de alcanzar competencias legales, exigiendo el reconocimiento de competencias en la ley, es demostrándolo, humildemente, con hechos, Lex rebus imponitur non verbis. La única manera de que los competidores no puedan seguir pisando a quienes deben asumir la especialización laboralista, es preparándose en ello de manera total. Y, esto es hablar de mínimos. Fijémonos en este detalle que es fundamental, acabamos de describir un detalle propio de la profesión que le viene de base por su formación académica la "especialización laboralista" y que es ahí donde radica su esencia profesional. Quién legitima las comparaciones con otros profesionales, debería reflexionar y ver si en materia contable, económica, tributaria, entre otras, dispone de la especialización que le viene de su base académica. Renunciar a la profundización, sin límites, en aquello que constituye su razón de ser, el derecho social, es equivocarse.

Una o un generalista, difícilmente puede competir con un especialista, en la materia especializada. Escribía el 11 de enero de 2014, aquí mismo “Es graduado social, es un laboralista” 

¿Debemos y queremos seguir pensando lo mismo?

RESPUESTA DIRECTA. Hacerse adultos profesionalmente, es aprender a organizarse también por libre, asociarse con otros que coinciden, para ahondar en las cuestiones que le son propias, de manera directa, que no necesariamente pasan por los colegios. Dejar que los colegios y la corporación dediquen más tiempo a velar por las competencias y por el respaldo profesional, por ser los órganos competentes y por resultar ser obligatoria la pertenencia a los mismos para el ejercicio ante los juzgados y tribunales.

Hay una forma de alcanzar el reconocimiento pleno, el cual aún no ha llegado y, esa forma es la respuesta directa de las personas que conforman el colectivo profesional. Cada vez que se reconoce una competencia nueva, hay que superarse en el conocimiento sobre la misma. Las competencias pendientes, desde la perspectiva legal, no son otras que las derivadas de la jurisdicción social, en el ámbito del recurso de casación, el turno de oficio y algún que otro reconocimiento, pero siempre en ese campo, no en otro. Al menos, de momento.

Insistir. Es casi una obligación, plantearse, cada profesional que se precie, el llegar a ser, ella o él,  competente personalmente, para ser parte activa, con soltura, en actuaciones tales como, a título de ejemplo: dirigiendo y desarrollando debates sobre materias laborales, de empleo, seguridad social, economía social, asuntos sindicales, problemática sobre asociacionismo, entre otras. Ver de hacer esto, uno o una misma, en lo concerniente a los espacios autonómico, estatal, europeo e internacional, con su propia preparación e investigación personal, forjándose un perfil individual. Formar parte activa o dirigir charlas, en tales temas y, en muchos otros de la especialidad laboral general. Escribir sobre tales materias, elevar el nivel propio individual y después participar en su expansión entre el colectivo. 

Forjarse un carácter. Actuar con prudencia, y asumir la responsabilidad profesional, más allá del propio ejercicio, cada vez que una o un colegiado hace el ridículo públicamente, hace que queden en ridículo, todos sus colegas; respetar la profesión empieza por uno mismo. Así sí, se consigue el nivel que se busca, eso es una cuestión individual que hay que conseguirla personalmente, ayudándose y exigiendo ayudas a los colegios oficiales y sonsacándolos, también, de los debates en los foros sociales, sin olvidar la prudencia, consiguiendo que así alcancen nivel dichos foros. Después, unirse, crear asociación formal o informal, dentro de los propios colegios oficiales y también fuera de los mismos, con las y los compañeros que siguen una misma línea especializada, dentro de lo laboral, tales como derecho de la prevención de riesgos; derecho de la seguridad social; derecho sindical; derecho de las cooperativas; derecho social en el ámbito rural o del mar, etcétera, etc. 

Es apasionante, estamos hablando de especialización dentro de la especialización, la profesión tiene tantos recursos que, quien quiera alcanzarlo todo, tan solo consigue estancarse, como desgraciadamente pueda estar pasando.

Hasta tanto uno o una, no se embarque en la verdadera unión con sus colegas y no se imponga alcanzar la verdadera y suficiente competencia profesional especializada, de nada le vale ocultarse tras la disculpa de que es mejor que otros profesionales, o esconderse tras el colectivo, indignándose porque nadie parece conocer la profesión, eso es engañarse, es mentirse. 

Salvo mejor parecer. Baldomero Gómez

graduado social

experto europeo en relaciones sociolaborales UAH 

laboralista

Es graduado social, es un laboralista (Publicado el 11 de enero de 2014)

(Foto Baldo El Castro Vigo)

Publicado 11.01.2014

Importante aclaración que quiero hacer a algunos compañeros sindicalistas, los cuales con las mejores intenciones, a veces, podrían causar un daño indeseado sin duda, a una preciosa y luchadora profesión que es la mía, la de graduado social.

El objeto único, evitar equívocos, los cuales no parten precisamente de los propios profesionales. De partida, pedir que cuando se hable del asesor jurídico, tratar de identificar adecuadamente, por respeto, de quién estamos hablando, evitando la denominación genérica de abogado, pues no resulta justo calificar de abogada a quien no lo es, ni pretende serlo, por más que en ocasiones deba permanecer callada, para no tener que entrar a dar explicaciones que resultan ser de más profundidad, como se verá seguidamente pero que, dando tales explicaciones en un momento absolutamente inoportuno, podría interpretarse de maneras distintas, pudiendo colocar al profesional graduado social, en posición de prepotencia al definir su formación básica o complementaria o, también en posición de menor especialización cuando, resulta ser, sin ánimo de jactancia, por pura lógica, justamente lo contrario, si hablamos de materias de derecho del trabajo y la seguridad social así como, de procesal social.

Es lamentable, a mi entender, que algunos sindicalistas desconozcan, al menos con cierto detalle, las profesiones que se dedican a la representación y defensa de los derechos, entre otros, de los y las trabajadoras, máxime cuando están tratando a diario con ellos; por eso mismo hay que intentar solucionarlo.

Resulta ciertamente engorroso, tener que explicar de manera reiterada y cansina, principalmente en foros de lucha social, en qué consiste la profesión o, añadir, a veces, los títulos adicionales que uno tiene y las competencias de la profesión a la que se pertenece, para con ello, legitimar su actuación, la mayoría de las veces, en una simple reunión con transcendencia distinta.

Pertenezco a un grupo de personas, dentro de mi profesión, que venimos, desde hace muchos años, luchando con moderación, por la recuperación de la figura auténtica del "laboralista", de la que forman parte los graduados sociales, siéndolo ellos de base por antonomasia, tanto por titulación como por profesión. La formación académica de graduado social, antes del franquismo consistía, en cuatro años de formación y dos idiomas (a eligir entre Alemán, Francés e Inglés); durante muchos años, quizás concretamente, por su condición de actor en el ámbito sociolaboral, se marginó sobremanera a estos profesionales, llevándoles a ser un secundario de casi todo. La llegada de la democracia permitió iniciar la lucha por recuperar la dignidad propia que les corresponde por derecho, la cual, sin duda está a la vista, profesionalmente, así como también, comprobable haciendo una comparativa de la carga lectiva recibida, toda ella sobre materia laboral, seguridad social, jurídica y procesal laboral/mercantil, salud laboral, economía social, etcétera. Las dificultades, debidas a cierta infundada presión corporativa, llevaron a estos profesionales a formarse académicamente, a mayores, en titulaciones de especialización, - de segundo ciclo universitario-, recomendadas, casi siempre, por sus Colegios oficiales, en campos como el mercantil, la dirección y organización de personas, la auditoria, la prevención, la formación, etc; y, con más contundencia en el campo laboral; así, los Titulados Superiores en Relaciones Industriales, Expertos Europeos en Relaciones Sociolaborales, ambas preámbulo, intencionado, de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

Cuando hablo de laboralistas, me refiero siempre a la configuración clara y precisa de una profesión, en la cual tienen cabida aquellos titulados que se dedican a las cuestiones sociolaborales y las ciencias del trabajo.

El graduado social, es de base un laboralista. Sin embargo, un abogado laboralista, es primero abogado y por vocación o dedicación profesional, especialista en laboral; pero el -Laboralista- es más que eso, porque es laboralista un graduado social, un abogado de lo social, lo es un profesor universitario en la materia, un juez de lo social, un inspector de trabajo, un experto europeo en relaciones sociolaborales, un licenciado en ciencias del trabajo, un graduado en relaciones laborales-recursos humanos, un titulado en relaciones industriales, etc. El debate y desconocimiento social de nuestra posición no se da, paradójicamente, entre las profesiones afines (los graduados sociales, por ejemplo, pueden integrase en la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, según establecen sus estatutos); pero como decía al principio, se da  este desconocimiento, incomprensiblemente, entre muchos sindicalistas que tratan a diario con ellos, y se da entre un grupo muy amplio de la población.

A lo largo del tiempo, los que luchamos por la figura auténtica del laboralista, hemos logrado metas importantes, junto con compañeros, que se dedican principalmente al asesoramiento de empresas, sobretodo PYMES (que son los más numerosos), se ha conseguido, entre todos, que los graduados sociales en los juzgados se sienten arriba, en los estrados y usen la toga (pues durante la dictadura y después en los inicios de la democracia se les vejó, debiendo actuar desde abajo y sin toga, dando una imagen de inferioridad respecto de otros profesionales, ante los ciudadanos, que no podían comprobar que estaban siendo representados por un profesional con una formación mucho más sólida en la problemática que se estaba tratando, pero que en el acto del juicio, que estaba lleno de parafernalia, este profesional actuaba ninguneado y rebajado); conseguimos, con dignidad, superar esa etapa con tesón y con la fuerza de la razón; seguimos exigiendo ahora ya pequeños detalles, más propios de la resaca corporativa de algunos y la voluntad política y lógica de otros, y que habrá de ser, la definitiva incorporación de un miembro de la profesión, en el Consejo General del Poder Judicial y la firma del Recurso de Casación, ante el Tribunal Supremo, en solitario, pues ahora ya puede actuar en Casación, postulando en representación así como, también en las materias de las que entienda en primera instancia, el Tribunal Supremo; por lo demás, en el ámbito social actúa con plena equiparación. También actúa ante los Juzgados de lo Mercantil y, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está habilitado para ejercer la representación técnica de las partes, en todos los procesos sobre trabajo y seguridad social (debe entenderse, allí donde se produzcan). No puede olvidarse que los graduados sociales, son los profesionales que para su formación primero recibieron formación jurídica y procesal laboral, desde el año 1925, lo explicaba con más detalle en  artículo al efecto al final.

Como es conocido, en España, existen cinco profesiones jurídicas, las cinco españolas son: ABOGADA, PROCURADOR, GRADUADO SOCIAL, NOTARIA y REGISTRADOR. Es necesario recordar, que una cosa son las titulaciones y, que otra distinta y diferenciada es la profesión, para la cual, en el caso de estas cinco, es necesario estar colegiado obligatoriamente para ejercer.

Acto seguido aclarado lo anterior, decir que profesionalmente, el ejercicio de la profesión se rige por normas de competencia, que ya nada tienen que ver con la titulación, pues viene determinada por la norma de aplicación y sobretodo por la presión corporativa (lo mismo que sucede entre ingenieros/arquitectos, entre odontólogos/estomatólogos...); algunas de estas cuestiones, se verá,  podrían subsanarse, con la inminente aprobación de la ley sobre regulación de la colegiación.

Ya a nivel interno, para conocimiento incluso de quienes formando parte del colectivo o de quienes habiendo cursado estudios que le permiten el acceso a la profesión, es menester destacar que, la competencia la tiene el graduado social, en referencia a la colegiada o colegiado, aquella o aquel que accede a dicha condición desde las titulaciones y previos los trámites que en cada momento establezcan la ley y los estatutos. Por ello, una graduada en relaciones laborales y recursos humanos, un diplomado en relaciones laborales o cualquier titulada académica en graduado social, ya sean máster o doctor, en su caso, no tiene la competencia sin haberse colegiado. Por analogía decir que lo mismo ocurre a un médico o una abogada, que no obtiene la competencia profesional hasta que accede a la colegiación desde las titulaciones académicas y previos los trámites que la ley establezcan en cada momento y ello, con independencia de su condición de licenciada, graduado, máster o doctora 

Dicho todo lo que antecede, sería bueno que tras su análisis, se pueda llegar a la conclusión de que cuando se habla, como sindicalista o incluso como graduado social o afín, del compañero que nos pueda atender en la asesoría jurídica, intentar no llamar abogado a quién no lo es,  cuando estamos hablando de una o un graduado social, pues lo que es y de quien estamos hablando es de un laboralista, por ser precisamente su formación de base y su competencia profesional principal, que dispone, para poder acceder a la colegiación, de la formación más completa en la materia que se expide en la Universidad española y que, posee asimismo la competencia. Por tanto, es necesario, en un acto de justicia, evitar llamarle de otra forma y consecuentemente que tenga que dar explicaciones, el graduado social, sobre su capacidad profesional para la llevanza, el desarrollo y el consejo en la materia de la que es el profesional nato; debiendo evitar cuando menos los sindicalistas, por afinidad con lo que traen entre manos, hacerles la faena de identificarles como abogados, que no lo son, sino que habrán de presentarlos primero como laboralistas, más comprensible y, ello por ser graduados sociales.

Salvo mejor parecer

  →  Artículo al efecto, citado

Baldomero Gómez

graduado social

experto europeo en relaciones sociolaborales UAH  

laboralista

Huelga en Correos, ¿existe una trampa?

La huelga, en una cartería de la ciudad de Vigo, que afecta a una cuarta parte del ámbito de la distribución de la población, podría  estar provocada, en su origen, por una trampa con consecuencias generales, técnicamente pensada para pulir y minimizar plantilla, bajo el pretexto vil de la reducción de gastos o, con la disculpa de la merma de producto.

Los gastos en Correos, como muchos conocen, se sufragan eliminando jefaturas y puestos provisionales, sobretodo comisiones de servicio -muchas excedidas en el tiempo legal-, que vienen a suponer una duplicidad de costes.  Cargos y puestos que resultan innecesarios y cuya eliminación supondría, al mismo tiempo, una recuperación de las plantillas, al reincorporarse a sus puestos base.

La huelga en Correos de Vigo, es un acto de valentía de las bases, son las trabajadoras y trabajadores, apoyados por los representantes de personal de su ámbito, los que han tomado la iniciativa en defensa de sus propios derechos y, también en defensa de los derechos de todos los empleados de Correos y Telégrafos de España, es así, aunque aparente ser otra cosa, pues hay interés en  hacernos ver que se trata de un problema puntual, centrado en un lugar concreto de una ciudad tipo.  La actuación de los trabajadores y de sus representantes directos, es emocionante y ejemplar.

Para centrarnos, conviene no confundir la representación de personal o, la actuación de un Comité de Huelga, con la actuación de las organizaciones sociales, en tanto tales, con sus representantes sindicales y con su representatividad legal.

Las preguntas que surgen obligatoriamente son:

¿Qué hacen ahora los sindicatos como tales, en este conflicto?

¿Por qué no se ha exigido, con carácter inmediato, desde los Sindicatos representativos, la comparecencia directa frente a ellos, desde la empresa, de órganos con competencia en materia de personal y con capacidad de decisión en el ámbito general?

¿Se ha caído en la trampa o, por el contrario, esto es el resultado de la aparente autorización dada en Acuerdo al efecto,  por una parte de la representación social, para modificar plantillas y condiciones de trabajo?

A mi humilde modo de ver las cosas, podríamos estar ante una trampa técnica, por la cual se actúa en ámbitos territoriales pequeños, para deslegitimar la actuación de la representación social en el ámbito general, de manera que cuando se den cuenta, han sentado precedente y han perdido la capacidad de respuesta. Me cuesta creer, que haya un solo representante de personal o sindical que conozca una posible estrategia, previamente elaborada, y mantenga su silencio cómplice, con la que está cayendo contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

En el caso concreto de Vigo, entiendo que no están actuando, por parte de la empresa, personas con nombres y apellidos con capacidad de decisión, lo cual podría suponer una tomadura de pelo para los trabajadores y para sus representantes, que están actuando, unos y otros, con una destreza sin par.

El propio Director de Zona de Correos en Galicia, tiene muy limitadas sus competencias, a saber:

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A. , en reunión del día 28 de Mayo de 2009, aprobó por unanimidad y elevó a acta, la revocación y el otorgamiento de poderes varios, en escritura pública ante Notario de Madrid Don Antonio Alvarez Pérez, de fecha 2 de junio de 2009, con el número 1789/2009 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 89ª, el 9 de junio de 2009.

A medio de facultades tipo, se dan potestades para el desempeño de las funciones en ellas reflejadas, a quienes gocen del poder notarial otorgado nominativamente, referido solo a personas concretas, con nombres y apellidos, de forma tal que algunas personas disponen de las potestades integras del contenido literal de la facultad tipo y otras personas, solamente son autorizadas parcialmente, solo respecto de ciertas competencias concretas de dichas facultades.

En lo que se refiere a la materia de personal, las escrituras de Correos y Telégrafos de España, las definen en la facultad tipo número quince (15) cuyo  contenido íntegro literal faculta y apodera a ciertas personas, con nombres y apellidos, para:

“Contratar, trasladar, sancionar, suspender y despedir empleados, determinar las retribuciones, sueldos y demás emolumentos a cualquier empleado de la Sociedad, conceder indemnizaciones por despido y, en general, resolver todas las cuestiones relativas al personal de la Sociedad, Nombrar y revocar mandatarios y agentes.

Ejercitar las potestades administrativas que la Sociedad tenga atribuidas respecto de su personal, excepto la separación del servicio del personal funcionario.

Establecer criterios y dictar instrucciones internas en materia de dirección y gestión de personal señalando, en su caso, los órganos encargados de su ejecución.”

Pues bien, dicho lo que antecede, en lo referente a Galicia, el Director de la Zona 1ª en Santiago de Compostela, dispone del siguiente otorgamiento reducido de poder, en escritura pública, en materia de personal, cito textualmente:

“La facultad contenida en el número 15 de forma solidaria únicamente en lo que se refiere a la celebración de contratos con trabajadores eventuales, autorizaciones, permisos y licencias e imposición de sanciones leves respecto del personal de su ámbito de actuación.

Asimismo, queda facultado para que, solidariamente, en nombre y representación de la Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos, S.A., pueda incoar expedientes disciplinarios por faltas graves por ausencia sin justificación y sancionar dicha falta, en ambos casos, respecto de personal laboral de su respectivo ámbito de actuación."

¿Están siendo embaucados los portavoces de los trabajadores, al asistir a sus reuniones, personas carentes de legitimación para negociar?

En un conflicto que se localiza concretamente en una sola cartería de las de Vigo, a cualquiera, incluso a los propios empleados de Correos, podría parecerles que la cuestión es puntual y concreta, referida a ese ámbito reducido y específico, pero nada más lejos de la realizad, es una manera sutil de hacer las cosas con efectos generales desde un ámbito menor, pues en lugar de presentarse la reorganización del personal desde el ámbito central, discutiéndose los criterios a ese nivel con los representantes de personal en el ámbito estatal, toda vez que las modificaciones introducidas son competencia directa del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Estatal y, cuya ejecución se llevaría a cabo por el único órgano que tiene atribuida íntegramente la facultad tipo número quince (15), el Director de Recursos Humanos; en su lugar digo, se inicia un reorganización parcializada en provincias dispersas, Pontevedra, Barcelona, Navarra, centrándose en ciudades concretas y, dentro de las mismas, afectándose solamente ciertos distritos de reparto de la ciudad, no todos. La cuestión, resulta ser técnica, en materia de relaciones laborales, lo cual desde la perspectiva externa, no puede ser menos que felicitada por la eficiencia del responsable de los Recursos Humanos, de los servicios centrales de Correos.

Ahora bien, a todas luces, estamos asistiendo, como queda dicho, a una trampa que pretende deslegitimar a quienes tienen la capacidad para discutir, de primera mano, cualquier decisión que afecte a la modificación de la estructura de plantillas, máxime cuando se está actuando en distintas provincias, con un propósito concreto y específico, que es el adelgazamiento del número de trabajadores de base. Ante esto, los empleados acuden a sofocar el fuego allí donde se produce, convocando legítimamente asambleas y actuando a pie de empleo, y a medio de sus portavoces que pasan a ser los componentes del Comité de Huelga, una vez convocada la misma, que en el caso de la cartería del centro de la ciudad de Vigo, lo es con carácter indefinido.

Mientras tanto, es de suponer que la empresa, en el máximo nivel técnico, se frotará las manos, el desgaste de este personal está servido y por ende, todo el personal del ámbito restante de la empresa en el Estado, está quieto, no siente que se le estén moviendo sus derechos más elementales, con el añadido de estarse afianzando un precedente, que de triunfar, servirá de ejemplo para los empleados de otras provincias, cuando les llegue su hora, que llegará sin duda.

Un conflicto, que requiere de la inmediata actuación de las organizaciones sindicales, también paradas como tales, en su más amplia extensión, sin manifestarse en su condición de organizaciones sociales directamente, con sus siglas y con su imagen, además de al lado de los afectados concretos, también a modo de prevención activa en todo el ámbito del Estado; haciendo una intervención formal ante el Consejo de Administración o, incluso más arriba, haciendo saber a la sociedad  contundentemente que, el desmantelamiento de Correos, propiedad de los ciudadanos, habrá de hacerse con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, función esta que es básica de los sindicatos, incluso de aquellos que han firmado acuerdos, con clausulas abusivas o que permiten cierta flexibilidad aparente, para que la empresa pueda actuar  a sus anchas.

Véase, a modo de ejemplo, en su reunión con el Comité de Huelga, la reacción institucional del Alcalde de Vigo,  que manifestó públicamente, la necesidad de actuación desde ámbitos centrales de la Sociedad Estatal, y de responsables del ámbito general, por razones obvias. El compromiso de ciertas fuerzas políticas, Bloque Nacionalista Galego y Esquerda Unida, lo ha sido en la calle, al lado de los propios manifestantes.

La suerte está echada, ahora son los trabajadores de Correos, todos, los que tienen la palabra y el primer paso es, apoyar y arropar a las compañeras y compañeros que se encuentran en conflicto, aportándoles medios, incluso económicos, para mantener su resistencia , porque esa es la fuerza de todos.  Justo frente a la tramposa técnica de liquidar empleos sibilinamente, de manera parcializada, justo en frente, por esa misma razón, los trabajadores, adquieren capacidad para aportar su grano de arena, allí donde están actuando. Y preguntándonos ¿qué les toca hacer, ahora a los sindicatos como tales? Así podremos. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

Soraya Sáenz de Santamaría azuza a los sindicatos

¿Quiere el Gobierno español una huelga general?

Podría parecernos, a la vista de los acontecimientos, que el Gobierno de España, desea y promueve, la convocatoria de una huelga general, para así justificar la contundencia de su reforma laboral.

La Vicepresidenta, doña Soraya Sáenz de Santamaría, quiere dejar mal a los sindicatos ante la opinión pública, haciendo una reflexión sobre una posible conducta desleal de las organizaciones sociales, por percibir fondos públicos para su financiación.

El viejo recurso a la financiación pública de las organizaciones sociales, recurso hipócrita de ciertos políticos, requiere de cierta aclaración, que parece no querer afrontar ninguna autoridad conocedora de la materia. Es necesario diferenciar y respetar, dentro de todo el conglomerado de partidas que mueven los fondos públicos, aquellas que están destinadas a hacer frente a los gastos que ocasiona la democrática y legítima representación de los trabajadores, la cual, viene dada por el sufragio en las urnas, en las elecciones legalmente convocadas, de donde salen los representantes unitarios, directamente elegidos por las trabajadoras y trabajadores. De tales resultados electorales, surge la -representatividad sindical- porcentaje que, entre otras cuestiones de derecho, establece también la medida de las cuantías económicas que habrán de recibir las organizaciones en razón de los resultados electorales.

A mi entender, con independencia del legítimo debate que pueda haber, sobre la adecuada forma de organizar las cuentas de la representación legal de los trabajadores; con el actual sistema, no se está pagando a unas organizaciones sindicales concretas, por el mero hecho de existir, como podría ser el caso de los Partidos Políticos, aquí, con gran parte de los fondos públicos que se señalan (de otros habrá de dar cuenta también quien paga), se está pagando a los representantes legales de los trabajadores, de cuya fuerza representativa, emana la legitimidad de unas organizaciones -más representativas- para ostentar el privilegio legal de sentarse en las negociaciones de alto calado.

Para el Gobierno español y para el partido político que lo sustenta, parece resultar esencial la deslegitimación de las organizaciones sindicales, así, enturbiando la información, diciendo verdades a medias, se trata de conseguir debilitar la fuerza de los propios trabajadores.

Los representantes de los trabajadores, son personas físicas elegidas en las urnas y que como tales, ostentan unos derechos y garantías para poder operar en la empresa, ante el empresario y ante las instituciones, siempre en defensa de los trabajadores, tanto de quienes les han elegido como de aquellos que decidieron no hacerlo, por tratarse de una decisión democrática y libre.

Por otra parte, para aunar la fuerza representativa emanada de las elecciones sindicales, ya sea a nivel de unidad electoral, o lo sea en los distintos ámbitos territoriales -local, provincial, autonómico, nacional, europeo o internacional global-; los trabajadores, a través de sus representantes se organizan para equilibrar el desnivel brutal de fuerza existente entre la parte social y la patronal. Es muy peligroso simplificar tanto las cosas, más peligroso resulta consentir que torticeramente, una y otra vez se pretenda desvirtuar la organización de los trabajadores; pensemos con calma, que cualquier anomalía en la organización de las clases trabajadores en general, habrá de solucionarse por estas, nadie de fuera, está legitimado para hacerlo, menos aún quien actúa como gestor, gobernante y empresario. En la actualidad, la fuerza y el poder empresarial, en muchos casos resulta in-identificable. Estamos siendo testigos a diario, de la continua subvención y ayuda, sin límites y sin fondo con la que, con el dinero de los ciudadanos, se está sufragando el despilfarro de los grandes financieros, ante la insolidaridad de otros poderosos; observamos atónitos, como los gobiernos, incluido el actual de España, bailan al son de las órdenes y caprichos del poder. Ahora tenemos que oír a la Vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, leyéndonos la cartilla, para hacernos creer que la solución del paro, que ella misma en campaña decía saber atajar, digo, para hacernos creer que, la solución consiste en quitarle a los trabajadores, a los  consumidores, sin tocar a los más ricos quienes, podría ser, estén expectantes a la posibilidad de explotación de parte de lo público, concretamente de aquello que deje rentabilidad.

La Vicepresidenta, no se ha fijado en las propias empresas públicas, cuya responsabilidad es directa de su Gobierno, algunas de las cuales sufren con mayúsculas de despilfarro injustificado. Qué nos puede contar doña Soraya Saénz de la irregular situación de cierta empresa pública, sociedad anónima, del control de sus gastos, de una empresa pública en la que hay funcionarios, muchos de los cuales han superado los 35 años cotizados y tienen más de 55 años, que vendrían a resultar más rentables económica y socialmente, como jubilados anticipados, dejándose paso a parados jóvenes, ¿no resultaría esto más rentable, que la opción imparable de prestar ayudas para pre-jubilaciones de entidades financieras y otras empresas, las cuales no dejan espacio para el empleo?

Hacer una reforma laboral, a todas luces contraria al derecho constitucional, no es la solución, igual que no lo sería dejar sin comer, sin médico o sin escuela a sus hijos, aquellos padres que no han sabido equilibrar sus economías domésticas.

Algunos a quienes no se les escucha, hablan de que -hay alternativa- lo que no podemos consentir es que los actuales gobernantes, ahora por sorpresa, traten de encontrar la solución a costa de los trabajadores y trabajadoras, o de sus representantes a quienes solo sus electores habrán de pedir cuentas.

Quien debe dar la cara y gobernar para los ciudadanos es el Gobierno, sin cebarse en los débiles porque eso, no podemos consentirlo. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

Una nueva clase empresarial comprometida, que si es posible

  (Vigo - Foto Baldo)

Cuando sabemos que hay empresarios que emplean a trabajadores con contratos de cuatro horas y les exigen la realización de 8 o 12 horas efectivas, estamos siendo de alguna manera cómplices; sabemos esto, pero nos consolamos pensando o diciendo en voz alta que poco importa porque, el pobre o la pobre trabajadora, al menos tiene un trabajo y seguramente le estén pagando dinero a mayores, aunque no conste a la vista.

Mal vamos, pues son tiempos en los que, precisamente muchos empresarios no están siendo -precisamente- solidarios, pidiendo esfuerzo a todo el que se mueve, solicitando ayudas oficiales, arremetiendo contra empleados públicos y quejándose de los costes laborales o de los impuestos. Cuando digo muchos, lógicamente, no me estoy refiriendo a todos, pero los que dan la espalda, quizás necesitaran una inspección para comprobar el abuso en la contratación y de ser así, hacerle pagar caro su cinismo.

 ¿Acaso el número de horas que el empresario insolidario no cotiza por la trabajadora o el trabajador, no resulta ser también dinero de todos?

No estamos siendo conscientes de que, además de no pagar por el servicio que recibe, se lucra de los beneficios que la normativa bondadosa pro-crisis le está otorgando, lucro que sale de las arcas de todos y a las que el insolidario empresario, no contribuye.

El cinismo llega incluso más allá de los pequeños y medianos empresarios defraudadores pues, hartos de oír frases hechas de políticos que también se las dan de comprometidos, podemos amanecer leyendo alguna noticia que nos informa de que la Xunta de Galicia no está por la labor de apoyar con inversión o avalando una inyección económica a un Astillero de Vigo; o sorprendernos al leer otra, que traslada las manifestaciones del Presidente de los Empresarios de la provincia de Pontevedra quien dice a los Sindicatos del naval, -a ver qué tornillos tirarán en las calles cuando esto se acabe-, no obstante no plantea la posibilidad de pedir inversión para los astilleros, tampoco se le ve apoyando la reivindicación también, ante el propio gobierno de Galicia, conducente a una solución por vía de la inversión o de un aval, como muy acertadamente le plantean los representantes de los trabajadores.

Aquellos insolidarios empresarios que se permiten explotar y robar horas, a camareras y auxiliares en cafeterías o restaurantes, entre otras actividades, son la manifestación exterior y básica del gran cinismo de cierta clase empresarial, que por otra parte estudian la posibilidad de inversión en entidades financieras.

Aunque los menos, hay otra clase de empresarios que quizá sean el tímido inicio de una nueva clase empresarial comprometida, que sí es posible. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

Empezando por la izquierda, ahora hay que hablar tranquilos

Bueno, pues ya se han constituido prácticamente todas las corporaciones municipales y, queda ahora tan solo esperar a que todo sea lo mismo, con nuevas caras en la gran mayoría de los ayuntamientos españoles. Los ciudadanos se han puesto la pila y han querido que, de momento, se vayan muchos socialistas de aquellos gobiernos que están cerca de los hogares, con la esperanza puesta en que, las promesas de cambio de los populares, sean ciertas y, en consecuencia, generarán confianza para el definitivo cambio en el ámbito del Estado. Es, una clara salida desesperada, pues de antemano todos intuyen, que la derecha, con sus propios discursos, ofrecen más de lo mismo, incluso anticipan males mayores.

Lo que si es cierto, es que, cada vez son más los españoles que consideran iguales las políticas que defienden el PSOE y el PP, porque las diferencias que, realmente existen en los programas, desaparecen en la práctica diaria. Don José Luis Rodríguez Zapatero, se presentó a unas elecciones generales con un programa que no ha cumplido y, si bien en un principio hizo una política dirigida a sus bases electorales, de pronto dejó de hacerlo, sumiéndose en un inaceptable neoliberalismo, bajo el pretexto de "me cueste lo que me cueste" aunque son otros quienes, realmente, han de correr con dicho coste.

Todos hemos visto, en los últimos años, en el ámbito local, como, conocidos militantes socialistas, integrantes de las asambleas y fieles colaboradores de lo municipal, se fueron quedando sin voz, han dejado de ser necesarios, debiendo asumir, sin rechistar, las decisiones que le marcan los autoritarios dirigentes de su propio partido. Hemos visto también, lo sucedido con la que pretendió ser candidata en primarias, Carma Chacón, que poco menos resultó escaldada previo a su toma pública de postura, antes de oír la voz de las bases de su organización.

También el movimiento ciudadano, toma poso, y tras la larga y cansada acampada, llega el momento de tomar iniciativas contundentes, respetuosas y consensuadas, que harán posible el cambio irreversible de un sistema, verdaderamente caduco.

La tercera fuerza política, consolidada ya, necesitada también de abrir ventanas, cansada de ser ninguneada, se pronuncia también con hechos. Así, IU dice, con claridad y micrófonos, que no son la muleta que sostiene los desengaños de los socialistas y, legítimamente, disponen en los municipios extremeños, no apoyar en las investiduras, aún a costa de permitirse gobiernos  más a la derecha, según afirman contundentemente desde Extremadura, al decir que, tras tantos años de gobierno del PSOE, se hacía necesario un cambio, por saludable, al haberse convertido tal continuidad, en casi un régimen.

Para afrontar la nueva situación, las bases del PSOE, si pueden y les dejan, habrían de formular cambios internos, con ideas más próximas a su corriente de izquierda socialista. IU por su parte, debe reflexionar sobre su vuelta al espacio que ha dejado desocupado y que, los ciudadanos comprometidos vienen resaltando a través de movilizaciones.

Con España teñida de azul, por decisión incluso de gentes con pensamiento de izquierdas, es cuando vamos comprobando que los ciudadanos y los partidos más a la izquierda, no temen gobiernos de otro color, cuando las artes de la derecha triunfante, apenas difieren de quienes dirigen desde un partido de izquierda, con políticas neoliberales profundas.

Con todo, una vez más, rige el principio de que, no hay mal que por bien no venga, y ahora, tras el desconcierto y el varapalo, se impone la cordura. Es hora de oír a las nuevas generaciones, cansadas de tanto cinismo, es hora de hacer inversiones para el futuro y de no hacer tanto caso a las presiones de los de fuera, cuando las demandas más elementales se están pidiendo, a gritos, por los de dentro, por los de la casa, por las bases ciudadanas que quieren otro mundo distinto, posible.

Empezando por la izquierda, ahora hay que hablar tranquilos. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

El Ministro de Fomento, es una parte en el conflicto con los controladores aéreos

El conflicto surgido como consecuencia de la larga e infructuosa negociación del Convenio Colectivo, llevada a cabo entre AENA y los Controladores aéreos, ha llegado a una situación límite de las que, en muy pocas ocasiones se dan pero que, ello no quiere decir que no puedan darse o que no estén previstas por la Constitución y las leyes

Considerar como desmesuradas, las soluciones adoptadas por el Gobierno, el pasado viernes, no es una opción válida. Sin embargo, sí resulta de sentido común, exigir información clara sobre lo acontecido en el largo período de negociación sin éxito y, conocer a través de los representantes de los ciudadanos, con luz y taquígrafos, los pormenores de todas las discrepancias, de ambas partes, para que podamos concluir con mayor facilidad, sobre la depuración de responsabilidades, no sólo respecto del conflicto puntualmente desencadenado, sino, sobretodo conocer, quién o quienes, son los responsables del desencadenante, propio o impropio, que ha llevado a tal situación. Saber con certeza si ha habido cumplimiento del principio de buena fe en la negociación del Convenio Colectivo.

Como es sabido, la buena fe negociadora, implica evitar intimidación, maquinaciones dolosas, formulación de peticiones desorbitadas y, principalmente evitar actitudes absolutamente cerradas. El hecho en si, de a posteriori, en base a circunstancias siempre referidas a su adaptación a mínimos, con la mirada puesta en el principio de prevalencia del derecho fundamental al ejercicio del derecho de huelga, con la límitacíón concreta y expresa que la propia Constitución establece en su artículo 28.2, el cual dice: "... La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad." y, en su artículo 37.2, el cual dice: "...Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad"

existencia de causas abusivas puede llevar, dentro de toda lógica, a la ruptura de las negociaciones, que conllevarán, las también lógicas salidas legales, entre ellas, el derecho constitucional a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluido el derecho fundamental de huelga, amparado por la Constitución española y que, en nuestro país está pendiente de una regulación legal específica. Bien, llegados a este punto, es necesario recordar que la huelga para ser legal, habrá de cumplir con unos requisitos de procedimiento, cuyo cumplimiento, será analizado en mayor o menor medida por el juez,

Los Controladores aéreos, llevados, según ellos dicen, por motivos o acontecimientos previos que, podrán conocerse en fechas próximas, optaron por la adopción de medidas de conflicto colectivo, promoviendo una huelga ilegal a todas luces, con los efectos propios de dicha decisión, cuyas consecuencias, podrían haber sido otras, mucho más tenues, de coincidir con una actividad de menor relevancia pero, resulta ser que las circunstancias, coinciden con lo establecido en el texto constitucional, respecto del aseguramiento del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; incurriendo justamente, en una excepción a la prevalencia del derecho fundamental de huelga, al estar situado, en este supuesto, como prioritario el derecho de la comunidad, respecto del fundamental de huelga de los trabajadores.

El Presidente del Gobierno, en uso de su potestad, en pos del mantenimiento de los servicios esenciales, dispuso, de manera urgente, la declaración de estado de Alarma, previsto específicamente para casos concretos, en la Constitución española en su artículo 116 y, consecuentemente, en base a sus artículos 28.2 y 37, declaró el estado de alarma por quince días, que pueden prorrogarse, con autorización parlamentaria; esto supone, la limitación, incluso del derecho de huelga legal, en casos que resulten un menoscabo de los servicios esenciales de la comunidad, limitación en definitiva, de los derechos de conflicto colectivo, que pueden adoptar, tanto trabajadores como empresarios. Así, el Presidente acogiéndose a una norma, preconstitucional, vigente, la Ley 48/1960, de 21 de junio, sobre navegación aérea, estableció el estatus de movilización militar, como autoridad compentente, bajo cuyas órdenes quedan los trabajadores incursos en el conflicto, en base a lo que establece la normativa de aplicación y, ello es así, porque la norma que regula el estado de alarma, la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, preve que habrá de tomar las riendas la autoridad competente, la cual resulta ser la militar respecto de la navegación aérea, procediéndose consecuentemente, a la intervención del Ente Público Empresarial AENA, de sus servicios y a la movilización de su personal.

Otra cosa, habrá de ser el análisis, sosegado y leal, de la situación y actuaciones previas llevadas a cabo durante meses de negociación colectiva infructuosa y, de las incidencias vividas, entre las partes, en sus relaciones laborales durante ese período;  AENA-Ministro de Fomento de un lado y, Controladores aéreos de otro; para poder dilucidar así, cuales son las causas que han hecho posible el desencadenamiento de tal situación irregular, que algunos centran en el nerviosismo propio de la presión y de las condiciones especiales de trabajo.

Ahora bien, los medios de comunicación y, a través de ellos el Ministro de Fomento, están dando la noticia continua y persistente, respecto de la depuración de las responsabilidades propias de los efectos de la conducta adoptada por los trabajadores pero, no puede escapar a nadie, la existencia de la otra responsabilidad de fondo, que es la principal causa del conflicto, incluso puede ser el origen del mismo y que, sin su concurrencia, podría no haber existido la reprochable conducta de los Controladores aéreos. Habrán de ser las actas, los hechos y pruebas de lo acontecido con carácter previo, las que nos hagan saber a la ciudadanía, quienes son los responsables últimos de la situación, y, con ello, en su caso, exigir su reparación.

Humildemente entiendo, que Don José Blanco, Ministro de Fomento, en su calidad de máximo responsable, siendo una de las partes en conflicto, haría bien, como un deber, en mantener una actitud imparcial en estos momentos en los que, existe una situación de estado de alarma, bajo la custodia de la autoridad militar, lo suficientemente seria, como para dejar que otros órganos del Gobierno lleven las riendas, al tiempo que las autoridades, fiscalía y en su momento jueces, adopten las medidas que correspondan. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

Es la hora de la iniciativa ciudadana, si el Gobierno no se sube, se quedará en tierra

Sólo los españoles están legitimados para defender los intereses de España y, eso significa que cuando el pueblo, desde la calle está manifestando una manera de ver las cosas, el Ejecutivo tiene que saber usar su apoderamiento legitimo, antes de anteponer ningún interés, sin contar con los ciudadanos, lo cual significa que, sin dilación, ante la duda evidente del Presidente Zapatero, frente a los inhumanos sucesos contra los saharauis, debe primar, la consulta parlamentaria, seguida de una contundente intervención formal del Gobierno, sin que otras voces puedan adelantarse, con oportunismo, en un intento de dirigir a la opinión pública. ¡No podemos abandonar a los saharianos!

Se ha vendido, el cambio de algunos miembros del Gobierno como, un paso hacia la información pública, y como medida para la clara explicación de lo político, con lenguaje más próximo a la calle pero, no, las cosas no han cambiado. El problema crónico de algún acompañante próximo al Presidente, sigue siendo la lentitud en la toma de decisiones, ello es un proceder permanente y contínuo allí donde uno quiera orientarse, ya sea en sus empresas públicas, en sus decisiones para dar soluciones al desempleo o, en la interminable puesta a punto de la reforma laboral.

Jugar con las posibles debilidades de los interlocutores sociales y, con la desorientación ciudadana motivada por la crisis, que han montado otros, va a traer consecuencias graves, innecesarias.

La reforma laboral, hace tiempo que debió de producirse de manera contundente, con claridad, hablando y contando a los ciudadanos cual es la situación. Se han tomado medidas preliminares, reduciendo el salario de los funcionarios, retirando derechos y, nuevamente, hemos caído en la incertidumbre, en la lenta acción de gobierno, todo se eterniza, instaurándose el aburrimiento.

Mientras tanto, algunos militantes, muchos simpatizantes y la gran mayoría de los votantes socialistas buscan liderazgo, algo distinto a la actitud seria y rígida de Pepe Blanco -también vicesecretario general del PSOE-, que no cae bien a la gente, desde que han visto en él,  un proceder empresarial nefasto e impositivo, que no se ha traducido, en eficacia, tampoco en eficiencia, advirtiéndose, que sus proyectos no alcanzan a satisfacer, siquiera, las expectativas generadas.

Nadie se engañe, la fuerza está en la gente, son las trabajadoras y los trabajadores, la ciudadanía, la clase empresarial, las personas con talento, las que hacen posible que todo funcione. No es tiempo de miramientos, no cabe el pesimismo, lo que hay que ser es claros y actuar. Suenan bien estas palabras: "cualquier día, sin decirnos nada, nos miraremos unos a otros y, nos plantaremos", esta frase, pronunciada en parecidos términos por Iñaki Gabilondo, la tengo permanentemente en mi memoria.

Es la hora de la iniciativa ciudadana, si el Gobierno no se sube, se quedará en tierra. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

Huelga sí, como un deber para exigir un giro.

Apoyo a los trabajadores desfavorecidos. El Presidente del Gobierno de España, no lo ha hecho.

El descuido de algo tan sencillo y la a vez indispensable, como el profundo respeto por las trabajadoras y trabajadores o, por la exigencia de altura a los poderosos, le pone en el punto de mira de todos los españoles e incluso de afiliados al PSOE. Por si fuera poco, Zapatero prescindió de la preceptiva información a los agentes sociales, respecto de los presupuestos del Estado.

A decir de los responsables de las organizaciones sindicales más representativas, el Gobierno ha incumplido con los deberes de informar, lo que viene a ser lo mismo que no tener en cuenta a los trabajadores. Altivo, en su feliz andanza a lomos de su particular Rocinante, en la busqueda solitaria de una solución al creciente desempleo, con una reforma laboral desafortunada.

El buen hacer en las reformas civiles, se ha visto ensombrecido por la falta de información y por su política de oídos sordos a las demandas de los más perjudicados por la crisis.

Finalmente, no ha sabido estar a la altura, tampoco ha tenido tiempo de aplicar el bálsamo de Fierabrás, a cambio de cuya receta, Sancho Panza, habría renunciado al gobierno de la prometida ínsula.

La reforma del sistema representativo de los trabajadores, necesaria de urgencia, está siendo utilizada, por sectores poderosos, con interés y fijación en el debilitamiento de las organizaciones sindicales, tras lo cual vendría la total vulnerabilidad de los trabajadores. La falta de destreza del Gobierno para hacer frente a las presiones de los mercados, repartiendo la carga, nos lleva a pensar en cambios de liderazgo, pero sin que ello suponga apartarse de la izquierda que, ahora, parecen querer dejar los gobernantes.

El cambio de las actuales políticas es indiscutible, La situación resulta insostenible, el Gobierno anuncia una continuidad en su postura contraria a la definitiva consolidación de la España social, que respete a los débiles exigiendo altura a los poderosos.

El indiscutible cambio es posible, los ciudadanos en general, trabajadores y trabajadoras, los militantes de izquierdas, los socialistas del PSOE incluidos, habrá de asumir como un deber el exigir un giro certero para que la crisis la paguen sus causantes. Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez

¡Una verdadera reforma laboral!

 Foto Rio Lagares  (Baldo)

No hacen falta defensas a ultranza respecto de la figura del Presidente del Gobierno, de si es un peluche debilucho o un hombre de acero. Las críticas modestas, sinceras y constructivas siempre le han venido por esa aparente lentitud en la adopción de medidas o, por el empeño en mantener a toda costa, hasta el suspiro último a quién, por activa y por pasiva, debería haber sido sustituido desde largo tiempo. Son criticables también, auque de ello habrá que hablar en otro momento, las conductas inadecuadas que se están llevando a cabo en las empresas del Estado, gestionadas sin cumplir con la normativa a pies juntillas, en materia laboral y de salud y seguridad en el trabajo.

Las reformas, que está llevando a cabo Zapatero, son de mucho más calado de lo que realmente percibe la gente y ello, es fruto de una nefasta política de información pública, de no saber hacer llegar la política a los ciudadanos, sin mediar precisamente el lenguaje político. La gente quiere saber lo que ocurre y el por qué de las cosas.

No reconocer que se está produciendo una profunda transformación legislativa y una modernización sin precedentes, tendente a sentar las bases para un tiempo diferente, es ser canalla, es posicionarse en contra de los intereses ciudadanos y ello, sin aportar nada. El plan de la oposición política española es nefasto.

Los trabajadores están inquietos pero, al mismo tiempo confiados en el Presidente, con la esperanza puesta en su palabra. 

La reforma laboral habrá de ser profunda si realmente, los términos ¡cueste lo que me cueste! del Presidente, significan estar con los conciudadanos, antes que con los electores. No hemos perdido la esperanza.

Modernizar el mercado de trabajo, habrá de ser para los que ya peinamos canas, cambiar todo aquello que está haciendo imposible avanzar, eliminar posturas tendentes a obstaculizar el progreso, apoyar el compromiso serio y humilde de los dirigentes sinceros.

Son claves, para el inmediato futuro, los cambios legislativos; es una garantía de credibilidad la tangibilidad normativa, conseguida con tesón, negociada, luchada.

Así, la responsabilidad penal de las empresas; la penalización de los fraudes contractuales laborales; la reforma de las pensiones; la implantación de un contrato indefinido base y fuerte, que permita un clusulado técnico y eficaz, junto al mantenimiento de los contratos temporales específicos estructurales y especiales sectoriales; la adecuación a Europa, del tiempo de trabajo y la jornada. Todo, habrá de ser la plataforma de un tiempo diferente tras la crisis.

Ha llegado el momento de poner sobre la mesa soluciones, además de condiciones; renuncias a cambio de garantías de futuro; un cambio leal de empleo en precario por otro posible y cierto. Al lado, las reglas del juego; la inaplazable ley de huelga;  la modernización del sistema de negociación colectiva; un nuevo orden representativo social, acorde con los tiempos.

El profundo respeto por las trabajadoras y trabajadores y la exigencia de altura a los poderosos.

¡Una verdadera reforma laboral!  Salvo mejor parecer.  Baldomero Gómez